Exigencia académica en centros abiertos más horas

Autor: José M. LACASA

La primera duda del “cómo hacer” es más bien “cómo se va a pagar”. Zapatero habla de subir la inversión en Educación del 4,5% al 5,5% del Producto Interior Bruto, para situarlo en la media europea. Una burrada de millones, incluso en euros. Pero aún así, podría ser insuficiente, a juicio de algunos expertos consultados.

Una de las cosas que más sorprende a los legos en Educación, aunque sepan de economía, es lo que cuesta el más nimio cambio en el sistema educativo, más que nada porque afecta al 20% de la población del país (los alumnos) y alrededor de medio millón de docentes. Y es que la Educación es realmente la primera empresa de España, aunque el chiste diga lo contrario.

Y el PSOE se ha cansado de decirle a Pilar del Castillo que “legisla y no paga y lindezas similares”. Sin embargo, parece se ha tomado en serio la cuestión presupuestaria: primero contrató a un experto como Miguel Sebastián para llevar el control presupuestario del programa general. Y en Educación ha fichado a Mª Jesús Sansegundo, una experta en los costes de la enseñanza, que ha llevado la parte presupuestaria y ha tenido que rendir cuentas.

Y es que las medidas son muchas y muy caras: frases como “atención a todos los estudiantes”, “garantizar tasas de escolarización”, “integrar las TIC en las aulas” o “los profesionales especiales que sean necesarios” cuestan auténticas montañas de dinero, y muchos más profesionales cualificados en las escuelas: desde asistentes sociales a técnicos informáticos, pasando por un mayor número de docentes.

Más horas, más días

Por no hablar de mantener los centros abiertos siete días a la semana, doce horas al día: se necesita duplicar personal, buscar gente que atienda a los alumnos, etc.

Aún así, hay que reconocer que es un esfuerzo –o lo sería, si llegan a gobernar– hercúleo, ya que tal y como están las cosas, mucha gente necesita tener a los niños aparcados para poder trabajar (otra cosa, y eso también es tarea de los políticos, aunque no de Educación, sería si habría que cambiar un sistema social que impide tener hijos, y si se tienen, atenderlos con el tiempo suficiente).

Hay que reconocer, por otra parte, que si se consigue cumplir –y eso no es sólo problema de dinero, sino de sistema educativo– el “fortalecer en la escuela los principios de exigencia académica y disciplina moral para la convivencia, el respeto, el trabajo formativo, la autoestima y el pleno desarrollo personal y social”, y pagar todas las medidas, podríamos estar hablando de un sistema escolar de gran nivel.

De hecho, la mayor parte de las críticas han venido del lado de la Concertada: más exigencias y ninguna promesa de dinero es lo que les prometen. Queda subyacente el problema de la libertad de enseñanza, según la cual son los padres los que eligen el centro: no se necesita atacar a la concertada, si consiguen una pública como la que prometen tendrán también a los mejores alumnos.

Añoranza de la Logse y renovación

“El programa aún no está cerrado: aún pueden introducirse enmiendas, ahora es vuestro turno”, dijo Cándida Martínez, consejera de Educación de Andalucía y coordinadora del programa electoral del PSOE. Cuando acabaron los actos públicos, más allá de las dos de la tarde y sin comer, los delegados del Partido Socialista se distribuyeron en grupos de trabajo para expresar sus críticas y enmiendas al programa, y la andaluza comandaba el de Educación.

Lo cierto es que se esperaba más sangre, al menos de uno de los sectores, pero las críticas fueron más bien livianas. A pesar de que el partido encarga a algunas personas la redacción del programa –como Cándida, Javier Fernández Vallina (ex consejero de Educación de Asturias), María Jesús Sansegundo (vicerrectora de alumnos de la Carlos III y nueva “número dos” por Madrid), Juan López (inspector de Educación)– luego las federaciones territoriales plantean enmiendas y juzgan el texto, rematándose el programa para la Conferencia Política del 25 de enero, donde el programa es aprobado en su conjunto.

Y a la vista del nerviosismo entre algunos de los redactores del programa –Mª Jesús Sansegundo simplemente desapareció–, el trámite no es baladí, a pesar de que el sector crítico decidió de antemano no aparecer.

Abrió el fuego Isabel Celaá, la briosa portavoz de Educación en la cámara vasca, proponiendo que el tramo 0-3 dependa en exclusiva de Educación –hay párrafos sobre el tema en Economía y Asuntos Sociales–, y al grito de “no vamos a retroceder ahora” pidió que se dejara bien claro el carácter educativo de esta etapa. Idea en la que abundó Carmen Ferrero, ex portavoz de Educación en la Asamblea de Madrid, al pedir que la etapa 0-6 “debe ser planteada desde Educación sin ningún tipo de duda”.

Un militante pidió aún más: universalizar el 0-6, igual que la Logse universalizó el 14-16, y se quejó del exceso de términos técnicos, rematando con un “más pasión, menos calidad” que levantó aplausos entre los delegados.

Más comedido, Gerardo Fernández, portavoz de Educación de la Comunidad Valenciana, pidió que apareciese una enmienda en que se diga que la LOCE va a ser derogada, y apuntó, como idea nueva, la creación en los centros de un “jefe de convivencia” paralela al jefe de estudios.

Aunque la estrella de las modificaciones fue la continua petición de eliminar la Religión de las aulas, llegándose a pedir la revisión de los Acuerdos con la Santa Sede.

El último pequeño debate se dio alrededor de las competencias: mientras el delegado catalán pedía que cada comunidad gestionara sus propias becas, el extremeño volvía al viejo tema de la homologación retributiva de los docentes.