Llei d´Educació de Catalunya: ¿una Ley para domeñar al profesorado?

Autor: José Manuel LACASA

Se ha discutido mucho sobre la responsabilidad de los distintos sectores en el fracaso de la Logse. Para los que sufrieron la Logse o los que han estudiado sus resultados, son los errores de la propia Ley la que la han llevado a la situación actual. Para los que la promovieron o defendieron, las causas suelen ser más alejadas del sistema: que si los alumnos cambian, que si los inmigrantes, que si la falta de financiación… Desde luego, si una lee la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), ya sabe a quienes echan las culpas sus autores: al profesorado, a su libertad y a sus derechos.

No es de extrañar que los sindicatos convoquen una huelga para el 13 de noviembre. Aspepc-SPS (federación de sindicatos de Secundaria) acusa a la LEC de la eliminación de los interinos –que pasan a ser personal laboral–, de hacer perder al profesorado las prestaciones de Muface o el derecho a presentarse al concurso de traslados, de la creación de un Cuerpo de directores a la medida de la Administración, de amiguismo en la constitución de plantilla y de que aumentarán las desigualdades entre los centros. Desde otro punto de vista, Ustec-STES la acusa de introducir formas de gestión privada en los centros públicos, de inversión insuficiente, de responsabilizar al profesorado de la pública del fracaso escolar o de presentar un modelo de evaluación punitivo.

MAGISTERIO ha tenido acceso a un informe sobre la LEC realizado por la Associació de Catedràtics d’Ensenyaments Secundaris de Catalunya (Acesc), una de las asociaciones que ya avisó de lo que se nos venía con la Logse (por cierto, muchos de sus desarrolladores están en el equipo que ha redactado la LEC). Preguntamos a Isidro Cabello, vicepresidente de Acesc, el porqué de esta Ley: “Porque quieren una Ley propia, porque necesitan mantener el tripartito –de ahí los guiños nacionalistas para ERC y los de la pública para ICV–, para mantener la Logse y para echar la culpa de la situación actual al profesorado”.

Lo primero que llama la atención es la poca concreción del proyecto que se ha presentado, pero según Cabello no es de extrañar, ya que “les falta convencimiento para sacar la Ley, aunque es una referencia de los que les gustaría hacer. Pero si concretaran más tendrían una oposición frontal”. A su juicio, “todo depende de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las competencias en Educación que se atribuyen en el Estatut”.

Una de las cosas curiosas de los creadores de la LEC es que ya son viejos conocidos de la Educación catalana y española, y muchos participaron en el desarrollo o implantación de la Logse, lo que deja dudas sobre la validez de un proyecto con bastantes puntos en común con la Ley de 1990. Pero el vicepresidente de Acesc nos apunta que “ellos se presentan como nuevos, y van diciendo que la Logse era una Ley española. Tampoco se plantean la justificación del proyecto, aquí la fe es fundamental: pero entre el profesorado falta la confianza”. “Ahora la Logse no es de nadie –ironiza–, pero todos la aplicaron con entusiasmo: PSC, CiU, ERC. Y sin embargo en la LEC no se habla de la situación actual, salvo con respecto a la formación del profesorado”.

Y sin embargo, esta LEC tiene muchos puntos en común con la Logse. Por ejemplo, ambas participan de la ideología de que cualquiera puede enseñar cualquier cosa, como atestigua cómo se plantea la “polivalencia” del profesorado de Secundaria o el punto c) del artículo 76.1 sobre los criterios de organización pedagógica: “adecuar la función del profesorado […] a las características de las necesidades educativas de cada edad, nivel y contexto sociocultural del grupo y de los individuos que lo integran”. Vamos, la cuadratura del círculo.

De momento hemos visto que es una Ley que pide milagros al profesorado, pero, ¿qué le pide a la Administración? “Pues no hay memoria económica, ni se obliga a apenas nada: por ejemplo, dice que los directores podrán evaluar al profesorado, pero nada dice de facilitar esa formación a los directores. Sólo se compromete a que los docentes no tendrán menos retribuciones, lo que es poca cosa”.

Una Ley desconectada
Una de las características de esta Ley es que está desconectada de las leyes estatales, y solo cita la Constitución y el Estatut. Pero esto en lo que se concreta es en la pérdida de derechos del profesorado, como ya han denunciado los sindicatos. Quizás uno de los ejemplos más claros es la sustitución de la libertad de cátedra por un término nuevo, la libertad académica. Según Isidro Cabello, “la libertad académica no existe, pues además de que es un término engañoso –lo entienden como libertad dentro del proyecto educativo–, quitan uno ya consolidado, que aparece en múltiples leyes y en la jurisprudencia. Es la manera de que no se pueda alegar nada contra ello.”

Porque la nueva estrella de esta Ley es el proyecto educativo: un proyecto realizado por el equipo directivo  y el claustro (dentro de unos límites bastante estrictos), y que debe ser aprobado por la administración. La Ley deja claro esto: el profesorado tiene el deber de “ejercer la enseñanza de acuerdo con los principios, valores, objetivos y contenidos del proyecto educativo”; y “los criterios pedagógicos del proyecto educativo de cada centro son de obligada observancia por parte de todo el personal que, de manera permanente u ocasional, trabaje en el centro, y su ejercicio profesional en el centro no los podrá contradecir”.

Para Isidro Cabello aquí está la clave: “Hay una obsesión porque no se escape nadie. Lo que se pretende es desprofesionalizar al profesorado, quitarle la dignidad, desmoralizarlo para poder manejarlo a su antojo”.