Muface podría desaparecer por falta de aportaciones del Estado

El colectivo de funcionarios, como es lógico, elige mayoritariamente sociedades privadas en un 84,5%, según datos de CSI-F. Este sindicato siempre ha defendido este sistema y ha vigilado su funcionamiento para que los funcionarios –también los docentes– tuvieran un servicio sanitario de calidad. Según datos del sindicato de funcionarios, “la posibilidad que tiene todo funcionario de cambiar de entidad una vez al año supone una competitividad entre aseguradoras y, al mismo tiempo un índice de fiabilidad ante el funcionario”. Curiosamente, de las tres entidades que subieron en afiliación en 2008, dos corresponden a las que ahora han abandonado el sistema, Caser y Mapfre. Al mismo tiempo ha aumentado el número de reclamaciones.

Las alarmas entre los funcionarios se activaron en diciembre del año pasado cuando tres importantes entidades aseguradoras –Mapfre, Caser y La Equitativa– anunciaron que no renovarían el concierto con Muface ya que perdían dinero. La razón es clara. Mientras que el Sistema Nacional de Salud recibe una aportación de 1.041 euros por persona y año, Muface recibe 688,8, un 34% menos. Si se incluye el gasto de farmacia, la cifra se eleva a 1.320 euros para la Seguridad Social y 908,80 para Muface. Es decir, un 32% menos para los funcionarios.

Sin embargo, el gasto medio en prestaciones asistenciales de las aseguradoras representa el 102,34% de lo percibido en la prima, según el estudio de ICEA de 2010. Esto explica la salida de estas importantes aseguradoras y el poco futuro de las que se han quedado. El problema va en aumento porque el diferencial de incremento entre la asignación a la Seguridad Social y al mutualismo va creciendo en detrimento de Muface, situándose en 2005 en un 0,83% y en 2007 en un 2,01%.

La consecuencia de todo esto es “la pérdida de calidad de la asistencia sanitaria a los funcionarios ante la pasividad total de los responsables políticos que hasta ahora se han limitado a negar la mayor, esperando que el servicio se deteriore y los funcionarios abandonen el sistema y se reintegren en el Régimen General de la Seguridad Social”, dicen los responsables sindicales de CSI-F.
Éste parece ser el destino de las mutualidades e incluso partidos como Izquierda Unida pidieron en mayo pasado en el Congreso de los Diputados la desaparición de Muface y el resto de mutualidades, amparándose en un “absurdo igualitarismo”, según CSI-F. Para el sindicato de funcionarios, IU se olvida que “lejos de ser un privilegio, la prestación del servicio está sujeta a un régimen de precios autorizados y a las condiciones que marca la Administración en el concierto que se renueva cada cierto tiempo”.

CSI-F inició el curso pasado una campaña de recogida de firmas en todos los sectores de la Función Pública para entregarlas al Gobierno antes de que se elaborasen los Presupuestos para 2011. Las demandas de CSI-F que finalmente no se han recogido en las cuentas del año próximo pretendían incrementar las aportaciones públicas a las mutualidades hasta reducir el diferencial de gasto con el Sistema Nacional de Salud hasta el 20 ó 25%. También reclamaban que se hiciera efectivo el acuerdo de los consejos generales de las mutualidades de reducir la aportación farmacéutica de los jubilados del 30 al 15%. Y, por último, que se constituyera un órgano mixto con presencia de la Administración, las entidades aseguradoras y los sindicatos para evaluar las necesidades, los nuevos tratamientos y fármacos, la tecnología, etc.

La desaparición de Muface repercutiría tanto en la asistencia sanitaria de los funcionarios como en el sistema de pensiones, que pasaría a depender de la Seguridad Social.

El temor de los sindicatos docentes

• Las Federaciones de Enseñanza de CCOO y de UGT de Andalucía reunieron a más de 800 delegados en todas las sedes provinciales de Muface el pasado 3 de noviembre, ante “los numerosos rumores que circulan por todo el país sobre la desaparición de este organismo”, señalaron desde FETE. Además de las concentraciones, se entregó un manifiesto firmado por las dos organizaciones sindicales en el que se exige que el Estado “asegure la financiación suficiente para mantener la mutualidad, ya que su desaparición repercutiría tanto en el sistema de pensiones de los funcionarios docentes como en la asistencia sanitaria que tienen en la actualidad, suponiendo el paso de todos ellos al sistema sanitario de la Seguridad Social”. CCOO y UGT informaron que la próxima negociación de la reforma de las pensiones, tal como marca el calendario de la mesa del Pacto de Toledo, o a través de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, puede llevar incorporada la eliminación de Muface, que además de recortar prestaciones al funcionariado docente y la posibilidad de la jubilación a los 60 años con 30 años de servicio, repercutiría en mayores cifras de paro entre el personal que trabaja en este organismo. Desde CCOO y UGT han exigido al Gobierno toda la información disponible y también su posición de cara a negociar cualquier cambio. Mientras tanto, seguirán con las movilizaciones los días 10 y 24 de noviembre.