El PP impide el Pacto político, pero aún se pueden alcanzar acuerdos sociales

Después de nueve meses de reuniones con el PP, el Pacto no ha sido posible. El principal partido de la oposición se niega a apoyar un documento que, a su juicio, “supone el blindaje del modelo educativo actual, que es el de la Logse, y que ha supuesto unos índices de fracaso escolar y de abandono prematuro que alcanzan el 30%”. Así lo afirmó el pasado jueves, tras su reunión con el ministro, la secretaria general del PP, Mª Dolores de Cospedal, que apareció en rueda de prensa en la sede del PP flanqueada por sus consejeros de Educación.

Cospedal volvió a incidir en que el rechazo del texto se debía a “la falta de libertad de elección y de un modelo educativo vertebrador de la cohesión nacional”, y dentro de estas exigencias, “la garantía de la enseñanza del castellano, de un currículum común en todas las comunidades, del mantenimiento de los cuerpos nacionales del profesorado y un sistema nacional y censal de evaluación”.

Queda claro que el PP no ha firmado el Pacto porque no contienen todas esas medidas “fundamentales”, pero sí que está dispuesto a apoyar las propuestas concretas que el ministro presente en las Cortes. Así lo puntualizó Cospedal: “si el ministro lleva al Congreso medidas concretas, el PP las apoyará para mejorar lo que tenemos”. El propio presidente del partido, Mariano Rajoy, indicó en una entrevista en Onda Cero que “es muy probable que el PP apoye muchas de las propuestas del ministro Gabilondo”.

Cospedal quiso también aclarar que en su decisión “no ha influido la coyuntura política, ya que el presidente de mi partido –Mariano Rajoy– propuso siete grandes pactos en su programa electoral, y uno de ellos era el de Educación”. Sorprendentemente, también afirmó que “el PP cree en la necesidad de un modelo pactado y buscaremos el consenso si llegamos al Gobierno”. Además, quiso reconocer la labor del ministro que, a su parecer, “ha llegado hasta donde él creía que podía llegar y ha hecho un esfuerzo importante, pero que tenía que haber ido encaminado hacia el cambio de modelo”.

El propio ministro, Ángel Gabilondo, lamentó ese mismo día que “los debates no hayan ido en dirección educativa, sino en otras, como la lengua y la vertebración del Estado”. Aunque Gabilondo anunció que va a poner en marcha los 12 objetivos del documento y que mantendrá la memoria económica de 1.570 millones de euros para los próximos tres años pero unida exclusivamente a las medidas que se lleven adelante. Si bien, reconoció que, “sin el PP, nos va a costar más, vamos a ir más lentos”.

También desde el Gobierno, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, recriminó a Cospedal su cambio de actitud “porque decía que se esforzaría en llegar al acuerdo”. Pajín recordó las “más de diez reuniones con el PP, a tres de las cuales asistió Cospedal”. Por ello, preguntó al PP “cuáles son exactamente las propuestas con las que dicen ser incapaces de llegar a un acuerdo”.

Pero el rechazo al Pacto no ha venido sólo por parte del PP. Los demás grupos políticos tampoco han dado su visto bueno. IU y ERC se oponen alegando que el documento no apuesta suficientemente por la escuela pública y hace demasiadas concesiones a la Concertada y a la Iglesia. El PNV se desmarcaba porque “sin el PP, el Pacto ya no tiene ningún sentido”. También BNG y UPyD se negaban a firmarlo.

Sin embargo, desde el punto de vista social, las principales organizaciones sí que se han mostrado dispuestas a suscribir el acuerdo. De hecho, la mayoría piensa que, aunque ya no sea posible un Pacto político, aún queda por delante alcanzar un Pacto social. Han sido las organizaciones situadas más a la izquierda las únicas que se han negado a rubricar el documento, sobre todo porque entienden que no apuesta por la escuela pública y la diluye en una única red de centros sostenidos con fondos públicos, permitiendo el avance de la privatización (es la opinión de STES o el Sindicato de Estudiantes, por ejemplo).

Incluso las principales asociaciones de padres, la laica Ceapa y la católica Concapa, están dispuestas a seguir negociando. De igual forma que las organizaciones más representativas de la Concertada (FERE, CECE, FSIE y USO) que, en un comunicado conjunto, consideran posible aprovechar el camino recorrido mediante acuerdos de mejora. Quieren también abordar la grave situación que, a su juicio, atraviesa la enseñanza concertada en Extremadura, Cantabria, Asturias, Baleares y Andalucía.

LAS REACCIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

• ANPE

ANPE propone que “se mantenga, entre otras medidas, la elaboración de un Estatuto Docente con una fecha de inicio del proceso cerrada a 1 de junio de 2010, el desarrollo de la carrera docente, la posibilidad de prorrogar la jubilación LOE al menos hasta la firma del Pacto de Toledo o la mención expresa al refuerzo de la autoridad moral, académica y profesional de los docentes”.

• FSIE

El sindicato reconoce que “el texto, en su conjunto, puede mejorar el sistema educativo en general y la situación de los trabajadores de la Concertada en particular”. FSIE, aunque discrepa con algunas cuestiones del texto, ha constatado que “ninguna de las medidas supone un perjuicio para el sector de la enseñanza concertada y sus profesionales en relación a la situación actual que tenemos”. El sindicato pretende poner en marcha la Mesa Sectorial de la Concertada y la Comisión para el estudio de las cuantías del Módulo de Conciertos.

• CSI-F

El sindicato espera que se de-sarrollen medidas como la exigencia del esfuerzo, la mejora de la FP, la introducción de itinerarios en 4º de la ESO, la negociación temporalizada del Estatuto Docente, la propuesta de alargar la jubilación LOE, así como el reconocimiento de la autoridad docente.

• STES

Para STES “con este Pacto, no se iba a corregir el gran deterioro de la escuela pública al que han llegado determinados partidos políticos y las correspondientes administraciones autonómicas que gobiernan”. STES denuncia que “una buena parte de los 1.570 millones de euros comprometidos por el Ministerio se hubiera destinado a las empresas privadas de los centros concertados para cumplir con los compromisos adquiridos en este Pacto”.

• FETE-UGT

Para UGT “el Pacto político y social no ha podido ser porque el PP, y otros partidos políticos, han priorizado las estrategias electorales por encima de mejorar la calidad y la estabilización legislativa”. El sindicato considera que “no es tiempo de lamentaciones. La Educación precisa apostar por el éxito escolar y por el reconocimiento del trabajo docente”.

• CCOO

CCOO no entiende la respuesta negativa del PP, que “ha participado de estas negociaciones conociendo las reglas del juego, como los demás. Y se supone que aceptaba una de estas reglas, si no la principal de ellas: el rechazo de posturas maximalistas. Porque estaba claro desde el principio que en el Pacto no era posible incluir los postulados exclusivos de cada partido, agente social u organización educativa”.

• CIG

Para este sindicato gallego “el Pacto fue concebido con el fin de sumar el apoyo del PP, renunciando así a cualquier acuerdo fundamentado en otros postulados ideológicos y educativos ideológicos y educativos encaminados a desmercantilizar la Educación, reducir los conciertos educativos y asumir el Estado plurinacional y plurilingüístico”.