Objeción para padres, ¿también para profesores?
Se inicia ya el nuevo curso académico y la controversia generada por Educación para la Ciudadanía sigue sin resolverse. Unos 200.000 alumnos de 3º de ESO de 3.500 centros públicos y privados serán los primeros que reciban clases de esta materia. Al mismo tiempo, unos 15.000 padres de toda España han mostrado su oposición a que se imparta la polémica asignatura.
Los padres, tanto a nivel particular como unidos bajo la representación de la Concapa, argumentan su objeción de conciencia basándose en que los contenidos “no respetan la libertad de conciencia” y son “radicalmente opuestos a los principios religiosos, morales y éticos que rigen la Educación familiar”. Además, aseguran que la materia “no es en absoluto neutral y busca una ideologización del alumnado”.
Posible absentismo
La propia ministra, Mercedes Cabrera, ya advirtió a los objetores de que faltar a clases de Educación para la Ciudadanía sería considerado “absentismo escolar, con todas las consecuencias que ello puede tener”. Calificó, además, de “irresponsable llamar a la objeción sin informar al mismo tiempo de esto”.
Con respecto a los profesores, su objeción se deriva de la libertad de cátedra, reconocida en la Constitución. En principio se entiende que lo que pueden hacer es impartir la asignatura conforme a sus propios principios, es decir, tendrían la obligación de desarrollar los contenidos curriculares pero desde la óptica que ellos consideren que es la correcta. Pero ¿pueden ir más allá? ¿se podría plantear incluso el hecho de no impartir la asignatura?
Según María Lacalle, profesora de Derecho Civil de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, “los profesores tienen derecho a impartir la asignatura respetando su ideología, pueden criticar los contenidos que consideren e incluso tienen la posibilidad de negarse a impartirlos en caso de que choquen con su conciencia”. Para Lacalle, “esto no debería de conllevar ningún peligro para el profesor, ya que en un Estado de Derecho hay que proteger la conciencia de la persona”.
Sin embargo, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio Rovira, explica que “el derecho a la libertad de cátedra ampara al profesor para que nadie pueda sancionarle por el criterio personal que elija para explicar las asignaturas, pero el docente debe impartir obligatoriamente los contenidos que aparezcan en los planes de estudio”.
Juan Andrés Muñoz, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, subraya que “nadie debería ser forzado a explicar esta materia si supusiera para él problemas de conciencia, ni impedir enseñarla a quien, con respeto a la voluntad de los padres, mantuviera una orientación de la disciplina contraria a la voluntad de los poderes públicos”.
Muñoz afirma que “en los centros públicos la libertad de cátedra tiene que moderarse en áreas de la neutralidad, aunque sin violar nunca el derecho a unos padres a quienes la Constitución reconoce el derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral conforme a sus convicciones”.
Primaria y Universidad
Por su parte, Antonio Rovira apunta también que “el alcance de la protección de este derecho es distinto entre profesores de Primaria y de Universidad”. Según el profesor de la Autónoma, “la amplitud es mayor para los de la Universidad, ya que los contenidos de Primaria son más estrictos en función de la inmadurez del menor”.
En cuanto a la objeción de conciencia, Lacalle recuerda que “está recogida en la Constitución, pero se discute si de manera amplia o sólo aplicada al servicio militar”. La profesora piensa que “ya serán los jueces los que decidan si ampliar la objeción a otros ámbitos a la hora de atender los recursos presentados por muchos padres”.
Una asignatura “muerta”
La Asociación Nacional de Catedráticos de Bachillerato (Ancaba) asegura que Educación para la Ciudadanía es una asignatura “muerta”, que “ha fracasado” antes de implantarse porque “enfrenta a la sociedad” y perjudica a la escuela pública.
El presidente de Ancaba, Julián Martín, en declaraciones a ABC, considera que la nueva materia perjudica a la escuela pública, porque mientras la Privada y la Concertada pueden acogerse a su ideario para “pulir y adecuar los contenidos al mismo”, la rigidez de la Pública “encierra el peligro de invadir el ámbito de lo personal, ya que en la asignatura se juegan temas de conciencia”.
Para Ancaba, la nueva disciplina es “innecesaria” y no servirá para llenar la ausencia de valores en la escuela. Martín asegura, además, que “ante la responsabilidad que supone, nadie querrá impartir voluntariamente una materia como ésta y serán los últimos docentes en llegar los que forzosamente la asuman”.
Diferencias por CCAA
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado que EpC, que este curso no se impartirá en la región, “no es otra cosa que el adoctrinamiento”, y aseguró que su Gobierno se ceñirá al “decreto de enseñanzas mínimas” establecido por el MEC en este ámbito. Se une así al acuerdo alcanzado por las comunidades gobernadas por el PP de aplicar el número de horas mínimo.
En Cataluña la polémica ha sido menor, incluso entre los sectores católicos, a diferencia de Andalucía, donde el número de padres que presentan recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía va en aumento.
Castilla-La Mancha aduce razones pedagógicas para que no comience este año, pero el PP lo achaca a las objeciones en esta región. Por último, en Extremadura los populares piden que se “suspenda cautelarmente” y a la Junta le parece “preocupante” que la oposición la vea innecesaria.