La Educación no será pago en especie para el Ministerio de Hacienda

Autor: José M. LACASA

El Partido Popular ha incluido sendas enmiendas en el Senado al Proyecto de Ley de Medidas fiscales, administrativas y del orden social –vulgarmente conocida como “Ley de acompañamiento” de los Presupuestos Generales del Estado– gracias a las cuales se exime a los profesores de Educación no universitaria de niveles obligatorios y posobligatorios de centros privados de tributar, en concepto de “pago en especie”, por la escolarización de sus hijos en su centro de trabajo.

El pasado 23 de diciembre se aprobaron dichas enmiendas, que han costado varios meses de negociaciones. El problema arrancaba de la última modificación de la ley, que incluía en la definición de pago en especie aquellos servicios que la empresa del trabajador le facilitaba a menor coste del real.

Esta modificación, pensada para eliminar complementos del sueldo que se escapaban a la tributación, caía en el contrasentido de considerar la Educación –incluso la obligatoria– como “pago en especie”, para unos trabajadores que, lejos de estar privilegiados, suelen ser los que menos cobran de todos los docentes, pues sus sueldos no están acordados con el Estado.

Protestas

Lo curioso es que esta medida contó en seguida con el rechazo de todo el mundo de la Educación, tanto de un lado como de otro: todas las patronales, tanto de los colegios concertados como de los privados; los sindicatos tradicionales de izquierda, los profesionales y los independientes; el PSOE, que por boca de Amparo Valcarce, portavoz de Educación en el Congreso, calificó la medida como “abuso incomprensible”; tirios y troyanos.

Ante estas presiones, el Partido Popular anunció que presentaría una enmienda al Proyecto de Ley de acompañamiento a los Presupuestos, de manera que al menos la Educación obligatoria quedase fuera de la tributación. Sin embargo, a última hora, y debido al cúmulo de peticiones de exención de este impuesto, se optó por no conceder ninguna y no se presentó enmienda de ningún tipo: así lo confirmó a este periódico a finales de noviembre Vicente Martínez-Pujalte, portavoz del PP en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso. Sin embargo, el mismo tono de este diputado dejaba claro que ni siquiera a él le gustaba la medida: era el Ministerio de Hacienda quien detenía las medidas.

Una vez que abandonó la Cámara Baja el Proyecto de Ley, tomó el relevo para conseguir la exención de la Educación del impuesto Isidro Fernández-Rozada, vicepresidente primero de la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados, y que había sido durante dieciocho años portavoz de Educación del PP en el Senado, conocedor por tanto de la injusticia que iba a suponer el que esta medida no se parase antes.

Injusticia porque, como ya publicó este periódico, cuando se está intentando conciliar la vida profesional y la laboral, cuando el Gobierno está impulsando que se abran guarderías en los centros de trabajo, cuando el mismo Ministerio de Hacienda va a abrir este año una para sus empleados, se iba a obligar a los docentes de la privada a cambiar a sus hijos de colegio, renunciando así a un derecho reconocido desde hace décadas –establecido incluso en los convenios colectivos– porque con el salario no se podía soportar la carga tributaria (carga que podía duplicarse con gran facilidad, y que en algunos casos se multiplicaba por nueve).

Gestiones personales

Como el mismo Fernández-Rozada confesó, fue necesaria incluso una gestión personal con el ministro Montoro para presentar una primera enmienda en el Senado, según la cual se dejaba fuera del “pago en especie” a los docentes cuyos hijos estudiasen Infantil (de tres a seis años) y los niveles obligatorios (Primaria y Educación Secundaria Obligatoria).

Las protestas no se hicieron esperar, y patronales y sindicatos hicieron oír sus voces: Néstor Ferrera, portavoz de Educación y Gestión (patronal que agrupa a la mayoría de los centros de religiosos de España), declaró que no entendía cómo se favorecía “a los centros privados puros, que no realizan ninguna función social”, acusando a Acade (patronal de los centros privados no concertados) de dejar la medida incompleta para su beneficio. Sin embargo, Acade había presionado también para que la Educación quedase exenta del “pago en especie”, y no consideraba justo ni beneficioso el estado en que habían quedado las cosas, por lo que su presidente, Jesús Núñez, siguió haciendo gestiones para que la exención fuera completa.

El PP presentó, por fin, una segunda enmienda en el Senado en la cual dejaba fuera del impuesto a todos los niveles de la enseñanza no universitaria, desde Preescolar hasta Formación Profesional y Bachillerato, y así va a pasar de nuevo al Congreso, donde se espera que sea aprobada sin mayores problemas definitivamente. Como declaró Fernández-Rozada, “había razón y era de justicia”.