"Sería deseable devolver las competencias en Educación"

Adrián Begoña es el coordinador de Educación de UPyD, pero también es profesor de Música en un centro madrileño. Él ha sido el responsable de encauzar las diferentes propuestas de su partido en materia educativa, donde destaca el valor del esfuerzo y el trabajo, y la importancia de una escuela de calidad, pública y laica. MAGISTERIO se ha reunido con él para conocer más detalles de las mismas.

La propuesta, con matices, suena a híbrido entre PSOE y PP. ¿Dónde reside la diferencia?
UPyD quiere un sistema público, laico y de calidad, donde se valore el saber y el esfuerzo. Pero decir que queremos una Educación de calidad no es decir mucho, si a eso no le añades una serie de propuestas. Nosotros hemos contemplado algunas medidas que además, nos han sido transmitidas por los propios docentes. Por ejemplo: adelantar el Bachillerato y la edad de acceso a la Formación Profesional para todos aquellos jóvenes que tienen claro que quieren trabajar. También queremos que los jóvenes no puedan pasar de curso sin contar con un número de materias aprobadas. Poner fin a la promoción automática.

¿Quién a elaborado las propuestas?
Fundamentalmente un comité de profesores y maestros. Gente que está en activo y conoce el problema de cerca.

Se pide un sistema educativo público y laico, con la religión fuera del aula… ¿y los conciertos religiosos?
Bueno… La Concertada es escuela pública en el momento en que acepta el concierto y da un servicio público. Si un centro concertado quiere dar clase de Religión creemos que debe hacerlo en horario extraescolar, igual que se imparten otras muchas actividades.
UPyD lo que pide es que Religión se quede como una asignatura extraescolar y no computable, pero desde luego debe haber una opción para los padres.

Vuestra propuesta establece dos vías, con un Bachillerato más largo y una FP que comienza a edades tempranas. Suena a vuelta a la EGB y el BUP.
En el fondo es recuperar lo bueno que tenía el sistema anterior a la Logse, que te permitía elegir a una edad más temprana –de hecho para mí este es el punto fundamental que nos diferencia del PP y PSOE– pero contemplando que el alumno debe estar escolarizado hasta los 16 años. Antes el menor podía salir del sistema a los 14, ahora debe permanecer hasta los 16, pero con opción a una formación. ¿Cuándo? Eso debe determinarlo un comité de expertos. De lo que no cabe duda es de que existe una inquietud en este punto.

¿Qué ocurre con Secundaria?
nR. Nosotros queremos que haya dos itinerarios, pero el cuándo empezar… eso se lo dejaríamos a una comisión de expertos, pero creemos que antes de los 14.

También se habla de la no discriminación lingüística. ¿Qué proponen exactamente: cuántas horas, etc.?
Más que horas, nosotros hablamos del uso de la lengua vehicular en el aula. En España existen regiones en las que para que un niño estudie en castellano, debe ser matriculado en un centro privado. Desde UPyD  queremos que la red pública de centros ofrezca a las familias alternativas para que sus hijos puedan cursar las asignaturas en la lengua que ellos elijan. En el País Vasco ya existe esta opción.

El punto más polémico es el que habla de devolver las competencias en materia educativa  No va a ser un trabajo sencillo.
Bueno, una cosa es que sea algo sencillo y otra es que sea deseable. Si es fácil o no, todo depende de que los partidos políticos se pongan de acuerdo… Si el deseable, yo creo que sí. En los últimos años se han dado gran cantidad de competencias a las comunidades autónomas que quizá, desde el Estado se dirijan mejor; es el caso de la Educación, la transferencia de competencias está dando lugar a 17 sistemas educativos diferentes.

Pero a aquellas comunidades pertenecientes al territorio MEC –ahora Mepsyd–  tampoco les ha ido mejor.
Tienes toda la razón. Devolver las competencias es condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, si luego la ley que vertebra  todo es mala no haces nada. Habría que consensuar una nueva norma.

¿No sería suficiente con un Pacto de Estado?
Debe haber un pacto por parte de todos los partidos, donde se comprometan a no cambiar las leyes educativas, dejarlas funcionar al menos durante un período de 20 años mínimo. Además, esta ley debe nacer de un consenso con la comunidad educativa: padres, expertos, pero sobre todo profesores, que en las últimas legislaturas les han ninguneado.
Por lo tanto, dos puntos básicos: el Pacto de Estado para asegurar una cierta estabilidad y segundo, el consenso con todos los sectores pertenecientes a la comunidad educativa, atendiendo especialmente a los docentes que al fin y al cabo, en muchos casos son los verdaderos expertos.

Con la actual LOE se alardeó de consenso.
Sí, pero ahí están los datos: El PP no apoyó la  LOE y de hecho ha propuesto cambiarla si sale elegido. Por eso nosotros pedimos el acuerdo, para dotar a la norma de cierta estabilidad.

Toda Ley necesita un presupuesto. ¿UPyD podría cuantificar el gasto necesario para poner en marcha sus ideas?
No creo que la Educación se resuelva simplemente invirtiendo dinero, creo que el presupuesto depende de lo que necesiten los centros públicos para alcanzar un grado de excelencia. Las inversiones hay que hacerlas bien, si no no sirven; no es útil subir el sueldo a los profesores porqué sí, porque pagarles más no les va a hacer mejores docentes; habrá que invertir en formación, promoción e incentivos… por ejemplo.

¿El problema de la convivencia es tan acuciante como nos hacen ver los medios?
Creo que depende mucho del centro, de su ubicación y de su tamaño. En un centro pequeño es más sencillo controlar al alumnado porque le conoces mejor, mientras que uno grande tiene una estructura más compleja. También es un problema estructural, porque si no hay silencio en el aula y el profesor no puede dar clase, el alumno se aburre e interrumpe la clase evitando que se puedan impartir conocimientos y atentando contra el derecho a la Educación. UPyD considera esta situación grave y por eso una de las primeras medidas que ha tomado ha sido llevar una propuesta al Congreso para elevar al docente a la categoría de autoridad pública.

Esa propuesta va a gustar entre los profesores.
Es una vieja reclamación, pero es importante que el profesor cuando entre al centro adquiera esta categoría y se le den determinadas atribuciones, como la capacidad de sancionar a un alumno que le está reventando una clase. Además, queremos que a través de esta ley el profesor tenga el principio de veracidad.