Vía libre al uso moderado de la fuerza para los profesores británicos

Se acabó la máxima no tocar al niño en las aulas británicas. Sólo una poco probable marcha atrás del flamante ministro Michael Gove impedirá que los profesores del Reino Unido puedan recurrir al uso moderado de la fuerza para mantener en orden su territorio. Lanzada cuando aún gobernaban los laboristas, la medida ha despertado viejos fantasmas en un país donde el castigo corporal figuraba hace apenas 15 años en los estrictos códigos de disciplina de algunos colegios.

Nada hace suponer que Gran Bretaña aspire a desempolvar las varas con que fueron azotados millones de niños durante siglos, aunque muchos temen que las licencias concedidas a los docentes para lidiar con la crisis de indisciplina deriven en multitud de abusos y sólo sirvan para envenenar aún más el ambiente escolar. Si funciona, se habrá conseguido poner fin a la obsesión por erradicar el contacto físico en cualquier situación que ha sobrevolado las relaciones alumno-profesor en los últimos tiempos.

La orden enviada a los colegios cita dos objetivos para los que el uso “razonable” de la fuerza queda justificado: cuando hay que “controlar” a los alumnos (para que se mantengan en fila, para impedirles el paso, para conducirles a un lugar…) y cuando se trata de “contener”, de pasar a la acción porque el alumno hace caso omiso de lo que se le ordena (no deja de pelearse, continúa destrozando material…). Dos términos con alto riesgo de solaparse (¿qué sería bloquear pasivamente el paso a un alumno para que no agreda a otro?) que ya ponen de manifiesto las dificultades para regular con precisión y eficacia un asunto tan espinoso.

Quizá consciente de ello, el legislador incluye varios ejemplos que tratan de dibujar los límites más allá de los cuales el uso de la fuerza queda proscrito. Algunos son difíciles de objetar: parar peleas, impedir agresiones a uno mismo o a otros miembros del centro, proteger mobiliario o material, poner fin a una situación de riesgo creada por un alumno. Son todas situaciones en las que el sentido común dicta que se abra la mano a un cierto nivel de violencia por parte de los profesores.

Otros estarían lejos de recibir una aprobación unánime. No todos quieren que los profesores tengan plena libertad para expulsar a un alumno agarrándole del brazo si éste se niega a abandonar el aula. O que ese uso de la fuerza pueda servir para “evitar que un alumno altere seriamente el desarrollo de una clase” o cualquier otra actividad escolar.

Más preocupante se antoja otro pasaje en el que se intenta definir qué se entiende por “uso razonable de la fuerza”. Y es que todo depende “de las circunstancias particulares” de cada caso, por lo que la única forma de comprobar si la fuerza usada fue o no razonable pasa por medir (no sabemos cómo) si ha sido “proporcionada a las consecuencias que pretendía evitar. Esto significa que el nivel de fuerza utilizada debe ser el mínimo indispensable para conseguir el resultado deseado”. Una definición por necesidad ambigua que muy probablemente dará lugar a la polémica en su aplicación.

Registro de incidentes
A partir de ahora, todos los centros deberán llevar un registro que recoja cualquier incidente en el que un profesor se vea obligado a usar la fuerza. Por supuesto, los padres deberán estar al tanto de lo ocurrido lo antes posible. También se recomienda que padres y docentes decidan juntos la política de disciplina de su centro, y se anima a profesores y directivos a mejorar su formación en temas de conflictividad. Para los más escépticos respecto a las verdaderas intenciones del Gobierno, la norma asegura que “siempre es ilegal el uso de la fuerza como castigo”, ya que ambos conceptos unidos forman la ecuación “castigo corporal”.

Durante el proceso de discusión y aprobación de la nueva norma, el ministerio de Educación insistió en que se ha limitado a clarificar y recordar potestades ya existentes para enfrentarse a la conflictividad escolar. Según el anterior ministro, Ed Balls, la creencia de que hasta ahora no se podía tocar a los alumnos bajo ningún pretexto no era más que un “mito” por fin desterrado. “Queremos que los profesores dejen de tener miedo a utilizar los poderes que ya tenían. Me consta que muchos no lo hacen por miedo a las consecuencias”.

Al poco de sucederle en el cargo, Gove menospreció una de las últimas iniciativas educativas de los laboristas al considerar que “la reedición de normas ya existentes no va a resolver el problema”. No obstante, el ministro conservador dejó claro que no sólo no piensa restar poderes a los docentes británicos a la hora de atajar episodios de violencia, sino que tiene previsto otorgar otros nuevos para que puedan, por ejemplo, cachear a los alumnos con el fin de quitarles objetos peligrosos. Además, el nuevo gobierno pretende que no se publiquen los nombres de los profesores denunciados por alumnos hasta que no haya sentencia firme.

