La reforma que quiso pactar el PP

Sin cambio de modelo no hay Pacto posible. El PP quiere que el Gobierno reconozca el fracaso del modelo actual que, para el principal partido de la oposición, es el modelo socialista iniciado en la Logse y en el que seguimos. Ninguna concesión, por tanto, al tópico según el cual cada Gobierno cambia la legislación educativa a su antojo y así, claro, no hay forma de garantizar buenos resultados. Cuando todavía no se ha implantado un sistema ni se han comprobado sus resultados, viene un nuevo Gobierno y lo cambia. Nada de eso.

Rajoy lo recordó en Toledo: “llevamos más de 20 años con el mismo modelo educativo aprobado por el Partido Socialista porque la Ley de Calidad aprobada durante el gobierno del PP, no entró en vigor porque el actual Gobierno la liquidó sin debate alguno mediante un decreto ley a las 48 horas de alcanzar el Gobierno”. Por lo tanto, o hay cambio de modelo o no hay Pacto.

Y las bases del nuevo modelo deben asentarse sobre tres pilares: calidad, libertad y formación común a todos y en todo el Estado. Ése es el cambio de modelo que el PP quiso asegurar en el marco del Pacto y del que no sabemos si el Gobierno –con el permiso del PSOE– estará dispuesto a admitir.

El documento ministerial, en este sentido, tiene muchas sospechosas lagunas en temas esenciales como para contar con la aprobación del PP. Es más bien un documento continuista, que recoge muchas propuestas generalistas e inconcretas, ya presentes en la LOE, objetivos europeos, pequeñas reformas, como la de un 4º de ESO con dos opciones: la dirigida al Bachillerato o la FP, y otras buenas intenciones.

Y sin embargo, y pese a que entre más de 100 propuestas bien se podrían haber incluido todas las demandas de los padres en cuanto a la libertad de elección y de ejercicio de la Educación, el documento la omite por completo.

Sí se menciona, en cambio, el deber de asegurar la escolarización equitativa del alumnado con necesidades educativas especiales, con especiales dificultades de aprendizaje, alumnado inmigrante o procedente de minorías étnicas o culturales entre todos los centros públicos y concertados, pero sin aludir a que se les dotará de los mismos medios y financiación acorde con este deber de escolarizar equitativamente.

La libertad de las familias queda supeditada a la “programación de la administración educativa”.

Y a pesar de que el Gobierno actual fue el primero en no respetar la estabilidad normativa, derogando la LOCE, ahora se permite afirmar en el documento de debate que “de cara al futuro es necesario lograr soluciones dialogadas y, por ello mismo, estables y duraderas”. Y en lo que respecta a la necesidad de realizar reformas legales como demanda el PP, ahora el Gobierno pide que nos pongamos de acuerdo “en la mejor aplicación, y en su caso mejora de las ya existentes”. El documento afirma que “existe todavía un largo camino por recorrer, dentro del marco normativo actual, para impulsar y mejorar el modelo y la cultura educativa”. Pero deja abierta la puerta. “De todo ello se deduce que si como consecuencia del Pacto se estima que debe realizarse algún cambio normativo, se promoverá y se hará”. Eso sí, con el apoyo de dos tercios del Parlamento.

En definitiva, el PP insiste en que “desde 1990 en España se ha implantado un modelo educativo (el de la Logse) que con muy leves retoques viene funcionando desde hace ya 20 años”. La tesis de la “inestabilidad” del sistema educativo español como causa de sus males carece pues de fundamento.

Si vamos a los datos objetivos, los resultados de este modelo, lejos de ser satisfactorios, constituyen un “rotundo fracaso”, en palabras del PP. En primer lugar, se constata un grave fracaso escolar (el 30,9% de los alumnos no culmina la enseñanza obligatoria), un alarmante abandono escolar prematuro sin cualificación profesional alguna (31,9%) . Además de un “deterioro de los valores del esfuerzo, de la responsabilidad y de la autoridad, que resultan imprescindibles para el éxito de la tarea educativa”, como viene recordando la oposición y otras muchas instancias ajenas a la política.

También se presentan graves deficiencias en el aprendizaje de las materias básicas a lo largo de las diferentes etapas educativas. En datos, un 25,7% de alumnos con el nivel 1 o menos de competencia, el más bajo en escala de lectura de PISA; y un 24,7% con el nivel 1 o menos de competencia, el más bajo en escala de Matemáticas de PISA.

El PP constata también la “incapacidad” para lograr unos niveles de excelencia en conocimientos y competencias homologables a los sistemas educativos de otros países.

Un 1,8% de alumnos con el nivel 5 –nivel de excelencia– en la escala de lectura de PISA, frente al 16,7% que obtiene Finlandia; y un 7,3% de alumnos con un nivel 5 y 6 –nuevamente el nivel de excelencia– en la escala de Matemáticas frente al 24,4% obtenido por Finlandia.

Por otro lado, el PP recuerda asimismo que hay “serias dificultades para mantener el clima escolar adecuado en los centros y garantizar el derecho al estudio”. Y una incapacidad para proporcionar a los jóvenes la formación requerida para su inserción laboral y profesional, lo que se traduce en un abrumador paro juvenil, que ya supera el 42 por 100.

Otro aspecto en el que el Gobierno no encuentra dificultad alguna es el de la enseñanza del castellano. Sin embargo, el PP tiene mucho interés en garantizar el derecho a estudiar en castellano en todo el territorio nacional y en todas las etapas del sistema educativo, que es un derecho básico e irrenunciable. El Partido Popular dice que promoverá una legislación básica que garantice el ejercicio de este derecho en toda España.

Igualmente, en el ámbito del currículum, el PP dice que debe ser común y que los libros de texto de las diferentes materias tengan también un tronco común igual en todas las comunidades autónomas. Por eso, este partido quiere que el Pacto educativo propicie “un acuerdo con el sector editorial para la consecución de este objetivo, sin perjuicio de la libertad que corresponde a cada editor y autor de desarrollar los contenidos conforme a sus criterios pedagógicos”.

Como consecuencia de la aplicación de todas estas medidas, el objetivo final es reducir el abandono temprano desde el 31% actual hasta el 10% fijado por la Unión Europea para 2020.

Y además mejorar los resultados escolares en lengua y matemáticas y ciencias, para que, al menos el 85% de los alumnos de 15 años, alcance o supere los niveles de conocimientos y competencias establecidos por la UE para ese año.

Junto a ello, alcanzar una tasa de graduación en Secundaria superior del 85%, promover una Formación Profesional para el empleo, de alta calidad tecnológica, en el marco de la formación a lo largo de toda la vida; y eliminar la distancia que nos separa de la media de la UE en cuanto a la proporción de alumnado que se titula en FP de Grado Medio (nos separan 17 puntos ).

Y nuestra asignatura pendiente: mejorar la enseñanza y el aprendizaje del inglés; promover la cohesión del sistema y reforzar las tecnologías.

Los ejes de la propuesta del Partido Popular

Además de los pilares sobre los que se ha de asentar el Pacto, el PP propone una serie de objetivos cuya consecución pasa por una serie de reformas:

–Fondo de cohesión
Creación de un Fondo para la Cohesión y la Calidad de la Educación, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El fondo contribuirá a la solidaridad interterritorial de conformidad con el principio de equidad. Se impulsará la evaluación sistemática del impacto del gasto sobre la mejora educativa.

–Diploma de excelencia
Al final de cada etapa, los alumnos con mejores expedientes académicos recibirán un Diploma de Excelencia como reconocimiento al trabajo realizado. Este diploma constituirá mérito preferente para acceder a cualquier tipo de ayudas, becas y premios que puedan establecerse.

–Premios extraordinarios
Se generalizarán las convocatorias de Premios Extraordinarios de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

–Evaluación nacional
Al final de cada etapa el Estado, en colaboración con las comunidades, realizará una evaluación nacional externa a todos los alumnos y a todos los centros.

–Secundaria
Dos ciclos: Educación Secundaria General (tres años, de 12 a 15) y Secundaria Superior (de tres años, de 15 a 18); ésta última con dos vías, Bachillerato y Formación Profesional.

–PCPI
Estas enseñanzas se ofrecerán a todos los alumnos con 15 años que hubieren cursado, al menos, los dos primeros años de Educación Secundaria General. Los PCPI conducirán al título de Graduado en Secundaria, sin perjuicio de la obtención del Certificado de Profesionalidad de nivel 1.

–Ciudadanía
Establecer en Primaria una formación cívica de carácter transversal, exclusivamente en los valores y principios de la Constitución. Nuevos contenidos en Secundaria, basados en la Constitución. Restablecer la Filosofía en el Bachillerato.

–Estatuto y cuerpo estatal
Elaborar el Estatuto Docente, con el mantenimiento de los cuerpos nacionales.

–Grado de director
Introducir el grado de director en la carrera profesional y consolidarlo.

–Centros especializados
Impulsar los centros de especialización curricular, que ofrezcan proyectos diferenciados mediante el refuerzo y ampliación de los currículos en distintos ámbitos.