“La autoridad legal y magistral le confiere mayor responsabilidad al profesor”

ANPE se prepara ya para celebrar el próximo mes de junio el congreso nacional en el que se procederá a la reelección de los cargos. Para su actual presidente, Nicolás Fernández Guisado, el objetivo es convertirlo en un sindicato moderno, ágil y eficaz, donde el profesor tenga una participación más directa. La campaña empezará en breve y estará marcada, en un principio, por los propios directores de los colegios, que denuncian el exceso de burocratización que existe en los centros.

¿Qué dificultades entiende ANPE que puede haber en el Pacto?
Muchas, en los puntos esenciales. En el modelo y la estructura se requieren cambios, y parece ser que hay reticencias a modificar la normativa básica actual. La estabilidad normativa no puede hacerse en torno al modelo educativo consagrado en la LOE que es el de la Logse, que consiste en una Educación comprensiva que ya está superada.

¿Y cuáles son los cambios que deben realizarse en el modelo educativo?
En Primaria queremos que el peso curricular lo tengan las materias instrumentales básicas: Lengua, Matemáticas y Lectura. En Secundaria hay que hacer un cambio profundo, una Educación mucho más flexible que anticipe salidas a los alumnos hacia determinadas vías sin llegar a los 16 ó 18 años anclados en un sistema que no ofrece apenas posibilidades de recuperación. Esa enseñanza se-cundaria tiene que ir hacia un Bachillerato de tres años, hacia una FP que constituya el eje estrella de la reforma de este tramo. Y abrir, incluso antes de los 16 años, vías alternativas a los alumnos para orientarles hacia un Bachillerato exigente, los PCPI, la FP, o incluso hacia el mercado laboral. Por lo tanto es una reforma profunda de gran calado, que cambie el modelo actual, y que se caracterice por un mayor valor del conocimiento, la evaluación y el esfuerzo.

¿Qué le parece la vertebración del sistema educativo que demanda el PP?
Necesitamos un Pacto que cohesione y vertebre nuestro sistema educativo. Venimos diciendo en los últimos años que corremos el riesgo de tener 17 sistemas educativos en el futuro. Si el Pacto no sirve para ser un elemento vertebrador no va a tener sentido, porque muchas comunidades ya tienen sus propias leyes, y esas leyes se han aprobado en torno al modelo actual, por lo que va a ser muy difícil reconducir la situación. También la lengua tiene que ser un elemento de cohesión, haciéndolo compatible con las lenguas vernáculas. Además, el Estado debe tener un peso importante en los currículos, al menos el que marca la última reforma educativa, 55%-65% según tenga lenguas vernáculas, pero no sólo es una declaración de un porcentaje, sino que el Estado tiene que cumplir con su papel de agente básico.

¿Y el profesorado, cómo tiene que verse reflejado en el Pacto?
Esa misma vertebración también es básica para el profesorado, sobre todo por el carácter de los cuerpos estatales, dentro de un sistema educativo en el que nos podamos mover por todas las partes del Estado con los requisitos de lengua. Y probablemente ya tengamos dificultades porque hay alguna ley educativa que va a crear sus propios cuerpos docentes.

¿Hay que recoger la autoridad del profesorado tanto en el Pacto como en el Estatuto?
En el Estatuto tienen que plasmarse elementos de dignificación y reconocimiento social de la función docente, como la autoridad, pero no como se está plasmando en el debate maniqueo que últimamente hay en la comunidad educativa, donde se relaciona con el autoritarismo. La autoridad bien entendida no tiene que ver con el autoritarismo, es la autoridad democrática, que recobre valores que son esenciales para la marcha educativa: responsabilidad, respeto y disciplina.

Pero muchas organizaciones se posicionan en contra de otorgar esa autoridad por decreto.
¿Por qué hay tantas reticencias para concederle el rango de autoridad legal a los profesores, cuando no hay ninguna para concedérsela a los concejales ni a los inspectores de Educación? De todas formas, la autoridad que nosotros demandamos no es sólo la que recoge el Código Penal, que la entendemos como un elemento ejemplarizante de cara a la sociedad. A los profesores se les encomienda una tarea muy importante para el futuro de la sociedad, nada menos que formar a las próximas generaciones, y esa labor en el aula hay que respetarla, y agredir a un maestro o profesor no puede ser igual que agredir a otra persona en el ejercicio de su función.

¿Se pueden reducir así las agresiones a los profesores?
Claro, con ese especial agravamiento se lanza a la sociedad un mensaje disuasorio y se evita así que cualquiera salte la valla del centro y le dé dos guantazos al profesor. Pero no nos quedemos ahí. También queremos avanzar en la autoridad académica, que se ha desprestigiado bastante, sobre todo cuando cualquiera puede cuestionar las decisiones que tome un profesor respecto a la corrección de sus alumnos, es decir la presunción de veracidad de sus palabras. Precisamente el reconocimiento de la autoridad legal y académica todavía le confiere una mayor responsabilidad, porque si hacen mal uso de ella y comete un abuso, también va a tener el profesor mismo un mayor reproche sancionador de cara a la sociedad. Nosotros no pedimos sólo derechos, sino también obligaciones.

ANPE publicará en breve los nuevos datos del Defensor del Profesor, correspondientes al curso 2008-09. ¿Qué cambios se han producido?
Afortunadamente van descendiendo las agresiones y amenazas graves. Lo que se mantiene son los conflictos de tono menor, las actitudes disruptivas, interrupuciones en clase, molestar e impedir dar clase, indisciplina… Pero estos problemas tienen que ver con el modelo actual. Se manifiestan sobre todo en Secundaria y tienen relación con esos alumnos que se sienten ya desmotivados, que están repitiendo, que el sistema no les ofrece nada atractivo y que no les ilusiona. Por eso es importante un cambio en el sistema educativo, para tratar que esos alumnos tengan un aliciente en su salida académica, en los PCPI, en grupos reducidos, en recuperaciones, con medidas educativas. No hay que provocar que un alumno agote sus expectativas, sino que el sistema sea flexible para orientarle y recuperarle en cualquier momento.

¿Y se están produciendo cambios en las familias?
La crisis de autoridad que existe en los centros no es sólo una crisis del profesorado, sino de las propias familias. La rebeldía e indisciplina que el niño demuestra en la escuela es un problema que ya en casa no ha tenido los fundamentos básicos de una serie de valores que son esenciales.

 

OTRAS IDEAS

– Autoridad
“Si nos escudamos en que por ley no se consigue nada, pues vamos entonces a quitar la autoridad a los diputados, a los concejales o a los senadores. Eso es una demagogia. La autoridad tiene que estar de modo ejemplarizante y ojalá nunca tengamos que aplicar el 550 del Código Penal, pero vivimos en una sociedad que no es idílica y en la que lamentablemente se producen agresiones en los centros”.

– Autonomía de los centros
“Otra cuestión fundamental consiste en profundizar en la autonomía organizativa y pedagógica de los centros. Y de esto no se está hablando en el Pacto. Porque se enuncie dicha autonomía en la ley actual, no quiere decir que se esté cumpliendo. No hay una verdadera autonomía ni en jornadas ni en calendarios, ni en muchas cuestiones. Hay un fuerte intervencionismo estatal todavía respecto a esa autonomía”.

– Burocratización
“Los profesores quieren dedicarse a su tarea principal que es enseñar y a transmitir valores y conocimiento, y no se les debe distraer con tanta campaña, encuesta y hojas que hay que rellenar continuamente”.