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Los políticos vaticinan un pacto para la Universidad

Optimismo de políticos, rectores y agentes sociales sobre la posibilidad de lograr un Pacto para la reforma de la LOU. La actual habilitación del profesorado y la titularidad privada de la Aneca, entre otras medidas, tienen los días contados.
Miércoles, 2 de marzo de 2005
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Autor: Marta SERRANO

Es el momento apropiado para que la reforma de la LOU se haga desde un pacto social y político. Dicho pacto es posible, deseable y necesario según los ponentes que participaron el pasado lunes en el Foro de Debate de expertos universitarios celebrado por el sindicato Comisiones Obreras en la sede del Consejo Económico y Social (CES).

Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Campos, “la nueva ley de modificación de la LOU debe hacerse en el marco de un pacto social y político en la Universidad, para que sea de todos, CCAA, Estado, universidades y agentes sociales”. Tras demandar más información al Ministerio sobre la reforma universitaria en marcha, Campos comentó que esta norma debe servir para mejorar la calidad de la enseñanza universitaria e incorporar el sistema universitario español al Espacio Europeo de Educación Superior surgido de la Declaración de Bolonia.

El secretario de Estado de Universidades, Salvador Ordóñez, subrayó en su intervención que el Pacto Social y Político en la universidad “no sólo era necesario sino obligatorio”. Sin embargo, reconoció que no se trataba de un objetivo fácil ya que “es preciso arreglar lo general sin por ello parar el sistema”. Ordóñez apeló a la prudencia para justificar la lentitud con que el Ministerio está llevando a cabo el proceso de reforma universitaria, que debe adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior, algo que en su opinión, no hizo la LOU, de la que dijo que fue una ley “improvisada, problemática y que nos hizo perder tiempo”.

Ordóñez hizo hincapié en la necesidad de potenciar los programas de I+D, para los que reclamó una mayor inversión por parte del sector privado, y de fomentar las inversiones en las Tecnologías de la Información, recordando que en este ámbito España se encuentra “muy por debajo de Estados Unidos”.
También anunció el propósito del MEC de modificar la metodología docente, impulsando el uso de las tecnologías en las aulas, subrayando además su deseo de que “todos los grupos representativos de la universidad se sientan cómodos con la nueva ley”.

Entre las medidas a tomar los ponentes de la jornada coincidieron en la necesidad de abordar cuatro ejes principalmente, entre los que destaca el establecimiento de una política de financiación acordada con el Gobierno central, las comunidades autónomas, las universidades y los agentes sociales.

Asimismo, se pide la mejora de las condiciones laborales de los docentes y del Personal de Administración y Servicios (PAS); la incorporación del profesorado al Consejo de Coordinación Universitaria; y participación de éste en las delegaciones ministeriales preparatorias del proceso de creación del espacio Europeo de Educación Superior y el establecimiento de unos criterios de calidad para la universidad.

Acuerdo político difícil

Si ya es difícil que los agentes sociales se pongan de acuerdo a la hora de firmar acuerdos, más lo es que hasta el secretario de estado de Universidad, Salvador Ordoñez, subraye que “no sólo es necesario sino obligatorio”.

MAGISTERIO participó en la jornada de debate y fue testigo directo de cómo políticos de PP, PSOE e IU coincidieron en señalar las mismas claves a la hora de llegar a un posible pacto que calificaron de “difícil”.

La financiación es sin duda un aspecto primordial para todos los partidos políticos, y así lo afirmaron Adolfo González (diputado del PP), Montserrat Palma (portavoz del PSOE para asuntos universitarios), Isabel López (senadora de IU) y Carlos Berzosa (rector de la UCM y representante de la CRUE). Para los ponentes “el nuevo modelo de financiación de la Universidad, respetando las competencias autonómicas, debe tener un marco estatal para evitar en lo posible que los vaivenes políticos afecten a las instituciones de Educación Superior”.
 

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