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Reválida o Selectividad: Europa manda

La necesidad de homologar pruebas y títulos con los de los países de la UE es el motivo principal por el que el MECD decidió cambiar la Selectividad por la Reválida que, a efectos académicos, sólo servirá para acceder a la Universidad.
Miércoles, 11 de septiembre de 2002
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Más exámenes, menos fracaso, el triple de esfuerzo y la flexibilización del sistema educativo en dos itinerarios en tercero de la ESO y tres en el cuarto curso serán, a grandes rasgos, los principales pilares en los que se sustentará finalmente la LOCE. Una Ley Orgánica que tendrán que cumplir las comunidades a pesar de que finalmente no habrá ni un euro ‘per se’ para financiarla, según han confirmado a MAGISTERIO fuentes próximas a la ministra de Educación, Pilar del Castillo.

Pero por si esto fuera poco, la ministra ha anunciado que espera que los trámites parlamentarios mejoren el Proyecto de Ley que, exceptuando los ejes vertebradores antes citados, ha sufrido constantes modificaciones desde que se hiciera público el Documento de Bases de la Ley el pasado 11 de marzo.
En las últimas modificaciones, el Ministerio de Educación y Cultura se ha hecho eco de algunas recomendaciones tanto del Consejo Escolar como del Consejo de Estado en torno a temas tan polémicos como la Prueba General del Bachillerato. La ‘reválida’ sólo tendrá efectos académicos para los alumnos que opten por acceder a la Universidad, si bien el cambio de la prueba se debe, sobre todo, a su homologación con las pruebas ya existentes en los países de nuestro entorno.

Acceso a la FP Superior

De aprobarse el proyecto de Ley tal y como ha quedado listo para su paso por las Cortes Generales, los alumnos que superen el Bachiller obtendrán un certificado con carácter laboral que acreditará los estudios cursados y les permitirá acceder a los ciclos formativos de Grado Superior, pese a que en este punto el equipo de Pilar del Castillo se mostraba, en un principio, inflexible. Tendrán que superar, eso sí, una prueba específica para ello.

Se da un impulso además a la Garantía Social a través de la ampliación de los Programas de Iniciación Profesional (PIP). Los alumnos con peores notas podrán dejar la Educación Secundaria Obligatoria a partir de los 15 años, pero se les da una segunda oportunidad de obtener el título o superar módulos profesionales que tendrán su acreditación correspondiente. La superación total o parcial de los módulos profesionales dará derecho a una certificación homologada y los que los superen en su totalidad podrán acceder igualmente a la FP Superior, quedando exentos de la parte práctica de la prueba prevista para los que carecen del título de Graduado en ESO.

Problemas de matrícula

En cuanto a los criterios para la admisión de alumnos en los centros, el MECD ha optado por satisfacer una de las principales demandas de los defensores de la enseñanza Pública al especificar la extensión de los nuevos criterios de admisión de alumnos de centros públicos a los concertados.

Familias numerosas

El anteproyecto recoge además las demandas de las familias numerosas, a las que se reconoce su situación como tal. No obstante, serán las comunidades autónomas las que otorguen los puntos correspondientes a este y otros criterios como la cercanía o el número de alumnos en el centro para obtener el baremo final de puntos. En lo referido a las condiciones de los docentes también hay cambios, y mientras se mantiene la intención de recuperar el Cuerpo de catedráticos, se elimina la preferencia de estos docentes para impartir asignaturas de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior. Paralelamente, se reconocerá la función tutorial en todas las etapas y se extiende la formación de la función directiva a todos los miembros del equipo directivo y no sólo al director.

Lucha de titanes

Pero más allá de las medidas académicas, la existencia o no de una memoria económica que acompañe dicho Proyecto de Ley es la que, al menos en el terreno político, promete levantar más ampollas. Por un lado, Pilar del Castillo insiste en que el análisis financiero se enmarcará en futuras negociaciones con las comunidades autónomas dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, mientras desde el PSOE se proclama que la mesa del Congreso ya ha solicitado al MECD una memoria económica del proyecto de Ley de Calidad.
Sin embargo, para el secretario de Estado de Educación y Universidades, Julio Iglesias de Ussel, “los socialistas han hecho una interpretación falaz de la reunión de la Mesa del Congreso”. Para el secretario de Estado “únicamente se ha dado luz verde a una petición de un diputado de Izquierda Unida que incluía aspectos relacionados con esta cuestión, sin pronunciarse en ningún caso sobre su contenido”, precisó.

Por su parte, la representante de IU en la Mesa del Congreso, Presentación Urón, corroboró que su petición se refería a “una solicitud de datos e informes”, es decir, una memoria económica que, según Urón, el Ministerio de Pilar del Castillo está ahora obligado a enviar.

La portavoz socialista de Educación, Carme Chacón, exigió además a la ministra una disculpa pública por “mentir a los ciudadanos” y por “insultar al PSOE”. Chacón explicó que la ministra “oculta deliberadamente” esta memoria porque su presupuesto es “ridículo y antisocial”.

No obstante, la Ley de Calidad seguirá el proceso previsto en las Cortes Generales de cara a su aprobación definitiva a finales de año, después de que la Mesa del Congreso rechazara de plano la pretensión del Partido Socialista de impedir la tramitación de la Ley por la falta de una memoria económica. Un intento “demagógico y de adulteración de la verdad”, según Iglesias de Ussel, quien afirmó que el PSOE sólo busca “hacer ruido y que no se hable ni de su responsabilidad por las graves deficiencias en el sistema, ni de que las autonomías que ellos gobiernan son las que menos dedican a Educación”.

Infantil

La Educación Infantil abarcará desde los 3 a los 6 años y tendrá carácter educativo y asistencial. Además, será una etapa gratuita aunque no sea obligatoria. Las comunidades que aún no tienen concertado este tramo de enseñanza temen una falta de fondos para financiarlo.

Condiciones laborales

El profesorado verá reconocida la función tutorial en todos los niveles y a partir de los 55 años tendrán derecho a una reducción de la jornada lectiva sin que disminuyan sus ingresos. No obstante, se elimina finalmente la preferencia de los Cuerpos de catedráticos para Bachillerato y FP.

Centros concertados

Se amplían los criterios de admisión de alumnos de centros públicos a concertados; el acceso a la formación permanente de los docentes de los centros sostenidos con fondos públicos y la posibilidad de que los directores de la concertada entren en los órganos participativos.

Prueba General de Bachillerato

Los alumnos que aprueben el Bachillerato pero no pasen la Reválida obtendrán un certificado con efectos laborales y que les servirá además para acceder bien al mercado laboral, bien a los Ciclos Formativos de Grado Superior mediante la superación de una prueba específica.

Graduado en Secundaria

En casos excepcionales, se introduce la posibilidad de que un alumno pueda superar el último curso de la ESO y obtener así el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, aunque le falte alguna asignatura por aprobar.

Admisión de alumnos

Se reconocerá la condición legal de familia numerosa como nuevo criterio para la admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos, lo que implica mayores facilidades para las familias con más hijos. 

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