Cálculos incomprensibles en la memoria de la Ley de Calidad

“El PSOE no está en contra de la Privada”. Con este mensaje claro, conciso y concreto, Carme Chacón quiso poner los puntos sobre las íes y subrayar que cuando reclaman más financiación para la Educación es porque “estamos en contra de que se discrimine a la escuela Pública, que es lo que se trasluce del documento”.

La portavoz socialista de Educación se refería así a la primera memoria económica conocida de manera no oficial sobre la Ley de Calidad, según la cual, más de un 70 por ciento de la inversión total prevista se destinaría a financiar la gratuidad de la enseñanza entre los 3 y los 6 años (véase pág. 13 y siguientes).

Agravio comparativo

Pero según Chacón “es, sin duda alguna, una memoria ridícula”, donde “de cada diez pesetas que se contemplan en esta memoria, ocho van destinadas a la Privada, y sólo el 17 por ciento del gasto total va destinado a la Educación Secundaria, cuando se supone que mejorar la calidad educativa de esta etapa y reducir el fracaso escolar es el objeto de esta Ley”.

Además, la memoria supone un agravio comparativo entre las distintas CCAA, ya que del monto total previsto para financiar la enseñanza Infantil, unos 66,2 millones de euros, más del 40 por ciento iría a parar a las arcas andaluzas. Y este ejemplo sirve para constatar que las CCAA más beneficiadas según esta memoria serían las gobernadas por el PSOE, que recibirían un 54,5 por ciento de la inversión total destinada a garantizar la gratuidad de la Infantil, al ser las autonomías con menor número de unidades concertadas en este tramo.

Una sola vez

Además, los expertos consultados por este periódico señalan varios elementos de inconstitucionalidad, como el que supone la aportación mediante una única anualidad de medidas que se implantan de manera definitiva y a las que habrá que hacer frente cada año.

Además, la cuantificación del costo por unidad escolar prevista supone romper uno de los tópicos asumidos por la comunidad educativa: que el puesto escolar en las etapas no obligatorias es más caro en la enseñanza Pública que en la Privada, entre otras razones, porque la ratio profesor/alumno es más baja en esta Red al escolarizar a todos los alumnos de las zonas rurales. Sin embargo, según los cálculos de esta memoria, sin duda erróneos, el costo de la unidad escolar sería mayor en la Concertada, quizá porque hayan incluido gastos de amortización del capital en esta red de centros y no así en la de la Pública. Además, los ecónomos del MECD tampoco tuvieron en cuenta el diferencial entre el número de horas trabajadas por un docente de la red pública y uno de la privada.

Amparo Valcarcel, portavoz de Educación del PSOE: “Las unidades escolares no pueden ser más caras en la Concertada”

Para la portavoz socialista de Educación en el Congreso de los Diputados, Amparo Valcarce, “se trata de una cantidad irrisoria”. Sin embargo, según Valcarce, lo más preocupante es que “se prevé financiar, por ejemplo, la gratuidad de la enseñanza Infantil en una sola anualidad, como si se tratara de un premio o algo así, en vez de incorporarlo a la financiación de las CCAA, ya que al tratarse de una medida obligatoria la financiación debe hacer frente cada año a las nuevas necesidades. La fórmula de financiación prevista por el MECD es inadmisible porque deja la pelota en el tejado de las comunidades autónomas”.

Sin embargo, Valcarce confía en que este asunto, si no puede ser de otra manera, se gane jurídicamente, y critica la desproporción entre el dinero que se destina a esta partida y el que se invertirá en el resto de medidas como itinerarios, grupos de refuerzo o Programas de Iniciación Profesional. ”Para que la memoria económica sea seria lo primero que demandamos son unos indicadores de la Educación basados en información recogida directamente de las CCAA”, afirma.

Ánjeles Iztueta, consejera de Educación del País Vasco: “El MECD no puede incluir al País Vasco porque Madrid no nos da un euro”

“Euskadi no puede aparecer en el mapa de la financiación de la Ley de Calidad porque nosotros vamos por otro lado. Tenemos nuestros propios presupuestos y no recibimos un euro del MECD salvo vía conciertos”. Así de tajante se muestra la consejera de Educación del País Vasco, Ánjeles Iztueta, que acusa al Ministerio de Educación y Cultura (MECD) de “querer imputarse unos gastos que en la realidad no tienen”. Además, según la consejera “nos parece que, para más inri, los cálculos están mal hechos”.

Sofía Juaristi, consejera de Educación de Cantabria: “Medidas como el aprendizaje del Inglés tendrán un coste cero”

La consejera afirma que “en el caso de Cantabria se negociará un convenio con el MECD al tiempo que el crecimiento anual de los fondos educativos de la Comunidad permitirá atender las nuevas medidas” que, en el caso del segundo idioma, no supondrán ningún coste pues “en Cantabria el Inglés se estudia desde los tres años”. Añadió además que la Consejería “tiene asumido” que el coste efectivo de las transferencias permite liberar fondos para las nuevas medidas.

José Valverde, consejero de Castilla-La Mancha: “El costo por unidad es más caro en la Pública porque tiene ratios más bajas”

“La memoria presupuestaria de la Ley de Calidad entiende que en la Pública todo va bien y todo es gratuito, así que destina la mayor parte del dinero a la Privada y parece una broma de mal gusto porque los mayores problemas de la enseñanza se concentran hoy en la ESO, mientras se destinan las mayores partidas a la Educación Infantil”, afirma. Señala que en esta etapa, además, “el cálculo de la Administración Central es nefasto”, porque lo que se destina para Castilla-La Mancha es mucho menos dinero de lo que realmente cuesta.