La Comunidad se abre a negociar las reducciones de horas lectivas a docentes
Así lo ha expresado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, preguntado por las negociaciones en la mesa sectorial de Educación con las representaciones sindicales de CCOO, ANPE, CSIF y UGT. García Martín ha asegurado que están dispuestos a mejorar la educación pública y las condiciones laborales de sus docentes, que ha recordado que ya se incrementaron «hace no muchos años».
La Comunidad, ha explicado, está trabajando en la reducción de las ratios para mejorar la calidad educativa y que los profesores dispongan «de tiempo» para atender las necesidades de los alumnos, así como dotar de «más medios» a colegios e institutos con más profesores. En esta línea, ha subrayado que el Gobierno madrileño sigue «con la mano tendida» para abordar la mejora de las condiciones laborales con reducciones de horas lectivas, si bien, ha dicho, debe ser «compatible» con las ampliaciones de colegios e institutos públicos y las reducciones de ratios «para prestar una atención más personalizada».
Y ha añadido que el consejero de Educación Universidades y Ciencia, Emilio Viciana, tiene previsto agendar una nueva reunión de la mesa sectorial, tras cancelarse la última por «motivos de agenda» del consejero, en línea con la relación «fluida» de la Consejería con los sindicatos.
Por otro lado, la Comunidad incorporará este curso escolar otros 456 nuevos maestros y profesores, que se suman a los 1.394 que han llegado este mes por primera vez a los colegios e institutos públicos de la región. Estos nuevos docentes se dedicarán a aplicar los programas de educación inclusiva, refuerzo de la competencia lectora y matemática y el de enriquecimiento educativo.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles invertir más de 19,5 millones de euros para contratar a este nuevo cupo de profesores añadido al que se autorizó en julio para el curso 2024-25. De ellos, 67 se incorporarán a los centros con el objetivo de identificar las barreras que impiden la presencia, participación y promoción de los alumnos con necesidades educativas especiales, así como mejorar la atención a la diversidad de aquellos estudiantes con trastornos del aprendizaje o de la atención o alteraciones en el desarrollo del lenguaje, con el objetivo de prevenir la dislexia y la hiperactividad. Además, 78 estarán dedicados a mejorar la comprensión lectora de los escolares del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y ciclos formativos de Grado Básico, y otros 176 se encargarán de aumentar el nivel en la materia de matemáticas entre los niños de Primaria –preferentemente desde el 3º curso– ESO y FP Básica.
También habrá 135 maestros y profesores cuya ocupación será la atención especializada a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo matriculados en centros ordinarios. Los colegios que los recibirán deberán acreditar que tienen, al menos, un 30% de estudiantes vulnerables.
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, ha avanzado este lunes la posición contraria de su grupo parlamentario a la petición de Más Madrid de crear una comisión de investigación para analizar los procesos de contratación de centros educativos, en concreto, de la Formación Profesional. El grupo parlamentario de Manuela Bergerot ha registrado este lunes esta investigación para «dirimir las responsabilidades» y, en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, ha apuntado que «si el Partido Popular de Ayuso no tiene nada que temer, la sacará adelante».
«Los madrileños tienen derecho a saber toda la verdad y esta comisión de investigación a lo que aspira es que a que se determinen responsabilidades políticas», ha asegurado la líder de la oposición, quien ha apuntado a Enrique Ossorio y Rocío Albert, el presidente de la Asamblea y la consejera de Economía, respectivamente, quienes asumieron durante la pasada legislatura cargos en la cartera de educación y en las cuentas de la región. Sin embargo, el portavoz del PP en la Cámara regional, Carlos Díaz Pache, ha asegurado que ya existe en la Asamblea una comisión de vigilancia de las contrataciones donde se podrían “estudiar al detalle” los contratos que propone Más Madrid, por lo que “no parece muy razonable hacer una comisión específica para eso”.
Desde el partido socialista, el portavoz Juan Lobato, ha visto con «buenos ojos» esta posible comisión de investigación ya que, en principio, se podría haber incumplido la ley de contratos del sector público, por lo que pide «transparencia y claridad» por parte del Gobierno. «Sería muy lógico que se pueda analizar y fiscalizar aquí en la Asamblea qué ha pasado exactamente, quiénes pueden ser responsables y sobre todo cómo evitar que eso pueda volver a pasar», ha agregado el socialista. Por su parte, la líder de Vox, Rocío Monasterio, ha asegurado que no se opondría a la comisión porque quieren saber “a dónde va cada euro de los madrileños”.
La Comunidad de Madrid pidió a la Fiscalía Provincial que investigara la comisión de un supuesto delito en la contratación de las obras de reforma, después de que en septiembre recibiera un burofax en el que se solicitaba el pago de una elevada cantidad económica adeudada por los trabajos realizados en uno de los edificios de la reforma del complejo educativo Ciudad Escolar, en la capital. Tras comprobar que en la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería no figuraba ningún expediente de contratación de estos trabajos, la Administración regional solicitó un informe de auditoría a la Intervención General y se abrió una investigación interna para esclarecer las circunstancias de esta reclamación económica.
Con los datos recabados, la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación envió el pasado 13 de marzo un informe a la Fiscalía Provincial de Madrid para poner en conocimiento del fiscal jefe de este órgano la posible implicación de tres funcionarios en supuestos delitos relacionados con la contratación de estos trabajos. Entre ellos está el anterior subdirector general de Formación Profesional, Alfonso Mateos, que fue relevado de su puesto en febrero.