“El problema no es la guerra de lenguas, sino el modelo pedagógico”, dice el PP

El ministro, Ángel Gabilondo, acudió para escuchar aportaciones concretas a su documento sobre el Pacto, un texto que él mismo reconoció como “poco concreto”. Pero finalmente fueron las competencias autonómicas, y en especial el tema lingüístico, los que centraron la Comisión de Educación celebrada el pasado día 4 en el Congreso de los Diputados. Y no podía ser de otra forma ante la presencia de los grupos parlamentarios constituidos por ERC, PNV, BNG o CiU. Aunque fue el propio ministro el que dio pie a este debate lingüístico finalizando su discurso con dos asuntos que, a su parecer, estaban “generando debate en la opinión pública: las lenguas y la libertad de enseñanza”.

Gabilondo defendió que “los sistemas actuales de las comunidades con idiomas cooficiales son fruto de consensos sociales de cada territorio y están avalados por parlamentos democráticos y representativos, además de por la propia doctrina y jurisprudencia constitucional”. Pero para comprobar el conocimiento del castellano, el ministro anunció que “hemos propuesto una evaluación de diagnóstico de lengua castellana en todas las comunidades”, y recomendó también “no prejuzgar los resultados”.

Enseguida, el portavoz de ERC, Joan Tardà, recriminó al ministro esta propuesta cuando “en Cataluña tenemos por ley una Agencia de evaluación y nosotros sabremos perfectamente cómo evaluar”. Asimismo, el portavoz republicano no tardó en exigir que “el Pacto permita de una vez por todas desconflictivizar las lenguas y garantizar el blindaje de los sistemas educativos que han optado por la inmersión lingüística”. Y lanzó un mensaje claro al PP, partido que, según Tardà, “está alimentando el enfrentamiento lingüístico desde hace muchísimos años, pero son tan contradictorios que no han recurrido al Tribunal Constitucional el artículo 15 de la Ley de Educación de Cataluña, que es el que garantiza la inmersión lingüística, ¿en qué quedamos?”.

La centralización del debate en el conflicto lingüístico y las acusaciones al PP, hicieron que su portavoz, Juan Antonio Gómez Trinidad, afirmara en su intervención que “no es la guerra de las lenguas el problema educativo de este país, sino el modelo pedagógico subyacente”. Se refería exactamente a “los principios sobre la que está asentada una ley aprobada hace tres años, y que ahora viene a revisarse mediante el Pacto, cuando todavía no se ha acabado de implantar”.

Gómez Trinidad leyó la introducción de la LOE que recoge “los principios de calidad, de esfuerzo, la vertebración del sistema educativo, así que el PP habla de unos valores que son sencillamente trasposiciones literales de la LOE, pero que por malas prácticas no se están cumpliendo”. El ministro le recordó que incluso los artículos de la LOE y la LOCE tienen en su mayoría una idéntica redacción. Gabilondo subrayó que “no se está hablando de vertebración política o social de nuestro país, sino de vertebración del sistema educativo que está en el fondo de la idea misma del Pacto”.

El portavoz popular recordó también que “el PP tiene experiencia de Gobierno en todas las comunidades –excepto en una– donde hay lenguas cooficiales, y lo que hace es adoptar distintos procedimientos, pero siempre garantizando que se pueda aprender y enseñar en castellano”.

La lengua llegó también al terreno de los dos tercios de la Cámara con los que el Ministerio quiere contar para llevar a cabo cualquier cambio normativo. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, pidió que “en un ámbito como la Educación, con una diversidad lingüística como la que tiene este país, deberíamos hilar más fino y pensar que ese consenso pase también porque las administraciones con lengua propia dieran también su OK”.

Para la portavoz del Grupo Mixto, Mª Olaia Fernández Davila, “el problema lingüístico se crea cuando es inexistente, porque no existía en la sociedad, salvo la desventaja que tiene la lengua minoritaria”.

PASA DE LARGO LA LIBERTAD DE ELECCIÓN

• La libertad de elección de centros pasó mucho más inadvertida que el problema lingüístico. Salvo el Grupo Mixto y el Catalán, los demás, incluso el PP, pasaron por alto la referencia del ministro sobre “un asunto que estaba generando debate en la opinión pública”.
• Para la portavoz del BNG, Mª Olaia Fernández Davila, “no nos oponemos a que cada familia decida la Educación que le quiera dar a sus hijos y que elija por lo tanto su centro escolar; lo que no podemos compartir es que se confunda la libertad de elección de centro o la libertad de enseñanza con el derecho de que el Estado tenga que subvencionar o costear las plazas de Educación correspondiente”.
• Desde otro punto de vista, la portavoz de CiU, Mercè Pigem, exigió que “se aborden los módulos de concierto, para valorar el impacto del coste total de la gratuidad”.
• Lo que no pasó de largo fue el dinero que el Ministerio pretende invertir en el cumplimiento del Pacto, y que alcanza los 600 millones de euros, que es la misma cantidad dedicada en 2010 para el desarrollo de la LOE.