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Crece el número de divorcios para lograr plaza en un centro

El proceso de admisión de alumnos ha empezado ya en la mayoría de comunidades autónomas. Falsificar el domicilio o achacar a los niños ciertas patologías son otras artimañas que utilizan los padres para conseguir plaza en un colegio concreto.
Martes, 25 de marzo de 2008
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Lo que los padres son capaces de hacer por sus hijos no tiene límites. Incluso hasta separarse o divorciarse con el fin de obtener una plaza en un colegio concreto. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Andalucía desde que el pasado año se estableciera mayor puntuación para los hijos de padres separados o divorciados a la hora de acceder a un centro escolar. El proceso de admisión de alumnos ha empezado ya en la mayoría de comunidades autónomas y las artimañas a las que pueden llegar a recurrir los padres superan cualquier previsión.

El año pasado, el crecimiento de divorcios y separaciones en marzo llamó la atención en varios juzgados de familia andaluces, acostumbrados a que las rupturas matrimoniales aumentaran en otras épocas, sobre todo después de las vacaciones de verano. Algunos tribunales detectaron incluso que había parejas que, semanas después de separarse, volvían para solicitar la reconciliación.

Pilar Triguero, presidenta de la Codapa, en Andalucía, cree que la ley de divorcio exprés ayuda también a agilizar los trámites. A ella le resulta curioso que “el año pasado creciera enormemente el número de padres divorciados que elegían centros de gran tradición católica”. Sólo en Sevilla, la Junta de Andalucía detectó 26 casos seguros de fraude por parte de padres que alegaron estar separados o divorciados para obtener más puntos.

Cercanía al domicilio
Pero los divorcios no son la única maniobra a la que recurren los padres. Uno de los criterios en la admisión que más puntúa es la cercanía del centro al domicilio familiar, y aquí las estrategias son también bastante imaginativas. Juan María del Pino, presidente de la Confapa, en Andalucía, asegura que existen casos de padres que alquilan un piso próximo al colegio al que quieren que vayan sus hijos, se empadronan en casa de algún familiar o amigo, o incluso llegan a dividir su vivienda en varios pisos. Según el representante de la Confapa, el año pasado, sólo en Sevilla, se detectaron más de 700 reclamaciones por fraude, la mayoría de ellas en las solicitudes de los colegios concertados.

Sin embargo, según Pilar Triguero “las falsificaciones de domicilio tienen los días contados”. El motivo es que a partir del año que viene desaparecerán los certificados de empadronamiento o domicilio presentados directamente por los padres, y será la propia Administración educativa la que recabe esos datos en los ayuntamientos. Además, Triguero explica que “para que la solicitud sea válida, la residencia tiene que ser la misma desde al menos los seis meses anteriores a la fecha de comienzo de la matriculación”. Es lo que ya ha ocurrido con otros criterios, como el de la renta. Hace unos años eran los padres quienes aportaban los documentos. Ahora es más difícil alterar las cotizaciones e ingresos, ya que son las consejerías las que solicitan directamente esos datos a la Agencia Tributaria.

Con respecto al mayor número de irregularidades que suelen producirse en los centros concertados, la presidenta de la Codapa apunta que cada vez son más los públicos los que también sufren esas falsificaciones. Según Triguero, “son muchos los padres que eligen los colegios concertados, además de por el ideario religioso, por los servicios que ofertan, y que hacen posible conciliar la vida familiar y laboral, a través de actividades extraescolares, guardería, comedor o jornada de mañana y tarde”. Sin embargo, ella señala que “ahora algunas administraciones están dotando de esos servicios a determinados centros públicos por medio del plan de apertura de centros”. Por el contrario, Juan María del Pino opina que “la mayor demanda de concertados debería ser tenida en cuenta por las administraciones e invertir más en este tipo de centros para que los padres puedan disfrutar de un verdadero ejercicio de libertad de elección”.