Sobre la posibilidad de adoptar medidas similares en nuestro país, el presidente del sindicato independiente ANPE, Nicolás Fernández Guisado, considera que un tema “tan peligroso” como la posibilidad de que los profesores puedan ejercer siquiera un mínimo de violencia no “debe legislarse” nunca por el riesgo de que al final “se tergiverse” el contenido de la norma. Desde ANPE llevan tiempo defendiendo que se considere al profesor autoridad pública, algo que colmaría las expectativas del sindicato: “no queremos el monopolio de la fuerza, para eso ya están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, afirma Guisado.

En la actualidad, los profesores españoles sólo pueden recurrir a la fuerza en defensa propia y para evitar un mal mayor. ¿Y para echar de clase a un alumno que se resiste? “Yo nunca lo haría ni recomendaría a nadie que lo hiciera”, responde Guisado. “Como abogado he visto de cerca casos similares y, por lo que consta en la jurisprudencia, el juez nunca daría la razón al profesor”.

Un magistrado del Juzgado de Menores de Córdoba sí lo hizo hace cuatro años. En su sentencia, el juez argumentó que “si el profesor expulsa al menor y éste no se marcha, la Ley posibilita que se ejecute la orden por la fuerza, empleando para ello la indispensable, como fue el caso”.

Estampida docente ante la violencia en las aulas

• La violencia escolar está expulsando de la profesión a un número creciente de docentes británicos. Según un reciente estudio de la Association of Teachers and Lecturers (ATL), más de la mitad de los profesores del Reino Unido conocen a ex compañeros que han abandonado la docencia debido al mal comportamiento de sus alumnos, y un 56% se ha planteado en algún momento dejar las aulas a la vista de la conflictividad que reinaba en su centro.

Además, un tercio afirmó haber sufrido “agresiones físicas” directas, mientras que el 61% declaró que sus pupilos les habían infligido violencia verbal. Uno de cada diez terminó con daños corporales de diversa consideración, mientras que el 33% desarrolló algún tipo de trastorno mental. Muchos docentes encuestados se quejan también de que no siempre reciben el apoyo adecuado de la dirección del centro cuando son víctimas de algún caso de violencia.

En otra encuesta de la ATL publicada el pasado marzo, un 48% de los profesores de Primaria describieron a sus alumnos como “físicamente violentos” y un cuarto declaró haber experimentado la violencia en sus propias carnes. Más de un 60% aseguró que la convivencia había empeorado en la enseñanza Primaria en los últimos seis años.

Para el sindicato ATL, uno de los más representativos en Gran Bretaña, la creciente falta de respeto de los alumnos hacia los profesores encuentra su origen en la ausencia “de control paterno” en el hogar. La ATL aboga por impartir clases de “paternidad” a los progenitores cuyos hijos causen problemas de disciplina grave y por excluir a los alumnos más disruptivos de las clases normales para evitar que su presencia reduzca las posibilidades de los demás estudiantes de atender a la explicación y aprender.

• Luis Carbonel

Presidente de Concapa
“Regular el uso de la fuerza es muy peligroso”
Para el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), mayoritaria en la escuela concertada, “ningún ámbito, pero muy en especial la escuela, debe ser lugar para plantear soluciones con violencia”. Carbonel apuesta por que “en casa y en el colegio se utilice siempre la razón”, aunque, sin estar a favor per se, tampoco se rasga las vestiduras ante el clásico cachete de un padre a un hijo. Ante estos temas, el presidente de los padres católicos considera que el “sentido común” es el mejor consejero.

Concapa justifica el uso de la fuerza dentro del aula sólo para “caso extremos”, en especial como último recurso de defensa propia. No obstante, su presidente se opone firmemente a que España regule tales supuestos, una opción “muy peligrosa y muy difícil”. Y añade que ni siquiera resulta necesario teniendo en cuenta que no es un asunto que preocupe demasiado a la comunidad educativa, ya que “afortunadamente no estamos en un país en el que sea habitual el maltrato de alumnos a profesores”.

• Pedro Rascón

Presidente de Ceapa
“En España se organizaría una tremenda”
El presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ceapa) entiende que “en ningún centro educativo se puede plantear el uso legítimo de la fuerza” ya que siempre deben primar valores como “la solidaridad” o “la tolerancia”. Además, Rascón teme que la normativa británica dé lugar a abusos: “¿Quién determina qué es un uso moderado de la fuerza? ¿O cuándo un alumno se está comportando de forma violenta?”. En caso de que se decidiera importar la medida a España, el presidente de la asociación de padres mayoritaria en la escuela pública pronostica que “se organizaría una tremenda”.

Sin embargo, el presidente de Ceapa justifica que los profesores “se defiendan de forma proporcionada” en caso de agresión por parte de un alumno, y afirma que “ningún juez va a considerar punible que un profesor utilice la fuerza necesaria para separar a dos alumnos”.

Rascón estima que “existen muchas leyendas urbanas sobre el tema de la violencia”, porque aunque es cierto que “hay casos”, no se puede hablar ni por asomo de una “situación generalizada”. Según los datos que maneja Ceapa, sólo un 3% de padres, profesores y alumnos han sufrido episodios violentos.