“Mantendré las mejores medidas de atención a la diversidad”
Ésta es la segunda legislatura para el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, una región con peculiaridades en su sistema educativo y que ahora afronta uno de los cambios más importantes: la reforma educativa.
—Tras varios años en el cargo repite con la confianza depositada en él por el presidente del Ejecutivo autonómico.
—Mi disposición a continuar en el cargo siempre la he mantenido, obviamente bajo la estricta responsabilidad del presidente del gobierno, que ha decidido finalmente que continúe. También me ha dicho que estuvo barajando otras posibilidades, pero que entendió que en este momento precisaba una continuidad de las políticas iniciadas en la pasada legislatura. Y quiero decir que, a pesar de que tenga la concesión de continuar el mandato, quiero ser un consejero nuevo, porque creo que hay mucha tarea que hacer vinculada a la reforma educativa. Es decir, quiero que, sobre la base de los principios que ya se asumieron en la pasada legislatura en forma de pactos, y el espíritu del pacto por la Educación, […] podamos establecer el desarrollo de la reforma educativa en Canarias de modo que, respetando la normativa estatal, podamos tener nuestro propio modelo.
—A título personal, ¿qué ha aprendido de cuando llegó al cargo hace cuatro años hasta ahora?
—Cuando uno llega a ese tipo de reflexiones hace planteamientos vitales, en el sentido de que cuando uno está al frente de un servicio público universal como el educativo nunca existe un grado óptimo de funcionamiento, y por lo tanto siempre hay problemas, siempre hay sectores que están en desacuerdo, organizaciones que discrepan, hay complicaciones. Y eso, desde el punto de vista personal, te hace pensar si vale la pena hacer el esfuerzo por cambiar, por mejorar por introducir las políticas que tu Gobierno ha proyectado o si lo que conviene en, mi caso, es seguir con mi carrera profesional como letrado, y a partir de ahí pasar a otro modelo de vida. Yo tengo un compromiso con la política, con mi forma de entender la política, que es en el seno de un proyecto nacionalista para Canarias.
—¿Cómo se ve desde fuera y cómo cambia la Consejería de Educación cuando uno esta dentro?
—Yo podría distinguir, por lo menos desde la experiencia vital, varias etapas. El primer año y medio fue muy difícil, complejo, lleno de inercias de conflicto muy duras, y sobre todo es que no existía ni el más mínimo respeto institucional. Cualquier organización podía faltar al respeto a la institución y era algo común. A mi me parece que ese momento lo superamos y existe ahora un sistema ordenado.
—¿Han cambiado muchas cosas en estos años relacionadas con el servicio que se presta?
—Yo creo que sí, que han cambiado, por lo que acabo de decir y porque partíamos de una situación financiera muy grave en 1999, con una deuda de 11.500 millones de pesetas. Lo primero fue realizar un esfuerzo ímprobo para ponernos al día en esos complementos financieros; recuperar la normalidad costó, pero ha sido necesario para mejorar los resultados que, como siempre en Educación, no se evalúan a corto plazo sino en el medio y largo plazo.
—Hablemos de un reto claro: la Ley de Calidad. ¿Cómo se va a aplicar en Canarias? Son muchos los cambios que aún están en el aire.
—En el propio desarrollo reglamentario que ha hecho el Gobierno del Estado ya hay medidas que se tienen que aplicar en el curso 2003-04 y otras en los cursos sucesivos. Para nosotros ese es un tema esencial: hemos creado la figura del comisionado para la reforma educativa; vamos a realizar estrategias, de modo que permitan que esa cultura del esfuerzo que preconiza la reforma sea real.
Creo que en Canarias es un avance, pero a su vez tenemos, desde las CCAA, tal y como dice la propia Ley orgánica, la posibilidad de introducir medidas adicionales que entendamos que han funcionado en el sistema, y en nuestro caso hay algunas, de atención a la diversidad que han sido positivas y que van a seguir para propiciar que el conjunto de éstas, como los itinerarios y el refuerzo educativo, si se hacen bien, represente una mejora en el sistema para los alumnos y así afrontar los índices de fracaso escolar a través de la mejora de los mismos. En Canarias está en torno al 25 por ciento y creo que al menos hay que bajarlo en 10 puntos.
—El fracaso escolar viene motivado también por las circunstancias sociales del alumno. Este año el Gobierno de pacto con el Partido Popular dirige los asuntos sociales, ¿ha habido reuniones entre departamentos para coordinar esfuerzos?
—Lo fundamental es que en el pacto suscrito con el PP hemos articulado las políticas a realizar e impulsado una Ley de Compensación de las Desigualdades Sociales. Esa ley va a apoyar y mejorar la política que hagamos desde Educación, pero no sólo desde aquí, sino en otros departamentos como Asuntos Sociales, y también desde otras Administraciones como cabildos y ayuntamientos. Esa va a ser una herramienta esencial para el modelo canario de desarrollo de la Ley de Calidad, que no puede perder de vista que existen problemas de origen en el ámbito de la familia que pueden, y deben, contar con medidas para garantizar la correcta inserción de alumnado. Lo normal es que la promoción social se produzca desde la Educación, y creemos que es necesario que se articulen las medidas adecuadas desde el modelo de compensación. Esta ley va a apostar por un concepto moderno del bienestar, porque hay que saber que no hay derechos sin responsabilidades y que no hay una forma de Estado provisor, sino que la sociedad tiene una responsabilidad que, debidamente ejercida, va a garantizar la correcta inserción de los chicos en la escuela y que se mejoren los niveles de convivencia.
