González Pons: “El PSOE intenta quebrar el sistema educativo”
El nuevo conseller de Cultura, Educación y Deporte de la Comunidad Valenciana, Esteban González Pons, está dispuesto a llamar a las cosas por su nombre. Tras su participación en la Conferencia Sectorial de Educación del pasado jueves 4 de septiembre, ha afirmado que va a intentar que la Comunidad Valenciana “sea la primera región en aplicar la Ley de Calidad de la Educación, tratando así de anticiparse al resto de las CCAA”.
González Pons indicó que la LOCE es una norma “excelente y muy importante para el sistema educativo”, además de considerarla como “un gran acierto” y calificarla de “muy oportuna”.
Pero no todo fueron elogios. González Pons pidió al Partido Socialista que no hiciera de las leyes educativas una causa de oposición política, “ya que con su actuación lo único que intentan es quebrar el sistema educativo español, perjudicando en última instancia a todos los alumnos”. En este sentido advirtió que, a su juicio, “sí existe un peligro real de que se quiebre la unidad del sistema educativo”.
Excusas trampa
Con respecto a las críticas vertidas por parte del PSOE sobre la financiación de la LOCE, el conseller afirmó que “da la sensación de que esas alegaciones son meras excusas trampa, que lo único que buscan es hacer ruido mediático para abrir un debate presupuestario e intentar retrasar lo máximo posible la aplicación de esta Ley aprobada por el Parlamento español”. De hecho, el conseller explicó que cuando se negoció la financiación de la LOCE “se pretendió dar una estabilidad para que las Comunidades fueran autónomas y tuvieran un sistema completo y suficiente”. Para ello se creó un órgano, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que se debatió la financiación de la Ley. “Allí es donde tienen que debatirse esos temas”, precisó González Pons.
González Pons añadió además que las críticas del PSOE sobre el método de trabajo de esta Ley “evidencian la descoordinación existente en el seno socialista entre sus consejeros de Educación y las personas que vinieron a las primeras reuniones en las que se debatió la LOCE. Por eso no tiene sentido que vengan ahora a criticar este tema”.
Además, el conseller dijo no entender por qué el PSOE encuentra tantas dificultades para poner en marcha en sus comunidades la LOCE cuando las CCAA gobernadas por el PP no tienen ningún problema para aplicarla. En este sentido, afirmó que “los padres de los alumnos de las CCAA gobernadas por el PSOE deberían preguntar al Partido Socialista por qué no hay dinero suficiente para llevar a cabo esta aplicación en el territorio de sus competencias, y si no hay dinero, que expliquen en qué se lo han gastado”.
Por su parte, los seis consejeros de Educación del PSOE; Eva Almunia (Aragón), Cándida Martínez (Andalucía), José Luis Iglesias Riopedre (Asturias), Rosa Eva Díaz Tezano (Cantabria), José Valverde (Castilla-La Mancha) y Luis Millán Vázquez de Miguel (Extremadura), criticaron la postura del consejero de la Comunidad Valenciana alegando que “quien legisla, paga”, en virtud del ordenamiento jurídico nacional, y pidieron a González Pons que les explicara cómo se las iba a arreglar para financiar todos los costes que implica la LOCE.
Según las estimaciones de la consejera de Aragón, Eva Almunia, la aplicación de la nueva Ley educativa supondrá unos costes sólo en su Comunidad Autónoma de más de 150.253.026,10 euros. Sin embargo, para González Pons, “con esta dinámica lo único que conseguirá el PSOE será crear en el futuro una diferencia entre niños de comunidades autónomas gobernadas por el PP, que han sido educados en centros adaptados a la LOCE con todas las ventajas que esta Ley supone, y niños educados en comunidades socialistas que no estarán en esta situación”.
El consejero de Castilla-La Mancha, José Valverde, afirmó, por su parte, que “el MECD y el CPFF se pasan la pelota mutuamente en el tema de la financiación de la LOCE”. Indicó también que “es una contradicción que el Gobierno nos diga, por un lado, que debemos llegar al déficit cero y, después, que hay que gastar dinero de donde no tenemos para posteriormente pasar las facturas y exigir que nos las paguen”.
Todos los consejeros del PSOE acusaron a la ministra Pilar del Castillo de “poner en peligro la coordinación del sistema educativo y anunciaron valerse de la legalidad para retrasar la implantación de la Ley donde ellos gobiernan”.