El Gobierno opta por no recurrir la Ley de Educación catalana ante el Constitucional
Maragall y el ministro Gabilondo.
Los dudas que se hicieron públicas el pasado mes de octubre se han desvanecido. El Gobierno ya no tiene reservas sobre la Ley de Educación de Cataluña (LEC) y ha optado por no llevarla ante el Tribunal Constitucional.
Seis meses atrás fue el propio Ejecutivo el que pidió al conseller de Educació, Ernest Maragall, hablar sobre algunos artículos de la Ley de Educación alegando que ciertos títulos contenían un “conflicto de competencias”.
Fue entonces cuando Maragall reveló que el Gobierno le había planteado “dudas y cuestiones de interpretación”, en torno a dos bloques básicos en la norma.
El primero afectaba la capacidad de los centros escolares de Cataluña de determinar el currículum escolar y sus horarios –factor que choca directamente con la tercera hora de castellano a la que insta a cumplir un decreto ministerial–, y el segundo tenía que ver con la creación del cuerpo de docentes de la Generalitat.
Según dejó entrever el Gobierno, ambos aspectos podrían ser incompatibles con la Ley Orgánica de Educación (LOE) y con un Real decreto sobre las enseñanzas mínimas.
Si bien desde un principio los representantes del Ejecutivo de Zapatero quisieron dejar claro que el Constitucional no estaba en sus objetivos, la labor de un representante de la Conselleria catalana ha sido clave para evitar esta situación.
La baza de Colomé
El secretario de Políticas Educativas del Gobierno de la Generalitat, Francesc Colomé, consiguió cerrar con representantes de varios ministerios de Educación, Economía y Política Territorial un acuerdo interpretativo que desvanece los recelos del ejecutivo de Zapatero sobre el contenido de algunos puntos de esta norma aprobada al Parlamento de Catalunya por PSC-ERC y CIU.
Además, Maragall se ha visto varias veces con el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, para intentar limar diferencias, defendiendo que la LEC respeta el Estatuto y la Constitución. Así, con tal de evitar la confrontación, incluso el ministro Gabilondo subió a la palestra alegando que el hecho de que los centros tuvieran libertad para escoger su currículum permitiría hacer más horas de castellano en los centros con carencias de este idioma.
Colomé, no obstante, ha tenido un papel activo en la negociación técnica con múltiples contactos interdisciplinares con el Gobierno de Zapatero a lo largo de estos meses.
El plazo del ejecutivo español para agotar la vía del diálogo antes de recurrir al Constitucional acababa la semana pasada. El acuerdo al que se ha llegado se basa en la interpretación de algunos preceptos que no comportará la modificación de la LEC, que fue votada en el parlamento catalán el año pasado. De esta forma, el ejecutivo catalán seguirá con el despliegue de esta norma.
Por otro lado, cabe recordar que el Grupo Popular del Congreso presentó en octubre un recurso de inconstitucionalidad ante el TC a32 artículos de la LEC ya que, en su opinión, “no promueve una sociedad abierta y limita los derechos lingüísticos, blindándolos inconstitucionalmente”.