Más enfermedades
Triguero también recuerda cómo en años anteriores también conseguían más puntuación los alumnos que padecían algún tipo de enfermedad crónica, lo que producía un aumento de justificaciones médicas asignando al niño alguna patología (celíaca o diabetes, por ejemplo). Pero parece ser que no se ha acabado totalmente con el timo de las dolencias. Palmira Cámara, del sindicato FSIE de Madrid y miembro de una comisión de escolarización, asegura que en ocasiones han acudido padres con informes médicos que recogían problemas psicológicos de sus hijos con el fin de que pudieran entrar al centro por la vía de las plazas reservadas para alumnos con necesidades educativas especiales.

Pero parece que la picaresca escolar no sólo procede de los padres. La Fapac, Federación de APAS de Cataluña, ha denunciado que existen centros que hacen contratos laborales de un día a los padres, de forma que éstos obtienen puntos como personal laboral y consiguen así prioridad en el proceso de admisión. José Luis Pazos, presidente de la FAPA “Ginés de los Ríos” de Madrid, lamenta que, “en ocasiones, en lugar de ser los padres los que eligen centro, son los centros los que seleccionan a unos determinados padres, lo que provoca permisividad de ese tipo de colegios con la documentación que se presenta”.

Comisiones escolares

En este sentido, Palmira Cámara, de FSIE, asegura que “las comisiones de escolarización (formadas por representantes de la Consejería, inspectores de la zona, sindicatos y directores de colegios públicos y concertados) funcionan con absoluta seriedad y todos sus miembros velan porque se cumplan todos los requisitos”. Emilio Díaz, vicepresidente de FERE Madrid, no es partidario de que las comisiones de escolarización tengan poder ejecutivo. Él piensa que “sólo deben ser subsidiarias de la relación familia-centro y su función debe ser únicamente proponer a las familias plazas escolares por si acaso no han podido encontrar”.

La escolarización se convierte así en una competición en la que las reglas no siempre se acatan, hasta tal punto que muchos padres recurren a abogados e incluso contratan a detectives para demostrar si los datos de los alumnos admitidos son ciertos. Para el presidente de la Confapa, Juan María del Pino, “al final lo que se consigue es convertir a los padres en enemigos unos de otros, se transforman en investigadores de quién es el compañero de su hijo, de ahí la importancia de que los padres puedan elegir el colegio de acuerdo con sus convicciones”.

Revisar las zonas y hacer un mapa más coherente
Para el vicepresidente de la Concapa, José Manuel Martínez Vega, “las falsificaciones son consecuencia de la estricta política de zonificación que limita el derecho de elección de las familias y las obliga a escoger un centro concreto”. Él denuncia que las Administraciones sean las que decidan exclusivamente esos criterios supuestamente objetivos sin contar con la opinión de los que verdaderamente les afecta. Vega asegura que “no hacer partícipe a la comunidad educativa de la definición de esos criterios produce incluso efectos perversos, como lo ocurrido en Andalucía, donde niños han tenido que desplazarse muy lejos de su casa cuando tenían un colegio a pocos kilómetros de su domicilio, pero pertenecía a otra provincia”.

¡Pedro Rascón, vicepresidente de la Ceapa, sin embargo, cree que los criterios de zonificación son bastante amplios. Él se muestra disconforme con respecto al criterio de libre determinación que algunas comunidades autónomas conceden a los centros. “Es la mejor forma –y aparte lícita– que tienen los centros para realizar una selección encubierta de los alumnos,computando el parentesco con antiguos alumnos, un buen expediente académico o ser hijo de funcionario público”.

Emilio Díaz, secretario regional de FERE en Madrid, está en desacuerdo con Rascón y considera muy importante que las normativas autonómicas recojan ese criterio de libre determinación que puntúe el grado de interés de una familia por un proyecto educativo. Él cree que el gran problema del procedimiento de admisión es que omite por completo la valoración del grado de apetencia e implicación de la familia con el proyecto educativo de un centro. El representante de FERE también aboga por un mayor equilibrio en las puntuaciones asignadas a cada uno de los criterios por parte de las administraciones autonómicas, para que no se produzca tanta desigualdad entre alumnos.

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