"Ningún caso de violencia es leve; todos pueden derivar en situaciones graves"

Autor: Adrián ARCOS

Se muestra partidario de devolver la autoridad al profesorado y de aplicar las sanciones con rapidez y eficacia . Amador Sánchez Sánchez es consejero técnico del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid y ha coordinado el curso sobre Prevención de la violencia en la escuela que el Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid ha organizado dentro de la Universidad de Otoño. Los seminarios han girado en torno a la importancia de que los centros educativos cuenten con un plan de convivencia  y que el profesorado disponga de las competencias necesarias para desarrollar ese plan.

¿Cómo debe actuar el profesor ante una situación de conflicto?
Más bien la pregunta sería “¿cómo debe de actuar el centro?”. Yo creo que es una buena herramienta de trabajo que el centro se dote de un plan de convivencia. Ese plan implica todas aquellas actuaciones que, tanto estructuralmente como a nivel de aula, debe desarrollar un centro para conseguir no sólo actuar cuando ya ha surgido un conflicto, sino prevenir y fomentar una convivencia armónica y pacífica, y la integración de un porcentaje cada vez más elevado de inmigrantes. Esto se traduce en actuaciones de promoción de la convivencia, de determinada metodología de aula, como es el aprendizaje corporativo –es decir, cómo componer los grupos, cómo intervenir en la didáctica de las disciplinas para que el alumno se sienta cómodo y, al mismo tiempo, transmitir esa seguridad que necesita el alumno–. Y actuar con toda rotundidad y siempre que se produzca algún caso de violencia. Ningún caso de violencia es leve. Todos pueden derivar en situaciones graves. Además, debemos tener la sensibilidad suficiente como para saber qué está pasando en el aula, en los pasillos, en el patio y en el entorno del colegio. De ahí que esto es una cuestión de proyecto que a veces transciende a la escuela. Todos los trabajos que se está haciendo con la policía para la vigilancia del entorno es un proyecto en el que se tiene que involucrar la sociedad como modelo de convivencia.

Pero, aparte de la actuación del centro, el profesor deberá contar con una formación para saber desenvolverse en algunas situaciones…
Yo quiero decir que el centro ha de tener un plan en el que la primera pieza es el profesor. El profesor tiene que estar dotado de herramientas técnicas para que ante cualquier situación sepa responder, bien en el caso de disrupción, así como mantener la disciplina en el aula. También se le dan estrategias para detectar a través de la observación cuándo algún niño puede ser objeto de bulling o maltrato. El primer responsable y el primero que tiene que tener una capacitación adecuada es el profesor. Pero estas técnicas tienen que ser compartidas por todos los profesores, para que  no tengan posiciones contradictorias.

¿Cree que es necesaria una mayor formación del profesorado en estos temas?
Creo que el profesorado es el colectivo que, en este momento, está haciendo más por la integración y por la convivencia. Dicho esto, los cambios en la sociedad y la situación actual de  violencia general requieren de una reflexión, no sólo en la escuela, y de muchísima formación para mantener el equilibrio emocional del profesor y darle herramientas que le permitan hacerlo de una manera profesional y se sienta cómodo en su trabajo.

¿Le falta autoridad al profesorado?
Sí, de la misma forma que han perdido autoridad los padres. Se ha pasado de una situación que se consideraba excesivamente estricta a una falta de reglas y una permisividad –también derivada de la falta de tiempo de los padres– que repercute en la escuela.

¿Pero no puede ser que la normativa le haya quitado esa autoridad al profesorado?
También hay errores en la normativa. Yo creo que la norma tiene que ser clara con un hilo conductor en el que el responsable del aula y la autoridad es el profesor, y ahí no puede haber titubeos.

¿Debería de haber más rapidez a la hora de sancionar y menos burocracia?
Hay que reforzar dos elementos de nuestro sistema educativo: la autoridad y la rapidez de las respuestas. Pero esto hay que unirlo al estudio de las necesidades del alumnado durante su adolescencia. Cuando un sistema educativo es comprensivo, es decir, admite en su seno por ley como obligatorio a todos los niños hasta los 16 años, realmente eso lo hace mucho más complejo, y probablemente faltan elementos por desarrollar. Con respecto a la burocracia, aquello que tarda más de dos días en responderse va en deterioro de la convivencia.