ANPE propone invertir al menos un 6% del PIB en Educación
Las declaraciones programáticas de los partidos políticos ante las próximas elecciones contemplan la distribución del superávit de la economía con reducciones de impuestos o devoluciones de tasas. Según el sindicato ANPE, que preside Nicolás Fernández Guisado, “parece buen momento para exigir, además, un aumento en la inversión educativa”.
La disminución del gasto público destinado a la Educación en los últimos 10 años (4,63% del PIB en 1996; 4,47% del PIB en 2006; 5,5% del PIB de media en los países de la OCDE) es “un claro indicador de la escasa importancia que tanto el gobierno actual como los anteriores han otorgado a la Educación”, dice ANPE.
Para este sindicato “es evidente que la Educación en España necesita –además de cambios en el modelo educativo– una inversión económica bien diseñada, realista, concreta, pero también generosa”.
Según esta organización “es imprescindible aumentar el gasto público en dos ámbitos fundamentales: el profesorado y la enseñanza pública”.
Los salarios del profesorado se separan del nivel europeo a lo largo de la vida profesional. Además, las medidas de apoyo contenidas en la LOE que implican retribución económica siguen sin ponerse en marcha. Sólo se podrá atraer a la enseñanza a los estudiantes excelentes si se dota a la docencia de la retribución económica adecuada a su relevancia como función social.
Además, en la enseñanza pública debe aumentarse la inversión para que la Secundaria “ofrezca alternativas para paliar el fracaso escolar y asegure la preparación de todos”. ANPE asegura que “la igualdad de oportunidades sólo se garantiza en un sistema educativo que aspire a la excelencia”.
Otra de las propuestas de ANPE es que “disminuya el número de alumnos por clase, aumente el profesorado de refuerzo y se puedan hacer desdobles que garanticen la máxima calidad en la enseñanza de la lengua, las ciencias, los idiomas y las nuevas tecnologías desde la Infantil hasta el Bachillerato”. Que se “creen y doten de personal las aulas de convivencia; y aumente la proporción de aulas de integración y de enlace para facilitar la adaptación del alumnado de origen inmigrante a nuestro sistema educativo”.
ANPE reclama al menos un 6 por ciento del PIB, puesto que “la situación financiera parece que permite hacer promesas muy generosas”.