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La libertad de enseñanza se convierte en la llave del Pacto

José Mª de MoyaMiércoles, 5 de mayo de 2010
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El Objetivo 7 del documento definitivo presentado por el Ministerio se ha convertido en el centro de la discordia. Es la llave del Pacto. Gabilondo lo sabía y ha hecho un alarde de ambigüedad semántica digna de ponerse como ejemplo en una Gramática española. El ministro sabía que la conciliación de los dos grandes derechos –el Derecho a la Educación y el derecho a la libertad de enseñanza– es el nudo gordiano en el que, desde hace décadas, nos venimos estrellando los de este país. Sabía que ahí se jugaba el Pacto y no se la ha querido jugar.

Es una cuestión de equilibrio y de sentido común. Como te la juegues, pierdes. Como perdió hace escasas semanas el profesor Peces Barba cuando le planteé maliciosamente el dilema Derecho a la Educación versus libertad de enseñanza. “Por supuesto, el Derecho a la Educación es más fundamental que el de la libertad de enseñanza”. Y por ahí siguió hasta admitir, sin complejos, que la enseñanza concertada no tiene la misma categoría moral que la pública: “la enseñanza pública es el género y la concertada, la especie”, sentenció.

Esto no son las cosas de Peces Barba –que también– sino el pensamiento de fondo que pervive en cierta casta ideológica del PSOE. Lo he contado otras veces. La actual portavoz de ese partido en el Congreso tiene publicado que el modelo en el que ellos creen es el que ofrece la escuela pública y que la concertada debe ir aflojando hasta desaparecer. Ella explica que la escuela concertada es coyuntural, resultado de una transición mal hecha, diríamos ahora. Otro ejemplo. Un representante sindical de la pública me decía que la única que forma ciudadanos es la pública. –¿Qué forman los Maristas? le pregunté –“Feligreses”. Hay otra casta ideológica que piensa lo contrario, que la gestión privada es la única capaz de ofrecer enseñanza de calidad. Y tampoco. Entre los diez centros de Castilla-La Mancha con mejores resultados en Selectividad, según el ranking que publicamos la semana pasada, siete son públicos.
¿Es tan difícil de entender que lo único que se pide es que la Administración tenga en cuenta el tipo de enseñanza que quieren las familias a la hora de abrir un centro público o uno concertado? ¿En lugar de que dependa de la ideología del consejero de turno?

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