La Ley de Calidad impulsará la aparición de más aulas concertadas
El sector de la enseñanza concertada, que en la actualidad cuenta con unos dos millones de alumnos, se prepara para sufrir grandes cambios a raíz del desarrollo de la Ley de Calidad. Según esta norma jurídica todos los cursos de enseñanza Infantil (3-6 años) deberán ser gratuitos en el año 2005 para las familias, lo que supondrá, según Mariano del Castillo, director del Instituto de Técnicas educativas de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (ITE-CECE), “un importante incremento de las unidades concertadas en España en este nivel educativo”.
Sin embargo, todos los expertos coinciden en señalar que el futuro de la enseñanza concertada no estará exento de problemas, ya que la política educativa de muchas Consejerías de Educación apuesta por la enseñanza pública en detrimento de la enseñanza privada, ya sea concertada o no.
En comunidades como Asturias, Andalucía o Extremadura las consejerías han propiciado el cierre de muchas unidades de enseñanza concertada, mientras en otras como Cataluña, Galicia, Madrid o País Vasco este tipo de centros está muy arraigado y cuenta con una gran demanda de alumnos pese al descenso de la natalidad.
Las cifras cantan
El director del ITE-CECE afirmó, durante la presentación del Estudio del Sector de la Enseñanza Concertada realizado por Beta Investigación, que “la tendencia en el sector de la enseñanza concertada apunta a un mayor número de profesores por centro, al tiempo que disminuye el número de alumnos por la baja natalidad”, aunque precisó que en este tipo de centros “la baja natalidad se compensa por la incorporación de alumnos inmigrantes en las aulas”.
El estudio también analiza el volumen de negocio del sector de la enseñanza privada concertada en España. En concreto, la cifra se sitúa en torno a los 2.500 millones de euros durante el curso 1999-2000, de donde el 52% correspondería a los ingresos corrientes de los centros procedentes de subvenciones de explotación (2.840 millones de euros). En cuanto a los beneficios, éstos se situaron en 286 millones de euros repartidos a partes casi iguales entre la enseñanza no universitaria (46%) y la universitaria (54%).
Por comunidades, el porcentaje que suponen las subvenciones de explotación del total de ingresos corrientes es muy variable, dependiendo de la autonomía que se considere. Así, alcanza sus valores mínimos en Canarias y Madrid (41%), mientras sus valores máximos se sitúan en La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (79% y 84% respectivamente).
En el estudio presentado por Beta Investigación también se observan diferencias por niveles educativos. Así, en la enseñanza Infantil y el Bachillerato (etapas no obligatorias de la enseñanza), los principales ingresos tienen procedencia privada, sobre todo cuotas, mientras que en los niveles obligatorios de Primaria y Secundaria la principal fuente de financiación se obtiene gracias a los conciertos establecidos con las administraciones públicas, alcanzando su máximo en la Educación Especial (82%).
A pesar de estos datos, las patronales mayoritarias de la enseñanza concertada : la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), y Educación y Gestión (EyG), sostienen que los conciertos son insuficientes. Para el presidente de EyG Néstor Ferrera, “el coste del puesto escolar en la enseñanza concertada es la mitad que en la pública y supone una verdadera ganga para la administración educativa”.
Respecto a los gastos, el comportamiento es muy similar en todos los niveles, “con unos gastos de personal que representan más del 60% del total de gastos del centro”, según el Estudio del Sector de la Enseñanza Concertada.
En general los ingresos corrientes son un 3% superiores a los gastos corrientes, presentando cinco CCAA un saldo corriente negativo: Navarra, Murcia, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha.