Jóvenes con síndrome de Down que se van de casa

Raúl, un joven de 32 años, acaba de independizarse y comparte piso con Patricia y Lorena, dos chicas de 27 años. Esta historia podría reflejar la realidad de muchos jóvenes españoles que deciden abandonar el hogar familiar, sino fuera porque tienen discapacidad intelectual. El proyecto Domus de la Fundación Síndrome de Down les ha ayudado a dar este paso.
El 28 de enero de 2006, y tras observar las principales necesidades y peticiones de las personas adultas con discapacidad, la Fundación decidió crear este programa, gracias al cual jóvenes con discapacidad intelectual adquieren habilidades de la vida cotidiana con el fin de tener una vida autónoma con los apoyos necesarios.
Tras tres años de vida y algunos cambios en su estructura, el proyecto Domus se presenta hoy en tres fases. La primera es la de formación y en ella los participantes empiezan con una clase una vez a la semana donde les enseñan habilidades de autonomía en el hogar. Durante un periodo de tres meses compaginan estas clases con una estancia de un fin de semana al mes en un piso para poner en práctica todo lo aprendido.
La segunda fase es la de convivencia en la vivienda y combina el aprendizaje con periodos más largos de vida en común. De hecho, los jóvenes pasan a vivir una semana sí y otra no en el piso, lo que les permite ir adaptándose poco a poco y decidir si de verdad quieren dar el paso hacia la vida independiente de forma continua.
Lorena, Patricia y Raúl han sido los primeros en llegar a la última etapa del proyecto. Los tres viven en un piso en el madrileño Barrio del Pilar, donde la vida transcurre de forma natural y normalizada: durante el día cada uno acude a sus trabajos –Lorena y Patricia a unos centros ocupacionales y Raúl al Starbucks– y luego hacen frente a las tareas del hogar.
El programa Domus cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid, que ha cedido a la Fundación Síndrome de Down dos pisos nuevos en régimen de alquiler subvencionado y, a través de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, subvenciona parte de los gastos del piso tutelado.
En este sentido también trabajan el Ministerio de Educación y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que han firmado un convenio de colaboración la semana pasada para impulsar la contratación pública y el empleo de personas con discapacidad.
Dentro de los compromisos alcanzados, destacan una serie de medidas de aplicación directa en la contratación administrativa que tendrán efectos inmediatos. Entre ellas, la exigencia a los empresarios que cuenten con 50 o más trabajadores que acrediten el requisito legal de emplear al menos al 2% de trabajadores con discapacidad.