Una FP modernizada para un nuevo modelo productivo

Las graves repercusiones de la crisis económica en el empleo responden en buena medida a la escasa cualificación profesional de nuestros trabajadores y al tradicional abandono de las de Formación Profesional que, en comparación con los países de nuestro entorno, tienen un peso claramente insuficiente en el sistema educativo. Ante este hecho ineludible, es responsabilidad de todos, pero en particular de la Administración educativa, promover campañas informativas para prestigiar y revalorizar estos estudios, presentándolos a la opinión pública como una alternativa real para impulsar un empleo de calidad.
Paralelamente a esta campaña, las administraciones autonómicas deben ofertar una Formación Profesional con distintas modalidades para que los trabajadores y estudiantes puedan conciliar la formación con el trabajo o con otra actividad, garantizando así el derecho a la formación a lo largo de la vida. La apuesta por la investigación y la tecnología y por las energías renovables debería ser un buen pretexto para ampliar la oferta de especialidades en estas áreas.
En España nos faltan técnicos, especialmente de Grado Medio de FP, por lo que el primer objetivo tiene que centrarse en duplicar el número de estudiantes de esta etapa. Sin embargo, para conseguirlo no hace falta ninguna nueva normativa. Es más que suficiente con desarrollar la Ley 5/2002, de las Cualificaciones, y la Ley Orgánica de Educación (LOE) , para lograr una Formación Profesional que responda a los requerimientos de los estudiantes, a las demandas de los trabajadores y a las necesidades de nuestro sistema productivo.
La ampliación de la actual oferta formativa corresponde fundamentalmente a las comunidades autónomas, que han de desarrollar una planificación y una oferta adecuada a las necesidades presentes y futuras del sistema productivo. Esta oferta tiene que ser amplia y generosa  y no restrictiva, como muchas veces han hecho hasta ahora. Y además de calidad, con unos ciclos mejor equipados y con unos requisitos mínimos de los centros que garanticen la calidad (el Ministerio de Educación debería volver al criterio de los títulos publicados en BOE en noviembre de 2007) y con profesorado suficiente.
Además, todos los centros educativos de Educación Secundaria garantizarán una oferta suficiente de los nuevos Programas de Cualificación Profesional Inicial y su articulación con los ciclos formativos de Grado Medio al objeto de motivar la continuidad de los jóvenes en el sistema educativo y facilitarles el acceso a una titulación que les ofrezca mejores oportunidades de inserción laboral.
Si queremos cambiar el modelo productivo basado en el ladrillo y en la especulación generada en torno al mundo de la construcción, no tenemos otra alternativa que alentar una Formación Profesional basada en la innovación y el conocimiento. Por ello es necesario poner en marcha inmediatamente los Centros Integrados y los Centros Nacionales de Referencia. 
La Formación Profesional tiene que garantizar el derecho a la formación a lo largo de la vida a todos los trabajadores de este país, que somos la principal riqueza del mismo, para mejorar la situación socioeconómica del conjunto de la sociedad. Y ha de reconocerse formalmente, con garantías y objetividad, la adquisición de competencias en el mundo laboral, lo que a su vez permitirá el acercamiento de muchos trabajadores a la Formación Profesional Reglada. A este respecto habrá que poner en marcha las convalidaciones en la Universidad de los créditos reconocidos en la FP.
Insisto en la prioridad de fomentar la información y la orientación profesional, y disponer de una Formación Profesional con distintas modalidades para que los trabajadores y estudiantes puedan conciliar la formación con el trabajo o con otra actividad. En este sentido, será flexible y renovada continuamente para responder a las actuales necesidades de los sectores productivos y para anticipar las futuras.
Por último, una enseñanza profesional de calidad pasa por disponer de un profesorado reconocido socialmente, con unas adecuadas condiciones laborales y una sólida formación permanente, que le permita estar actualizado científica y pedagógicamente en un contexto económico tan cambiante. Ese reconocimiento a lo largo de nuestra vida profesional ha de traducirse en una verdadera promoción profesional de todo el profesorado que se articulará en el futuro Estatuto de la Función Pública Docente.
José CAMPOS
Secretario general de FE-CCOO