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"El Estado debería fomentar un modelo educativo de mínimos"

Alfred Fernández es el presidente de Oidel, una ONG de gran peso en materia educativa en Europa. Tiene la sede en Suiza y posee estatuto consultivo ante la ONU, el Consejo de Europa y la Unesco. Aprovechando unas merecidas vacaciones en Barcelona durante la pasada Navidad, accedió a contestar nuestras preguntas.
Miércoles, 17 de enero de 2007
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Autor: Jordi FRANCO

¿Qué es a grandes rasgos Oidel?
Somos una organización cuyas  finalidades son la protección y la defensa del derecho a la Educación y la libertad de enseñanza. Y esto lo hacemos de modo diferenciado, aunque la libertad de enseñanza está dentro del derecho a la Educación.

¿Cómo entienden la libertad de enseñanza?

Tradicionalmente se asocia a la libertad de los padres para escoger la Educación que desean para sus hijos y a la libertad que poseen los particulares para crear centros de enseñanza. Luego, evidentemente, existe la libertad de los profesores que ha venido a llamarse libertad académica. En el fondo, lo que pensaban los fundadores de la organización es que existía un déficit justamente de sensibilidad hacia las cuestiones de libertad dentro del sistema educativo.

¿Y esa libertad como algo inherente al derecho a la Educación?
Lo que nos interesa en Oidel es situar la Educación como un derecho fundamental y no solamente como una función del Estado. No dar una Educación de calidad supone violar un derecho importantísimo de la persona y ese derecho debería ser justiciable delante de los tribunales.

¿Cómo definiría Educación de calidad?
Debería ser una Educación que tuviera cuatro características, que por cierto se encuentran en textos de ámbito internacional. En concreto se pueden encontrar en los comentarios que se hacen al artículo 13 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero resumiendo, una Educación de calidad es aquella que es adecuada al público que la recibe, adaptada a la sociedad y a los diferentes grupos sociales, una Educación aceptable por los padres, por los alumnos y por los profesores. Para que se cumpla la aceptabilidad, la adaptabilidad y la adecuación, se necesita una dotación suficiente de centros educativos. El gran error que se hace en la Educación es pensar que primero es la dotación y luego viene el resto. Pensar en definitiva que con la creación de centros ya está solucionado el problema.
Estamos de acuerdo con estos criterios, pero a la hora de hacerla aceptable para todos, parece que van a existir ciertos problemas, tantos como modos de pensar existen en nuestra sociedad…
No se puede imponer un sistema educativo. Debe venir precedido, en primer lugar, de consenso, de debate y de diálogo por parte de todos, sin excluir a ningún colectivo. Y segundo, cabe decir que no puede existir un único sistema educativo en una sociedad plural como la nuestra. El sistema educativo que un estado adopte debe ser un sistema que responda a la  pluralidad social que existe sin lugar a dudas en nuestro país. Así enunciado puede parecer algo muy complejo, de hecho lo es, pero es la exigencia de nuestro sistema democrático, que respete la pluralidad o diversidad existente.
Podríamos decir que el Estado lo que debería fomentar es un modelo educativo de mínimos y que cada escuela lo complemente a su modo… Un sistema educativo ‘total’ que contente a todas las partes es imposible. Lo que se debe lograr es hacer una ley marco de Educación: que dé unas grandes líneas. Y lo segundo es dar una gran autonomía a todos los agentes educativos. No se trata de que el Estado gobierne solo; el Estado debe gobernar con todos los actores del sistema social, en definitiva con la sociedad civil y el sector privado.

