Los sindicatos rechazan la defensa que el PP hace de la libre elección de centros

Ni la forma ni el contenido han sido bien vistos por los sindicatos. El acto que el PP celebró el pasado día 18 en Toledo para presentar su documento sobre el Pacto ha sido calificado como “demasiado político e ideológico” y las propuestas como “privatizadoras”. Para FETE-UGT, por ejemplo, “la presentación del documento del PP no ha sido la forma idónea para contribuir al consenso que el Pacto necesita”. Según su secretario general, Carlos López Cortiñas, “marcar sus posiciones a través de un elaborado documento, que pretende ser una contrarreforma a las leyes educativas, en un acto de partido, deja poco margen para seguir avanzando”.

De forma unánime, y dentro de su acérrima defensa de la escuela pública, los sindicatos también se han posicionado en contra de la libertad de elección de centros que apoya el PP. Según CSI-F, “en realidad estamos hablando de la supeditación de la Educación a la demanda, lo que podría aumentar peligrosamente su privatización y convertir la enseñanza pública en subsidiaria del conjunto”. Este sindicato incide en que “la realidad es que la escuela pública soporta el 80% de los alumnos con necesidades, lo que crea una situación muy injusta, por lo que habría que potenciar esta enseñanza como principal responsabilidad del Estado”.

ANPE, aunque coincide en buena medida con las propuestas presentadas por el PP, sin embargo cree que “el tercer pilar del Pacto no debe sustentarse sobre la libertad de elección de centro –que ya existe de manera plena y está garantizada por la Constitución–, sino sobre el profesorado, su prestigio y el reconocimiento social de su tarea”. Este sindicato considera que “la libertad de elección sólo tiene sentido desde el refuerzo de la enseñanza pública y desde el reparto equitativo de todos los alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos”.

Desde FETE-UGT Cortiñas subraya que “la libre elección de centro debe estar matizada por una planificación de la escolarización y por la reubicación de la diversidad entre todos los centros sostenidos con fondos públicos”. El secretario general de la FETE también considera grave “la omisión interesada de algún párrafo acerca de las intenciones de los populares sobre el necesario equilibrio de las dos redes en el sistema educativo”.

Especialización curricular
Cortiñas también hace hincapié en el planteamiento que el PP hace de la autonomía de los centros, y en la que “se entrevé un apoyo de los centros de especialización curricular que ya recogía la LOCE”. Según Cortiñas, “a través de la autonomía se permite que un centro que gestiona dinero público pueda seleccionar al alumnado a través de una especialización del currículum”.

Por su parte, la Ceapa critica “la propuesta del PP de reducir en un año la ESO e impedir la consecución de unos objetivos básicos para todos los alumnos hasta los 16 años”. Para esta confederación, “el sistema propuesto por el PP derivaría hacia la FP casi exclusivamente al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje, lo que nos retrotrae a tiempos pasados, y es una mala noticia para los gobiernos de muchas comunidades, incluso en las que gobierna el PP, que están impulsando campañas para prestigiar esta etapa educativa”. La Ceapa advierte que “en esas condiciones, esta confederación no sólo no suscribiría dicho Pacto, sino que trabajaría para liderar una oposición al mismo junto a otras organizaciones”.

También STES considera que “mientras el ministro está pensando en prolongar la obligatoriedad hasta los 18 años, el PP quiere volver a los años 80 del pasado siglo, es decir, a sancionar los resultados académicos obtenidos por el alumnado cuanto antes, para empezar con la doble vía lo más pronto posible”. Según STES, este planteamiento significa “menos alumnos en Bachillerato, más en una FP pensada para quienes no pueden hacer otra cosa y, por tanto, en las antípodas de poder devenir un tramo con la misma calidad que el reservado para los futuros titulados universitarios”.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, durante su encuentro con el ministro el pasado día 18, propuso la constitución de una Mesa de Diálogo Social en materia educativa, como las que ya existen en Sanidad y en Dependencia, en la que “se negociaría el desarrollo del Pacto en el caso de que finalmente sea suscrito por los principales grupos políticos y por los agentes sociales”.

LOS OPOSITORES DE EPC TAMPOCO APRUEBAN LA PROPUESTA

• Otro de los elementos que ha creado polémica dentro de las propuestas del PP para el Pacto ha sido la modificación de Educación para la Ciudadanía.
• Los populares piden la supresión de la actual EpC en Primaria.
• En Secundaria se muestran a favor de mantener la asignatura, pero “elaborando unos nuevos contenidos que han de proporcionar a los alumnos el conocimiento de la Constitución”.
• Por último, en Bachillerato exigen establecer la asignatura de Filosofía (actualmente reemplazada por Filosofía y Ciudadanía), “despojándola por tanto del empobrecedor planteamiento que la concibe bajo el hilo conductor de EpC”.
• Profesionales por la Ética, una de las organizaciones que desde el principio se posicionó en contra de la asignatura, considera en principio “aceptable la propuesta del PP de reformar EpC”. Sin embargo, el secretario general de esta asociación, Fabián Fernández de Alarcón, cree que esa propuesta “presenta algunas deficiencias que deberán ser corregidas o completadas” y que son las siguientes:
• “No se especifica cuáles serán los objetivos, criterios de evaluación y competencias de las asignaturas de EpC a pesar de que estos apartados son precisamente los que conforman (en ma-yor medida que los contenidos) el carácter adoctrinador de estas materias escolares”.
• “La referencia a los valores constitucionales resulta un tanto imprecisa, dado que el actual Gobierno también presume de impartir exclusivamente esos valores en EpC”.
• Finalmente, Profesionales por la Ética recuerda al PP que, “para ser creíble en materia de reforma de EpC, debería respetar y proteger a los padres que mantienen su objeción a EpC en comunidades autónomas en las que gobiernan, como Madrid (donde los objetores están siendo presionados e incluso amenazados) y Castilla y León (donde el gobierno regional ignora a los objetores a EpC a pesar de que la Justicia ha eximido de cursar estas asignaturas a 550 alumnos)”.