La Fiscalía ya consideraba al profesor como autoridad pública desde 2008

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha conseguido que en toda España se reabra el debate sobre la importancia de revestir al profesor de autoridad pública. Desde que anunciara el pasado día 15 que lo establecerá por ley, no han parado de lloverle críticas, la mayoría a favor. Aunque lo que parece una idea original de la presidenta, más bien ya se venía produciendo en la mayoría de comunidades. La propia Fiscalía General del Estado recomienda desde diciembre del año pasado que los profesores sean considerados autoridad pública cuando se produzcan agresiones, pero no obliga a los jueces en su fallo.

La novedad de la propuesta de Aguirre radica en que concede rango de ley a la autoridad de los profesores, como ya ocurre con otros funcionarios públicos, como médicos, policías o jueces. Con la nueva ley madrileña, la disposición publicada por la Fiscalía General ya no dependería de la interpretación personal de cada juez, que podía considerar la agresión simplemente como una falta grave. A partir de ahora los magistrados pueden aplicar a los docentes, como ya vienen haciendo en muchos casos, los artículos 550 y 551 del Código Penal, que consideran delito de atentado las agresiones a la autoridad pública. Las penas son de hasta dos o cuatro años de prisión y la multa de tres a seis meses.

Algunas Fiscalías autonómicas llegaron incluso a adelantarse a la estatal para tratar la agresión a un profesor como atentado a la autoridad. La Fiscalía de Cataluña lo realizaba desde 2006, y también lo contemplaban, por ejemplo, las de Andalucía, Galicia o Extremadura. Además, los ataques a los maestros son castigados con mayor dureza, están también mejor protegidos contra las agresiones verbales y gozan de presunción de veracidad, es decir, su palabra prevalece sobre la de los alumnos.

Decretos similares
Madrid tampoco es la primera autonomía en proponer una norma similar. El Decreto de Convivencia de la Comunidad Valenciana ya dio esta protección a los profesores en mayo de 2008, y en su artículo 44 indica que “la dirección del centro trasladará a la Conselleria de Educación y al Ministerio Fiscal cualquier hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta penal”. La Generalitat valenciana atiende a 37 docentes maltratados desde que entró en vigor el decreto.

Por otro lado, la Ley de Educación de Cataluña, aprobada el pasado mes de julio, no contempla al profesor como autoridad pública, pero sí al director del centro y al Cuerpo de inspectores. Pedro Ciudad, presidente de ANPE Barcelona, considera que “la LEC deja al profesor aún más indefenso, ya que agredir al director es grave, pero resulta muy barato realizarlo al profesor”. Además, según Ciudad, “la ley entra en contradicción, ya que cuando el director actúa como docente pierde toda esa protección”.

También el Decreto de Convivencia de La Rioja reconoce que “en el ejercicio de su función, los docentes actúan investidos de autoridad pública”. Sin embargo, los decretos de otras comunidades son más imprecisos. Según Francisco Padilla, presidente de ANPE Andalucía, “en ningún momento el decreto de convivencia considera autoridad pública al profesorado, a pesar de que la Fiscalía andaluza lo considere delito”. Otras comunidades, como Extremadura, Castilla-La Mancha o Galicia, cuentan con observatorios de la convivencia, que están “medio aparacados” como en el caso gallego, según denuncia Julio Díaz, de ANPE Galicia.

Reacciones a la propuesta de Esperanza Aguirre

–El ministro
Ángel Gabilondo hubiera preferido “que esta medida se hubiera incorporado dentro del Pacto” y advirtió de que “hay que contemplarla con mucho cuidado por las consecuencias penales que pueda tener”.

–Los padres
Para Pedro Rascón, presidente de la Ceapa, la propuesta madrileña es “un despropósito total y absoluto” y aseguró que la autoridad no se puede fijar por decreto. “Esto me recuerda demasiado a la vara de avellano y el miedo en clase de tiempos pasados que creíamos superados”, dijo Rascón. Para la Concapa “este refuerzo de la autoridad ha de ir acompañado de medidas dirigidas a la familia, como conciliación y formación, y a los medios de comunicación, planteando arquetipos de estudiantes con valores”. Según Mercedes Coloma, presidenta de la Cofapa, “el reconocimiento de la autoridad debe empezar en la familia, ya que es muy difícil exigir al alumno que respete al profesor en el aula si no respeta a su padres en casa”.

–El PP
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó que el pasado mes de julio su partido ya pidió que los profesores de toda España fueran autoridad pública”.

–El PSOE
José Antonio Alonso, portavoz del PSOE en el Congreso, aseguró que “elevar a los docentes a rango de autoridad jurídico-penal es competencia del Estado, y no de una comunidad autónoma”.

–Concertada y Privada
Tanto el sindicato USO como FSIE han apostado por extender la medida a los centros concertados y privados. Desde la patronal CECE se considera que “familias y docentes deben ejercer activamente su papel de educadores y ser capaces de trasmitir a los jóvenes su rol de autoridad competente”.

–Estudiantes
El Sindicato de Estudiantes considera que “las agresiones de alumnos a profesores son tremendamente excepcionales” y no cree que “la solución a los problemas de la Educación pública sea la criminalización de los jóvenes o de convertir las escuelas en centros represivos, donde la confianza y el buen clima entre los profesores y los alumnos desaparezcan por completo”.

–Sindicatos
Para ANPE es una de sus reivindicaciones históricas. El sindicato tiene en funcionamiento el servicio del Defensor del Profesor, que atiende las denuncias de los profesores agredidos y los ampara judicialmente. También ha pedido que el resto de comunidades imiten la propuesta de Madrid. UGT, por su parte, subraya que la ley “poco puede hacer contra la violencia física o psicológica que surge al margen de la vida escolar”. Para CCOO “este asunto debe abordarse en el Observatorio estatal para la Convivencia”. CSI-CSIF quiere resaltar la importancia de la violencia de baja intensidad que “no produce portadas de periódicos, ni conlleva la intervención de la Fiscalía, ni sensibiliza a las Administraciones”.