Dos años de reforma

Autor: Alicia URREA

Ya han pasado dos años de la puesta en marcha de la ley de reforma educativa en Estados Unidos y los americanos andan estos días haciendo balance de los logros y fracasos de esta remodelación, la más ambiciosa jamás realizada en el país anglosajón.

Mientras la Administración Bush hace un balance triunfalista de los dos años pasados, los demócratas, reunidos con motivo de un congreso de partido, se han arrepentido de su voto, que fue casi unánime, a la ley. Para ellos, el propósito es correcto, pero la financiación es insuficiente, y, además, la norma necesita ser corregida y flexibilizada.

Los datos presentados por Bush en diferentes discursos por todo el país no convencen, y medios, como el North County Times, han publicado ya análisis que demuestran su inexactitud. Es cierto que las cifras de la Educación han mejorado, pero, según los resultados publicados por la Comisión de Educación de los Estados, esta tendencia forma parte de una reforma más amplia que lleva produciéndose desde los años 90, y, la mejora en los últimos dos años, la de los afectados por el acta, no es tan buena como la de periodos anteriores.

Los bajos resultados de los alumnos en los test preparatorios para la Universidad y la alta tasa de abandono, propiciaron que la Administración Bush aprobara la Ley No Child Left Behind, Ningún niño se deja atrás. La tasa de fracaso escolar en todo el territorio federal es de 4,2%, pero la diferencia entre estados es más que significativa: desde el 10,9% de Arizona al 2,2% de Dakota del Norte. Asimismo, existe una gran diferencia entre grupos raciales. En Dakota del Sur, la comunidad india alcanza el 20,6 % mientras la de los alumnos blancos no supera el 2,6%.

La nueva regulación obliga a los estados a implementar una serie de medidas para garantizar que todos los estudiantes estén recibiendo la mejor formación posible. Sin embargo, en muchos distritos educativos no se han recibido suficientes fondos como para llevar a cabo el mandato federal, lo que podría conllevar la pérdida de las subvenciones estatales. Esto explica, en parte, la gran controversia que ha desatado la Ley: Retirar los fondos para obligar a lo imposible, o flexibilizar las normas.

La regulación obliga a todos los maestros a tener una alta cualificación y a las escuelas a evaluar los conocimientos de lectura, escritura y Matemáticas de los alumnos de entre 9 y 14 años. Para que la escuela no entre en la lista de aquellas que “necesitan mejorar”, al menos un 35% de los alumnos deben llegar al nivel de competencia o avanzado en Matemáticas, y 45% de ellos deben alcanzar esos niveles en lectoescritura. El objetivo de la norma es que el 100% de los alumnos alcancen un nivel satisfactorio (según un estándar establecido por cada estado) hacia 2014.

La Ley exige que también alcancen este nivel los alumnos de grupos especiales, es decir, los de Educación Especial, los que tienen un bajo nivel de inglés y los económicamente inferiores. En este aspecto de la norma radican principalmente las críticas. Los profesores y centros se quejan de que en Educación no se puede aplicar la “talla única”, ya que cada alumno y caso tiene sus propios estándares, que no tienen por qué corresponder con los impuestos por la Administración.

No superar los requisitos podría traer graves consecuencias para los centros y distritos escolares, que podrían ser obligados, desde a sufragar el traslado de los estudiantes a centros “sin taras”, a una reestructuración de los propios colegios.