LEY DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Pilar del Castillo exige una financiación adecuada Hacienda escatima recursos para la Educación de los ciudadanos
La existencia de una segunda memoria económica de la Ley de Calidad (véase íntegra en págs. 21 y 22) ha sacado a la luz las tensiones existentes entre el equipo de Pilar del Castillo, que quiere tener carta blanca a la hora de poner en marcha las reformas educativas previstas en la Ley de Calidad, y el Ministerio de Hacienda, que no quiere que las medidas tomadas desde Alcalá 34 le cuesten a las arcas públicas ni un céntimo más de 100 millones de euros.
Así las cosas, el último proyecto presupuestario elimina por completo la financiación destinada a generalizar la gratuidad de la Educación Infantil, un monto que en la primera memoria ascendía hasta los 121 millones de euros. Si bien esta elusión encaja perfectamente con las declaraciones reiteradas de la ministra al afirmar que “las competencias educativas en este aspecto corresponden a las CCAA”.
En la comparación entre ambos documentos de trabajo, pues según Pilar del Castillo “la memoria definitiva aún no está elaborada”, también se aprecian diferencias notables en las cantidades previstas para financiar los itinerarios en la ESO, que pasan de 62 millones de euros a más de 117 millones, y en la inversión prevista para financiar la extensión de la enseñanza de la lengua extranjera, se reduce de 66 millones de euros a poco más de 11 millones.
No obstante, este segundo borrador incorpora más de 21 millones de euros para los programas especiales destinados a alumnos extranjeros. ¿La única coincidencia entre ambos documentos? El agravio comparativo entre CCAA, que beneficia de manera flagrante a una autonomía gobernada por el PSOE: Andalucía.
Amparo Valcarce, portavoz del PSOE en el Congreso: “Si la Ley recoge la gratuidad de la Infantil debe garantizar su financiación”
“La nueva memoria económica es aún peor que la primera”, afirma Valcarce, que considera grave enterarse de estos documentos de trabajo de nuevo por la prensa. La portavoz de Educación socialista cree”grave”, e incluso “provocador para algunas autonomías que se extienda a la Infantil la gratuidad de la enseñanza sin garantizar su financiación”. De hecho, “Andalucía o Extremadura quieren que la gratuidad de esta etapa sea en centros públicos”, subraya.
Para Valcarce, “este asunto debe negociarse de una forma seria y partiendo de unos indicadores comunes”.
Mª Bernarda Barrios, diputada del PP por Canarias: “La Educación es un eje del programa del PP. No se puede escatimar inversión”
Para esta profesora de Derecho Constitucional “la reforma se quedará en papel mojado si no se invierte el dinero necesario”. Consciente de que cualquier medida sobre el papel necesita una fuerte financiación para ser llevada a la práctica, Barrios cree que esta Ley sólo mejorará la Calidad de la Educación si va acompañada del dinero necesario. “¿Por qué para infraestructuras, para el AVE por ejemplo, nunca faltan recursos? Pues más importante aún que las carreteras es la formación de las personas”. Además, “la reforma de la Educación es uno de los ejes del programa electoral del PP”, añade.
Jesús Ramón Copa, secretario general de FETE-UGT: “El MECD legisla para todos pero sigue sin comprometerse a pagar”
Lo que más le preocupa a Copa es que el MECD generalice la gratuidad de la Infantil y tome medidas que reforman por completo el sistema educativo sin comprometerse a financiar un euro. “Le deja la patata caliente a las comunidades autónomas y eso se plasma en la LOCE”, afirma
Además, el secretario general de FETE-UGT señala que “nos preocupa mucho el claro desequilibrio que se da entre la Red Pública de centros y la red Privada, beneficiando siempre mucho más a ésta última en cuestiones presupuestarias”.
Daniel Lucendo, presidente de ANPE: “Con las competencias transferidas, las CCAA deben cumplir las leyes”
El presidente del Sindicato Independiente ANPE, Daniel Lucendo, cree, ante todo, que “es positivo que se extienda al máximo la obligatoriedad de las etapas educativas”, aunque en cuanto a la gratuidad de la Infantil sostiene que “al estar totalmente las competencias educativas transferidas a las comunidades autónomas son éstas las que deben estudiar los costes e invertir en enseñanza de la manera que estimen más oportuna para hacer cumplir los preceptos legales”. No obstante, para Lucendo “la Pública siempre debe ser la red prioritaria y para ello sí hay que financiarla convenientemente”.