Los padres utilizan el chat y el móvil para desprestigiar a los docentes
“Siento impotencia, enfado y miedo. Unos alumnos irresponsables han puesto mi vida en juego. Yo tengo que desplazarme todos los días en coche desde el pueblo donde vivo hasta el colegio. Y ayer, desde lo alto de la pasarela, me lanzaron una piedra de considerables dimensiones que a punto estuvo de provocar un accidente de tráfico. Todavía no sé cómo pude controlar el coche”. Es el ejemplo de un profesor angustiado que acudió al servicio del Defensor del Profesor, puesto en marcha por el sindicato ANPE.
Se cumplen ahora cinco años de este servicio. Durante este tiempo ha recibido más de 14.000 llamadas y está ya implantado en todas las comunidades autónomas. En estos años, el dato más significativo tiene que ver con los conflictos de baja intensidad, que han ido mejorando sustancialmente. Si cuando comenzó el servicio un 60% de profesores llamaba para quejarse de la dificultad para impartir clase, en la actualidad ese porcentaje ha disminuido hasta un 28%. ANPE lo atribuye “a los decretos de convivencia que hemos puesto en marcha durante estos años y que poco a poco mejoran el clima de convivencia”.
Pero, por el contrario, se mantiene el porcentaje de llamadas de los casos más graves, el 2% que tiene que ver con las agresiones de los padres y el 9% de agresiones de alumnos. Además, repunta ligeramente otra tipología de consultas, las que tratan sobre acoso y amenazas de alumnos, que aumentan un 4% hasta situarse en el 22%, y el acoso y amenazas de los padres, que experimenta la misma subida hasta alcanzar el 24%. Según el presidente de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, en este último caso “están incluidas las amenazas que tienen que ver con el uso de nuevas tecnologías (móvil y web)”.
La coordinadora del Defensor del Profesor, Inmaculada Suárez, asegura que “algunos padres utilizan sus foros en internet y chats para acusar falsamente a los profesores, exagerar hechos, difamar, inventar actuaciones”. La intención, según Suárez, es “perjudicar al profesor que no acepta las directrices pedagógicas y organizativas que intentan implantar algunos padres en el centro”. De esta forma, “cuando el profesor conoce estas difamaciones, ya toda la comunidad educativa lo sabe y es muy difícil que no sufra consecuencias negativas de desprestigio respecto a su profesión”, manifiesta la coordinadora del Defensor del Profesor.
Fernández Guisado también apuntó que “un 7% de las llamadas que recibimos tienen que ver con presiones de los padres para que los profesores modifiquen las notas académicas de sus hijos”.
La ley madrileña de autoridad, un ejemplo a seguir
- En Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció el mes pasado una ley de convivencia. En Extremadura, la semana pasada se sentaron las bases de la nueva Ley de Educación y hay un compromiso explícito de desarrollar la Ley de Autoridad. También está el proyecto muy avanzado en La Rioja y Valencia. Todas las comunidades están teniendo en consideración el impulso de la autoridad. Pero es Madrid la que ya lo ha llevado a la práctica con la aprobación, el pasado 10 de junio, de la Ley de Autoridad.
- Según el presidente de ANPE Madrid, Francisco Melcón, “esta ley es preventiva y disuasoria para frenar aquellos casos de acoso y violencia más graves”. Esta normativa recoge dos aspectos importantes: la presunción de veracidad del profesor en informes y declaraciones y le otorga protección jurídica. La ley también incluye la obligación de los alumnos de reparar los daños causados y la obligada y necesaria colaboración de los padres.
- Para Inmaculada Suárez, “si se quiere que el profesor lleve a cabo una transmisión de conocimiento y valores, se necesita que el alumno lo perciba como una autoridad académica y moral”.