Un resumen podría ser menos intervención del Estado y más subsidiariedad.
Lo de la subsidiariedad no es una opción política más: se trata de un principio de la Unión Europea. El principio de subsidiariedad significa que el Estado está detrás del ciudadano: lo que pueda hacer el ciudadano, no debe hacerlo el Estado. Antes de que exista una intervención del Estado, debe verse si realmente es necesaria esa intervención. Esto no me lo invento yo, sino que está recogido en el Libro Blanco sobre el gobierno en Europa, que no es un texto jurídico, pero es un texto orientativo sumamente importante, también para juristas. El principio de subsidiariedad plantea un serio inconveniente para los gobiernos, porque ellos prefieren intervenir siempre, ya que por nuestra forma tradicional de ver las cosas, eso supone lucirse y en definitiva son votos, pero debe quedar claro que esa no es la función del Estado.

¿Qué opinión le merece la Logse?
Intentó implantar en Europa el sistema educativo predominante en Europa. Sobre todo el tema del paso automático de curso. Daba también mucha autonomía a los centros, que no se utilizó. Pero esta reforma educativa se realizó sin ver el entorno, y cometió dos grandes errores. No se puede dar una cultura de autonomía a alguien, que todavía no tiene esa cultura de autonomía. He hablado con responsables de centros que me decían que los profesores tenían miedo a esa autonomía porque no habían sido formados para esa autonomía: la propia estructura del centro no permitía esa autonomía. Ese es el primer error.

¿Y el segundo?
No sabemos todavía qué hacer para garantizar una Educación Secundaria Obligatoria coherente. Porque estamos iniciando una tensión entre dos frentes. En primer lugar sabemos que para que a alguien se le garantice cierto futuro, es necesario una Educación Secundaria, pero al mismo tiempo sabemos que mucha gente, sobre todo en el último período, no está hecha para el sistema educativo. Lo que hacen muchas veces esas personas es perturbar el sistema. Y ese propio sistema se ha convertido en una gran guardería. El gran reto a nivel internacional es saber adaptar los conocimientos mínimos de la enseñanza obligatoria al público que tenemos. La situación es grave, porque un 30% de los alumnos salen del sistema educativo sin ningún título: el fracaso escolar es brutal y era un tema tabú hasta el año 2000 aproximadamente. Estamos en los comienzos de las evaluaciones del sistema educativo: un ejemplo es por ejemplo el informe PISA.

Pero se podría decir que los alumnos poseen otra clase de conocimientos, impensables en otra época…

Efectivamente. Quizá hoy en día un alumno no sabe redactar correctamente, pero posee grandes conocimientos informáticos o de inglés. Parece que la tendencia no es tanto a evaluar las cosas puramente instrumentales, sino también a evaluar otras cosas: la capacidad de evaluar los valores morales de la persona, de saber vivir en una sociedad integrada, etc. Esto es un poco lo que intenta la nueva ley con su asignatura de Educación para la Ciudadanía. Aunque esto no se decreta sólo con una ley o con una asignatura

¿Cree que se pueden solucionar los grandes problemas de la sociedad poniendo una o varias asignaturas nuevas?
No, eso es un problema más grave. Me he encontrado en el borrador con un planteamiento muy ambicioso y muy bueno. Porque la Educación no es sólo la transmisión de unos conocimientos técnicos; es también la transmisión de valores. Pero luego, en lugar de replantear el sistema educativo, se pretende hacer eso a través de la introducción de una asignatura de una hora a la semana. La opinión que nosotros tenemos es que el sistema educativo tiene un déficit grandioso de valores fundamentales y que probablemente el sistema actual no puede reformularse a base de los valores del pensamiento del siglo XIX. Creemos que ha llegado el momento de replantearse el sistema en nuevos términos. La escuela debe asumir el pluralismo y los valores comunes. Pretender cambiar esas cosas con unos retoques en el sistema educativo es algo inútil.

¿Entonces?
Es preciso fomentar un gran debate nacional, que puede durar años, entre todas las partes implicadas, que hable en primer lugar de los fundamentos de nuestras sociedades occidentales y qué se puede decir que racionalmente esté justificado: la paz, la tolerancia, la democracia, etc. Es necesario, y lo vuelvo a repetir, un debate de intelectuales y de gente sumamente preparada para abordar esas cuestiones, y no de una simple comisión del Congreso.

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