El Congreso rechaza actualizar los derechos y deberes de los alumnos

Un nuevo Real Decreto que regule a nivel estatal los derechos y los deberes de los alumnos. Esta fue la iniciativa que defendió el portavoz de Educación del PP en el Congreso, Juan Antonio Gómez Trinidad, en el pleno del pasado 25 de enero, pero que sin embargo fue rechazada por el resto de grupos parlamentarios. El diputado popular cree que “es necesario actualizar la normativa en vigor sobre convivencia en los centros, que data del año 1995”, y que considera que “está ya obsoleta ante nuevos retos educativos como la inmigración, nuevos valores como la igualdad entre sexos y el respeto al medio ambiente, las nuevas tecnologías y las nuevas formas de relación y de acoso y violencia”.

Para Gómez Trinidad “uno de los factores que influyen en la calidad de la Educación es, sin duda, el clima escolar”, pero apunta que “la situación es muy grave sobre todo en los institutos, donde el desorden, la indisciplina y la insuficiente autoridad redundan en clases poco eficaces, profesores desmotivados e incluso algunos con temor”. El portavoz del PP hizo referencia a informes internacionales como el Mckinsey o el Talis, “donde se advierte que la mayoría de profesores pierde diez minutos al día en cada clase para implantar un poco de orden que permita enseñar con calidad”, así como a informes nacionales, como “el del Instituto de Estudios del Capital Social, que señala que los profesores pierden el 25% de la clase”.

Desde UPyD, su portavoz, Rosa Díez, presentó una enmienda añadiendo al texto la palabra “profesores”, aunque fue rechazada por el grupo popular. Según Díez, “la calidad del sistema educativo depende también de la calidad de sus profesores, ya que la mejora de la enseñanza y la ausencia de disciplina son incompatibles y por tanto se ven directamente afectados”. Para la diputada de UPyD “los derechos y los deberes de profesores y alumnos no son contrapuestos, sino realmente complementarios”.

Invasión de competencias
Sin embargo, el grueso de críticas hacia la iniciativa popular vino de parte de los grupos nacionalistas, que la tacharon de inmiscuirse en las competencias autonómicas. Para el portavoz del PNV, Esteban Bravo, “si a alguien compete desarrollar esa normativa –que, por cierto, ha sido establecida en la mayoría de las comunidades– es, precisamente, a los gobiernos autónomicos”. Bravo considera que “no se puede sacar aquí un Real Decreto del año 1995, cuando la Educación no estaba transferida a la mayoría de las comunidades”.

Gómez Trinidad, sin embargo, considera que “las competencias autonómicas no pueden excluir la responsabilidad que tiene el Ministerio para desarrollar esta normativa, ya que los derechos y deberes son algo esencial de los alumnos”. Prueba de ello, según el diputado popular, es que “el propio Ministerio no ha derogado el Real Decreto de 1995”.

Desde CiU, su portavoz en Educación, Mercè Pigem, se negó también a “apoyar una iniciativa que supone una clara invasión de las competencias autonómicas, así como un retroceso en la óptica de máxima descentralización [de los centros] que debe tenerse en cuenta para mejorar el clima escolar”. Pigem recordó que “la LOE recoge los derechos y deberes de los alumnos en el punto 3 de su disposición final primera”.

Medidas del Plan de Acción
César Luena, del PSOE, también entendió que “esta normativa no procede en el ámbito competencial” y aludió al Plan de Acción 2010-11 del Gobierno, que “va a impulsar la elaboración en todos los centros de planes de convivencia que tengan en cuenta la diversidad cultural e ideológica, la igualdad entre hombres y mujeres, la mediación y la resolución pacífica de conflictos”. El diputado socialista mencionó otras medidas del Plan, como “favorecer entre la comunidad educativa la formación en el ámbito de la resolución de conflictos; promover la creación de escuelas de padres y madres que colaboren con asociaciones para elaborar protocolos de actuación en distintos tipos de conflictos; y reforzar la autoridad social, académica y profesional del profesorado y de los equipos directivos”.

Gómez Trinidad asegura, por el contrario, que “nuestro sistema educativo ignora que existen transgresores, y cuando aparece alguno, el procedimiento es jugar a mayores; se ha judicializado tanto el proceso sancionador que es un auténtico calvario para los profesores, que tienen que hacer de instructores”. Asimismo, tachó nuestro sistema de “utópico” y puso como ejemplo que “la LOE recoja el derecho a la huelga de los alumnos mayores de 15 años”, lo que consideró “una auténtica barbaridad”.

HASTA 40 PUNTOS DE DIFERENCIA

• PISA 2009 construye un índice compuesto sobre el clima disciplinario en clase, a partir de las respuestas de los alumnos sobre la frecuencia con la que se producen interrupciones en las actividades relacionadas con el aprendizaje de la lectura. Éstas se producen porque los alumnos no pueden escuchar, por el desorden de la clase o porque el profesor tiene que esperar para poder desarrollar la actividad con absoluta normalidad.
• El índice de clima disciplinar está centrado en el valor medio OCDE, que se hace equivaler a cero. Los valores superiores a cero indican un clima de clase mejor que el de la media de la OCDE y más positivo cuanto mayor es el índice. Los valores del índice inferiores a cero indican lo contrario. Existe una relación entre el índice y los resultados, en el promedio de OCDE y también en el caso español.
• Por ejemplo, en rendimiento de lectura, las diferencias de puntuaciones de los alumnos que se sitúan en los cuartiles extremos, es decir, los correspondientes a las situaciones de menor y mayor disciplina en las aulas, es considerable (como se aprecia en el cuadro) tanto en la OCDE como en España. De hecho alcanzan 38 y 40 puntos respectivamente, prácticamente medio nivel de rendimiento en lectura.