Desvelando la Ley de Educación catalana

Son muchas las leyes educativas autonómicas que, después de la andaluza, se preparan en las distintas comunidades. Ninguna ha logrado tanto rechazo como la catalana. Cinco de los principales sindicatos de Educación de la comunidad han convocado para el próximo 14 de febrero una inédita huelga general en la enseñanza al conocer las bases de la futura ley. Y muchas otras organizaciones se han adherido a esta convocatoria.

Aunque casi todos coinciden en el diagnóstico que hace el Departamento de Educación de la Generalitat, que reconoce incluso la desastrosa situación de la enseñanza en Cataluña, en cambio casi nadie está de acuerdo con las soluciones que se proponen.

Lo que ahora se presenta como novedad, como “modelo de país progresista”, ya estaba inventado. Es, en el fondo, el modelo de las universidades que son, por ley, autónomas. Un sistema de autonomía universitaria no como el anglosajón, que atrae a los mejores profesionales, sino el que ha conseguido que el 95 por ciento de los profesores que ganan una plaza de titular o catedrático sean los candidatos del departamento convocante de la plaza.

Desconfiar del profesor

Por otro lado, el documento de bases de la ley respira desconfianza hacia el profesorado respecto de su capacidad para responder al nuevo modelo y encargarse de la gestión de los centros. No en vano, entidades como la Fundación Jaume Bofill se han encargado de preparar el terreno con informes muy desfavorables tanto al sistema educativo como al profesorado que, curiosamente, han sido muy bien recibidos por el Departamento de Educación.

Isidro Cabello, profesor del IES “Investigador Blanxart” de Terrassa y ex alto inspector de Educación de Cataluña califica el trabajo de la Fundación Bofill como “indigno” y propio de “mamporreros” de la Administración. Cabello también acusa directamente a AXIA (Asociación de Directivos de la Educación Pública de Cataluña) y a Francisco Longo, director del Instituto de Dirección y Gestión Pública de Esade, de ser los cerebros de la futura ley. Longo ha publicado un artículo bajo el título de Reformar no es privatizar en respuesta a la convocatoria de huelga; y AXIA cuenta con un documento de trabajo en el que justifica el nuevo modelo de dirección propuesto en la ley. En el ámbito de las APA, Fapac ha sido la única federación que ha apoyado el documento de forma explícita aunque con matices.

El nuevo Estatuto pretende ser la base jurídica de la nueva ley, en el caso de que el Tribunal Constitucional no modifique su doctrina tradicional y no  declare inconstitucionales algunos de sus artículos. En este caso, la futura ley quedaría dañada en aspectos importantes. Desde el punto de vista político, el paraguas de la futura disposición es el Pacto Nacional de Educación, que apenas tuvo apoyo entre el profesorado, al igual que el Estatuto, que también fue muy escasamente refrendado por la ciudadanía.

Los sindicatos convocantes de la huelga han presentado un  decálogo de motivos por el que rechazan la ley y proponen contramedidas. En primer lugar, la plataforma rechaza la segregación de alumnado por motivos socioeconómicos, tal y como se deduce de la futura ley Maragall. Asimismo demandan una inversión del 6 por ciento del PIB; más plazas públicas del ciclo de 0 a 3 años y para formación de adultos; apoyo educativo a las familias; una gestión democrática y participativa en todos los centros educativos; incremento de profesionales y bajada de las ratios y, en fin, un rechazo total a la pretendida desregulación de las condiciones laborales del profesorado y, en su lugar, el reconocimiento social y económico de la tarea docente.

Vuelco radical al sistema

En el capítulo de los reproches más sonados, David Medina, de FETE-UGT de Cataluña, califica las bases de la futura ley como “un documento extremo que, si se llega a transformar en ley es de prever que dé un vuelco radical a nuestro sistema educativo”. La Educación deja de ser “un potente mecanismo de corrección de las desigualdades sociales de origen para convertirse en mecanismo de reproducción de esas mismas desigualdades”.

Por su parte, el profesor Isidro Cabello afirma la “inutilidad” de la ley en el sentido de que su promulgación podrá tener un motivo de “prestigio político”, pero no será una ley práctica. “La ley ha de respetar el marco de la LOE y otras leyes estatales –dice Cabello– si quiere ser legal”. Y lo que ahora se podría adaptar a la realidad catalana por medio de desarrollos de las leyes orgánicas, a partir de la aprobación de la nueva ley, cada modificación tendrá que ir al Parlament y ser allí ratificada.
Desde el sindicato de profesores ANPE se asegura que la propuesta de ley “desenfoca el origen de muchos de los problemas que tiene la Educación en Cataluña” y que se pueden resumir en que esta comunidad“aplicó de una forma dogmática y acrítica los principios de la Logse”, lo cual ha hecho perder interés a los alumnos y ha desmotivado a los profesores.

Además, ANPE afirma que las bases de la ley se centran sobre aspectos de gestión de la escuela pública, “cuando el problema de fondo está en motivar al alumnado”. En Cataluña el problema de la Pública se ha agravado al convertirse los centros de esta red en “centros de acogida de alumnos con necesidades especiales” –según ANPE– debido a la fuerte implantación de la enseñanza privada en la comunidad.

ANPE asegura también que la ley se basa en descargar la culpa de los malos resultados sobre el profesorado. En ello coincide con el profesor Isidro Cabello, que reprocha duramente “la ausencia de autocrítica” por parte de la Administración educativa que, en cambio, atribuye los malos resultados tanto a los profesores como a los equipos directivos y a la presencia de alumnos inmigrantes.

