"Invito a cada Administración a que autoevalúe su competencia"

Juan Antonio Gómez Trinidad es el portavoz de la Comisión de Educación, Política Social y Deporte del Partido Popular.  Catedrático de Filosofía, ha sido director general de Educación del Gobierno de La Rioja de 1998 a 2008. Una de sus primeras iniciativas como diputado ha sido la propuesta de un pacto sobre Educación para la Ciudadanía y la petición de que se retrase el Bachillerato, entre otras demandas, que explica en esta entrevista.

El PP ha presentado ya varias iniciativas en el ámbito educativo. Sin embargo, alguna ya ha sido rechazada y otras están a la espera de respuesta por parte del nuevo Ministerio.
En primer lugar quiero decir que la estructura del ministerio es un tanto nefasta para el sistema educativo y estamos a la espera de que la ministra comparezca y nos diga cuáles son sus objetivos. Ya anticipo que la oposición del PP va a ser contundente, pero también constructiva. Es decir, siempre que digamos un no también diremos un sí. O diremos porqué.

¿Cuáles son los temas prioritarios?
Hay al menos dos carencias fundamentales: una es la baja calidad del sistema educativo español. No es una opinión de un partido, ojalá lo fuera, pero lamentablemente es un dato contrastado. Nosotros, con la responsabilidad que debemos tener, queremos colaborar a que esa calidad se eleve y,en segundo lugar, ir a una España que no sea de 17 velocidades.

¿Por qué piden un retraso en la implantación del nuevo Bachillerato?
Por varias razones. La primera y fundamental, la más importante, porque sería la primera vez que unos estudiantes inician una etapa educativa importante, fundamental, como es el Bachillerato, al término de la cual hay una prueba determinante en sus posibilidades de futuro y que no sepan cuál es esa prueba. La cuestión no es solamente organizativa. No, no, es real. Por no saber, no sabemos siquiera cuál es el Ministerio competente en la materia.

¿Cuál es la postura actual del PP en relación con Educación para la Ciudadanía?
Es la que hemos mantenido desde el comienzo. En primer lugar respetamos la objeción de conciencia. Nos parece que es básico para la convivencia democrática. Y, por lo tanto, aplaudimos y celebramos que haya padres que estén luchando por el reconocimiento de este derecho. En segundo lugar, no rotundo a la Educación para la Ciudadanía tal y como está concebida. Vamos a pedir que se retire hasta que el PSOE haga un replanteamiento.

Usted es crítico con la estructura del nuevo Ministerio. ¿Por qué?
Yo hago estas declaraciones cuando aún no he oído a la ministra, por lo tanto quiero señalarlo y destacarlo. En la comparecencia de la ministra espero que tenga los argumentos suficientes –aunque me temo que no, y que ella es la primera víctima de esta división– pero creo que la nueva estructura no va a ayudar nada a mejorar el sistema educativo español, ni el universitario ni el no universitario.

Como sabe, en la pasada legislatura no se llegó a un acuerdo en torno al Estatuto Docente. ¿Qué espera en este ámbito?
Espero que, de nuevo, la ministra se pronuncie al respecto. Yo no le voy a decir qué es lo que tiene que hacer o cómo lo va a asumir. Lógicamente es responsabilidad de ella. Lo que sí le recordaremos es que el Estatuto de la Función Docente está afectando a miles de personas que han realizado unas oposiciones para estar en un cuerpo docente de carácter estatal. Por lo tanto el Ministerio no puede hacer dejación de sus responsabilidades. Y, desde luego, las últimas noticias que están saliendo sobre la creación de cuerpos autonómicos, son muy preocupantes.

¿Cree que todavía es posible un Pacto educativo de Estado?
Yo creo que es posible y es necesario. Pero para que haya un pacto se necesita la voluntad de al menos los dos grandes partidos. Y si, evidentemente, un partido está más pendiente de contentar a una minoría que a la otra gran mayoría, pues no es un punto de partida positivo.

¿Sería un pacto sobre la base de mantener la LOE?
Creo que, respetando el cuerpo general de la LOE, caben modificaciones que cualquier gobierno –del PP o del PSOE– tendrá que hacer antes o después.

¿Cómo interpreta esa diferencia de resultados entre comunidades?
Por mi parte sería muy atrevido decir cuáles son las causas. Yo invito a que cada administración educativa –ahora que está tan de moda hablar de competencias y de evaluación de competencias –evalúe no solamente a los alumnos sino a las propias administraciones y que cada uno saque sus consecuencias.

¿No correspondería al Ministerio esa evaluación?
Creo que a partir de órganos externos, como es la evaluación PISA, o a través de las evaluaciones de diagnóstico, tienen que ser las propias comunidades las que deben dejar ya de ejercer siempre un “extraculpismo”.

¿Cuál es el futuro de la prueba de Selectividad?
Tal y como está concebida es un tanto absurda. Si por Selectividad entendemos selección u ordenación de alumnos para entrar en la Universidad en este momento no tiene sentido porque entran todos, excepto en algunas determinadas carreras donde se necesitaría una prueba específica. Ahora bien, qué es lo que ocurre en España, que no tenemos ninguna prueba externa al finalizar el proceso que sea de carácter común.

¿Por qué Valencia no participa en PISA ampliado?
Yo como portavoz de Educación tengo que decir cuáles son los principios del partido, y en esto como en Educación para la Ciudadanía, todas las comunidades del PP estamos unidas. Otra cosa es que en los instrumentos para conseguir esos objetivos haya diversidad de opciones; y la realidad de una comunidad como la valenciana es muy distinta de otras como la de La Rioja o la de Castilla y León. ¿Qué es lo que mantenemos en el PP? Pues que la calidad del sistema es un requisito fundamental exigido por todos los ciudadanos que, afortunadamente, cada vez son más exigentes. Y no hay calidad si no hay evaluación, y en la medida de lo posible censal, que afecte al mayor número de alumnos y de colegios. Todas las comunidades del PP están evaluando su sistema. Por cierto, aquellas que no hacen ampliación de muestra también son evaluados por PISA, dentro de la evaluación del Estado.