Casi 600.000 euros para una evaluación sin datos

Autor: José M. LACASA

Fue en 2002 cuando la Consejería de Educación de Extremadura, entonces encabezada por Luis Millán Vázquez de Miguel, decidió encargar a un empresa externa la evaluación de algunos centros, tarea generalmente encomendada a la inspección, y que choca más en una comunidad enemiga de concertar la enseñanza.
La empresa adjudicataria fue la unión del Instituto IDEA (dirigido por Álvaro Marchesi) y la Fundación Santamaría, que se llevó un primer concurso de 30.000 euros en 2002, y que ganó posteriormente los siguientes, hasta sumar por este concepto un monto total de poco menos de 600.000 euros.
Según declaraciones de la Consejera de Educación extremeña, Eva Mª Pérez, a este periódico, la razón por la que esta evaluación no fue realizada por la inspección fue “porque en esa evaluación encargada a una empresa privada se garantiza la independencia de los resultados. Podría ser sospechoso que evaluara la Inspección, que es Administración”. Sin embargo, lo que resulta “sospechoso” es que cuatro años después no se sepa una sola cifra de esa evaluación (salvo lo que ha costado).
Incongruentemente, a pesar de no hacerla la Inspección, no hay un solo dato del que sospechar, sencillamente porque la Administración no los hace públicos. Según prensa de la Consejería, se quieren evitar ránkings de centros. pero cuando se le pregunta por datos globales del sistema, tampoco están disponibles.
En las conclusiones, lo único que ha facilitado la Consejería, llama notablemente la atención la ausencia de cifras. Al estilo de la Administración educativa extremeña (famosa por su opacidad), todos los términos son comparativos, pero no hay nada con qué compararlos: “resultados positivos”, “los conocimientos se sitúan en el nivel medio, que se corresponde con lo que podría esperarse en función del contexto socio cultural de los alumnos”, “el el caso del cuestionario de Estrategias de aprendizaje, los resultados tienden a equipararse”, “las actitudes de los alumnos son positivas”, “los maestros están muy satisfechos de cómo funcionan sus centros”, para rematar: “en general, los centros de Primaria son buenos centros, en los que toda la comunidad educativa está satisfecha y cuyos alumnos obtienen resultados algo mejores de lo esperado”.

Acusaciones del PP

Además, según el diputado César Díaz Solís, portavoz de Educación del PP en el Parlamento extremeño, podría haber prevaricación en la adjudicación del primer contrato. Según los documentos presentados por el diputado autonómico, el primer contrato se adjudicó en diciembre de 2002. Pero según otro documento de la Consejería de 17 de octubre, el 22 de octubre de 2002 se convocó a los directores de los centros evaluados y se presentó a Álvaro Marchesi para dar una conferencia sobre “Objetivos, proceso y metodología de la evaluación de centros docentes de nuestra comunidad que va a realizar el Instituto de Evaluación y Asesoramiento (IDEA)”.

Documentos:

Conclusiones de la evaluación al sistema educativo extremeño relizadas por el Instituto IDEA.