El Ministerio pone en jaque a la Concertada (2)
Como ya anticipé la semana pasada el Ministerio está enseñando los dientes a la escuela concertada. Desconocemos si responde a la clásica estrategia de presión-chantaje-intimidación o es puro sectarismo. Lo que sí sabemos es que el mismo Ministerio que está impulsando un Pacto educativo con una mano, con la otra golpea con dureza al sector ideológicamente más distante. El borrador de conciertos que MAGISTERIO adelantó la semana pasada hace buenas aquellas palabras de Cándida Martínez, entonces consejera de Educación de Andalucía y hoy portavoz de Educación del PSOE, cuando explicaba que el modelo en el que ellos creen es el de la escuela pública y que “la Concertada era algo coyuntural”, algo que hubo que asumir durante la Transición pero que tiene sus días contados.
El borrador hace buenas la palabras del PSOE y hace malas, muy malas hasta convertirlas en puro cinismo, las del Ministerio. Aquella tensión sorda entre Gabilondo y Ferraz de la que advertimos hace unas semanas comienza a ser insoportable y las buenas palabras y mejores intenciones del ministro empiezan a irritar a más de uno. Y algunos discursos como el pronunciado por la secretaria de Estado, Eva Almunia, en la inauguración del Congreso de FERE resultan una auténtica provocación con el borrador en la mano. Decía Almunia que la enseñanza concertada “debe seguir siendo la pieza clave que haga funcionar nuestro sistema educativo”. Me comentaba un congresista de la FERE que “ya está bien de que encima se rían de nosotros”.
¿Es para tanto el borrador? Pienso que sí porque ataca directamente y por primera vez desde la LODE el corazón o fundamento de los conciertos educativos. El Real Decreto que propone el Gobierno dice en su adicional sexta que los conciertos dependerán de la disponibilidad presupuestaria de las comunidades autónomas: si no hay dinero, no hay conciertos. Esto rige para las plazas concertadas, en ningún caso para las públicas, que no se cuestionan. Si esto llega a cuajar, los gobiernos autonómicos de turno podrán decidir cada año el número de plazas que conciertan sin necesidad de buscar otra excusa que la escasez de recursos. Así de fácil para el político y así de difícil para el juez que quiera evitar el cierre del colegio.
Pero la jugada ministerial tiene, además, un cierre perfecto. Resulta que el artículo 26 fija un máximo de 6 años para la concesión del concierto pero se ‘olvida’ de fijar un mínimo de 4 años como hasta ahora. De modo que el político de turno podrá decidir, cada año y en función de su disponibilidad presupuestaria, si renueva o no los conciertos educativos. En resumen, se han cargado la renovación automática de los conciertos por 4 años y, además, la han dejado al capricho del partido que gobierne en cada sitio.
Lo que está pasando –esperemos que no prospere– podía terminar pasando porque la fundamentación conceptual y jurídica de los conciertos, admitámoslo, no es muy sólida. Es cómoda para los centros y para la Administración, pero no es sólida. De hecho, nos obliga a tener que recordar que su razón de ser no es el derecho de los centros a ser subvencionados por el Estado sino el garantizar el derecho de las familias a elegir la Educación de sus hijos. Porque sólo si hay una oferta plural y gratuita ese derecho se hace efectivo.
Pero para el PSOE radical la libertad de Educación es un privilegio y no un derecho fundamental por más que esté reconocido en la Constitución. Por eso, supedita la pluralidad educativa a la disponibilidad presupuestaria. Es lógico.