Gestión privada

Según el documento de bases, la ley establecerá que “todos los centros educativos dispongan de una dirección competente, profesional, formada, estable, reconocida y con capacidad de tomar decisiones bajo su responsabilidad”. De esta manera “dispondrán de un margen de acción relevante para consolidar un equipo profesional suficiente que asegure la gestión del centro, tanto a nivel pedagógico como administrativo y de recursos”.

Una de las novedades de la futura ley es la posibilidad de formas de “gestión indirecta”. Es decir, en centros de titularidad de la Administración cabe la posibilidad de que “entidades diversas se encarguen de la gestión del patrimonio y la organización de los recursos”. El documento de bases cita expresamente a “entidades cooperativas y sin ánimo de lucro o a equipos de profesionales”. Según Isidro Cabello, esta propuesta puede llevar a la creación de “franquicias educativas en las que un empresario se encargue de la gestión de los centros, con tal de que se aseguren los resultados”.

Cuerpos docentes propios

Consecuencia de este nuevo tipo de gestión indirecta y de la autonomía es la creación de “cuerpos propios y otras agrupaciones equivalentes de funcionarios” por parte de la Administración catalana. De manera que se facilite “la adaptación a los requerimientos educativos y a la gestión autónoma de los centros”. La ley definirá un nuevo sistema de acceso a la profesión docente en los centros de titularidad pública.

Cabello reconoce que “el marco legal para crear estos cuerpos propios es muy estrecho, ya que la mayoría de los profesores pertenecen a cuerpos estatales, que no se pueden deshacer”. No obstante caben dos maneras de lograrlo: creando estos cuerpos y dando la posibilidad a los funcionarios para que ingresen en ellos –lo cual plantea muchos interrogantes– o utilizar la fórmula de la Ley de Universidades catalana. Es decir, estableciendo que en las plantillas globales haya un porcentaje de profesores estatales y otro de los cuerpos propios con un régimen laboral, no funcionario, lo que comportaría una drástica disminución de plazas para los funcionarios de cuerpos estatales, pocos lugares donde demandar trabajo y traslados forzosos.

Todo ello, de llevarse a cabo, conllevaría una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. David Medina, de FETE-UGT, lo define como “la abolición de los derechos laborales característicos de la Función Pública tal como la hemos entendido hasta ahora”.

Para Medina, “la idea misma de tener un puesto de trabajo en un centro educativo público también se pone en cuestión”. Los profesores podrán ser adscritos, no a centros, sino a zonas educativas. El documento de bases dice que “entre las diversas variantes del concepto de destino o puesto de trabajo, la ley considerará tanto los centros docentes como las zonas escolares”. El sistema de provisión de plazas ya no será para un destino concreto, sino a una zona escolar, con lo que volverá la inestabilidad de los PNNs.

Para Isidro Cabello, “la propuesta es, sencillamente, la destrucción del sistema en que se basa la Secundaria: el principio de especialidad”. Este profesor y ex inspector se pregunta si con ello se pretende “definir perfiles que acaben coincidiendo exactamente con personas con nombres y apellidos –exactamente lo que pasa en la Universidad– y que ha producido la endogamia y el amiguismo más absolutos”. En definitiva, Cabello concluye que “cargarse la especialidad es el objetivo final: lo que interesa es un profesorado polivalente que sirva para todo y para nada, y, sobre todo, muy amigo del profesor de turno, que es quien ha de decidir el perfil”.

ANPE considera a este respecto que “las únicas plazas que pueden definirse en perfiles determinados son las de contingente (docentes sin destino definitivo), pero no las de la plantilla”. Este sindicato añade que “si se han de consolidar plazas ha de ser por el procedimiento ordinario del concurso de traslados, no por la puerta de atrás”. Además, el perfil de estas plazas de profesores lo ha de definir el Claustro –dice ANPE– ya que forma parte de sus competencias, con el visto bueno del Consejo Escolar. El equipo directivo podría hacer propuestas pero sería el Claustro el responsable último de la definición de estos perfiles.

Competencia de centros

En definitiva, la ley presenta, conscientemente o no, un nuevo concepto de Educación. “La propuesta de la Consejería –señala David Medina, de FETE-UGT– implica la diversificación de los centros públicos”. Cada uno tendría su perfil propio, concretado en una peculiar versión del plan de estudios y en una definición asimismo peculiar de la plantilla de profesores.
ANPE considera que se debe establecer un modelo de carrera profesional “que estimule a los docentes a mantenerse activos e implicados en los procesos de mejora de su función educadora, y que valore sus esfuerzos recompensándolos con mejoras retributivas, pero también con la posibilidad de acceder a nuevas responsabilidades”.

Medina añade que “cada centro tendría su especialización curricular, ajustándose lo mejor posible a la demanda de su entorno para ganar así matrícula y situarse como centro preferido de las familias de una determinada zona”. Según este sindicalista, “la diversificación de los centros es el primer paso para estimular la competencia entre ellos y esa pugna es el mecanismo adecuado para avanzar hacia su segregación en función del origen social del alumnado”.

Según Medina “este riesgo no está previsto en las bases de la ley y, en consecuencia, puede resultar muy difícil evitarlo”. 
Este delegado sindical concluye que “diversificar y dejar hacer no es una buena política educativa: no garantiza la cohesión social”.