Los inspectores tendrán seis meses para adscribirse a su especialidad

El MECD, como ya anunciaba la LOCE, ha cambiado la organización de la Inspección, estableciendo por fin en un Real Decreto que, a partir de ahora, en el trabajo de estos funcionarios primará la “especialidad básica”, es decir, la asignatura o área de conocimiento en la que eran especialistas. De hecho, la norma establece un plazo de seis meses para que los inspectores estén inscritos en su especialidad o, lo que es lo mismo, que las comunidades autónomas tienen menos de seis meses para desarrollar la el texto legal en el área de su competencia.

A trancas y barrancas

Y digo “por fin” porque desde que MAGISTERIO publicó el borrador del Real Decreto hace unos meses, el documento ha cosechado pocas reacciones favorables. De hecho, por un momento el rechazo fue tan pronunciado que se pensó en dejar este desarrollo para la siguiente legislatura.

Sin embargo, el impulso de Anies –la asociación de inspectores que lleva años impulsando la especialización por materias– y el empeño de Isabel Couso han sacado adelante el Real Decreto sin especiales modificaciones.

Sin embargo, el documento había sido rechazado por Adide –la asociación profesional de inspectores mayoritaria en España– y por Usite, además de por un dictamen del Consejo Escolar del Estado.

Impugnación

Adide –que ya presentó alegaciones en el Consejo de Estado–, según ha confirmado a este periódico su presidente, Javier Texeira, va a impugnar el Real Decreto “en como mucho dos meses” Texeira encuentra muchas razones para rechazarlo: es inviable su aplicación en muchos servicios de Inspección, y va a impedir la movilidad de los Inspectores, por ejemplo. Se queja de que “a ningún otro servicio de inspección –trabajo, hacienda, etc.– se le ha impuesto una normativa desde el Gobierno central”.

Entre otras razones para el rechazo de su grupo, aduce que “cuando el fracaso escolar más importante se produce en el paso de Primaria a Secundaria, la única persona que hasta ahora podía coordinar los contenidos de ambos niveles es el inspector, lo que se rompe con la especialización”. Ve también “una discriminación entre las posibilidades de movilidad de un inspector de FP y otro de Lengua, pues el segundo va a tener muy pocas plazas para moverse”. Y por último, ve problemas de posible amiguismo mientras el Concurso de Traslados sea a ciegas: “un jefe de servicio puede sacar o no una plaza una vez sepa quiénes optan a ella, lo que convertiría los méritos en amiguismo”.

Por el contrario, Aurelio Gómez Feced, presidente de Anies, valora positivamente el Real Decreto, aunque piensa que en algunos temas podría “haberse llegado a una mayor concrección”. Sin embargo, cree que tal y como ha quedado la norma “será suficiente para dar a las comunidades los instrumentos básicos para que, de acuerdo con los inspectores, puedan adaptar sus servicios de Inspección a las condiciones actuales”. Reconoce que va a ser una “remodelación importante”, que va a tener influencia en las plantillas.

Lo que se esconde detrás de estas divergencias de opinión es la lucha que, durante muchos años, han mantenido estas asociaciones de inspectores desde que el gobierno socialista estableció los inspectores “generalistas”. Así, mientras Anies ha optado siempre por una adscripción por etapas y materias, Adide es partidaria de mantener una inspección independiente de las etapas, ahondando más en el desarrollo propio de las especialidades propias de la inspección: normativa, evaluación, etc.

Inviabilidad

Con esto último coincide Amparo Valcarce, portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso e inspectora de Educación, para la que este decreto “mira al pasado, no al futuro, sin impulsar la labor de evaluación de los inspectores”.

Para Valcarce, el Real Decreto olvida que el inspector ya está altamente especializado, sin tener que ver la especialidad por la cual entraron: “lo importante del inspector es su formación”. Además, considera que el proyecto es inviable: “los equipos van a quedar incompletos, pues en muchos casos hay más especialidades que inspectores”.

No ha sido, por tanto, fácil que este decreto salga adelante: veremos a ver cómo se desarrolla.

Aulas de Informática obligatorias en Primaria

El Real Decreto que establece los requisitos mínimos que han de cumplir los centros serán:

–Infantil: Un aula con dos m2 por alumno (mínimo 30 m2); un patio de juegos de uso exclusivo de 150 m2; una sala de usos múltiples de 30m2; un despacho para el director, una secretaría y una sala de profesores.

–Primaria: Un aula con 1,5 m2 por alumno (mínimo 30 m2); dos espacios de 20 m2 por cada seis unidades para desdobles y refuerzos; una sala de usos polivalentes de 100 m2 que pueda ser usada para la enseñanza de Música y para tutorías; un patio de recreo de 44×22 m2 mínimos, que pueda ser usado como pista polideportiva; una biblioteca de 45 m2, un espacio cubierto de 200 m2 para Educación Física y Psicomotricidad; un despacho para el director, secretaría, sala de profesores, espacio para reuniones de la asociación de alumnos y el APA; y un aula de informática de 40 m2 “que favorezca la enseñanza a través de las TIC”.

–ESO y Bachillerato: Un aula con 1,5 m2 por alumno (mínimo 40 m2); un aula-taller de 100 m2 por cada 20 unidades o fracción; tres espacios de 45 m2 por cada una para actividades de Música, Informática y Plástica; un laboratorio de Ciencias Experimentales de 60 m2; un patio de recreo de 3 m2 mínimos por alumno que pueda ser usado como pista polideportiva; una biblioteca de 60 m2, un gimnasio de 480 m2 con vestuarios, duchas y almacén; un despacho para el director, secretaría, sala de profesores, espacio para reuniones de la asociación de alumnos y el APA, en el caso de estar sostenidos con fondos públicos.

El Real Decreto no contempla la etapa de Preescolar.