El Pacto definitivo integra a la Pública y a la Concertada en un único servicio educativo
La comunidad educativa ha recibido con desigual interés el último borrador de propuesta de Pacto. El ministro ha dado 15 de días de plazo, que terminan el 6 de mayo, para concluir el proceso. Entre los sindicatos de Educación, los comentarios se centran en torno a si el texto recoge o no sus propuestas. FETE, afín a las posiciones del Gobierno, asegura que el último borrador “mejora sustancialmente los anteriores”. Esta organización destaca que el documento define el “servicio público de la Educación”. Sobre el mismo aspecto, FE-USO asegura que “se define por primera vez la Educación como un servicio de interés público”. El matiz es importante.
STES, por su parte, critica que “el Estado financie cualquier opción procedente de la iniciativa privada” y el sindicato nacionalista gallego CIG-Ensino se lamenta de “propuestas que refuerzan la enseñanza privada concertada”.
En definitiva, que el Ministerio parece asumir sobre el papel las demandas de la enseñanza concertada. Escuelas Católicas, representante mayoritario de este tipo de centros, “reconoce y valora algunos progresos en el documento, pero sigue preocupada por algunas cuestiones de calado”. Entre los progresos, los religiosos citan la extensión de los Programas PROA a la Concertada, la constitución de la Mesa de Negociación de estos centros y que se haya fijado fecha para el estudio de la cuantía de los módulos de concierto.
En el debe, la patronal de centros de religiosos señala que la libertad de elección “continúa supeditada a la programación de las administraciones educativas; por la ausencia de alusiones a los titulares de centros como parte de la comunidad educativa y por la falta de referencias a la asignatura de Religión”.
Más allá de los principios y de las ideas, y en un ámbito mucho más práctico, es más fácil señalar las lagunas. CSI-F echa en falta un Bachillerato de tres años y el reconocimiento del profesor como autoridad pública. ANPE cree que el documento omite temas muy importantes como los relacionados con la “vertebración de las enseñanzas”.
En la mejora de las condiciones de trabajo de los profesores, los sindicatos son cautos a la hora de valorar las referencias un tanto ambiguas a que se negociará el Estatuto en el transcurso de este año 2010 o la posibilidad de prorrogar la jubilación LOE hasta que se regule el tema en el Pacto de Toledo.
CIG y STES coinciden en que no se recoge ninguna medida encaminada a la reducción de las ratios de alumnos por profesor “a pesar –dice la CIG– de que los máximos están fijados desde hace más de 20 años”. Por su parte, FETE-UGT cree que “la gran novedad del documento es la referencia específica al desarrollo de las mesas sectoriales tanto de la Pública como de la Concertada”, con lo que esto significa para avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo de los docentes.
Opiniones de los representantes educativos
- FETE-UGT
“A nuestro juicio, se trata de un documento que define el servicio público de la Educación, comprometiendo tanto a ala red pública como a la red concertada con los problemas del sistema educativo, manteniendo, además, la libre elección de centros vinculada a la planificación de la escolarización y no a las leyes mercantiles”.
- STES
“No podemos compartir que, en nombre de la libertad de elección de centro, el Estado financie cualquier opción procedente de la iniciativa privada”.
- ANPE
“Aunque omite aspectos muy importantes, como los relacionados con la vertebración de las enseñanzas, sí contiene modificaciones en el modelo y estructura del sistema educativo que se corresponden con reivindicaciones de ANPE”.
- FE-USO
“Se define por primera vez la Educación como un servicio de interés público (lo que debe eliminar que la escuela concertada sea considerada subsidiaria de la escuela pública)”.
- CIG-Ensino
“En lugar de avanzar en la descentralización del sistema educativo, como le correspondería a un Estado plurinacional y plurilingüe como el nuestro, aprovecha para recentralizar aún más el sistema educativo”.
- Concapa
“La propuesta no aborda algunos de los problemas que lastran hoy la Educación española, como la imposición ideológica (EpC, Educación sexual, etc.), la ausencia de un tratamiento adecuado para la clase de Religión o la necesidad de avanzar en la libre elección de centro y en la atención a la demanda real por parte de las familias, en lugar de subordinarlo a las administraciones”.
- CSI-F
“No podemos dejar de pensar que lo que demandaba la sociedad era un Bachillerato de tres años y lo que nos propone el texto no lo es”.
- Escuelas Católicas
“Valoramos de forma positiva algunos avances con respecto al anterior borrador, como los que se refieren a la extensión de medidas de mejora de la enseñanza concertada (Plan PROA), la constitución de la Mesa de la Enseñanza Concertada y la fecha para la creación de la comisión para el estudio de la cuantía de los módulos económicos de concierto”.
- CCOO
“Supone un avance sustancial porque recoge una importante financiación y una considerable mejora de las condiciones laborales relativas al futuro Estatuto Docente, Estatuto Universitario, homologación para los trabajadores de la privada concertada, mejoras en la autoridad del docente y la posibilidad de la prórroga de las jubilaciones anticipadas”.
- Cofapa
“El derecho y la libertad de escoger el tipo de Educación que queremos no está recogido, ya que sigue subordinado a la programación. De nuevo no se tiene en cuenta la demanda real de las familias. Más que ‘bien de interés público’, la Educación es un derecho fundamental”.
- Padres objetores a EpC
“No hay ni una sola mención al conflicto ocasionado por el Gobierno con las asignaturas de Educación para la Ciudadanía. Tampoco hay referencias al Título II de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que impone una Educación sexual abortista y de ideología de género en las aulas, desde los 11 años y con carácter obligatorio”.