El Gobierno pretende que los profesores se jubilen a los 67 años con 37 de servicios

El Gobierno propone eliminar la jubilación voluntaria actual a partir de los 60 años de manera progresiva desde enero de 2013 hasta 2021. En un documento enviado a los sindicatos, el Gobierno les ha planteado una propuesta de medidas armonizadoras del régimen de Clases Pasivas del Estado para empezar la negociación en la Mesa de Función Pública. La intención es adecuar el acuerdo sobre reforma de las pensiones del Régimen General de la Seguridad Social (RGSS) al Régimen de Clases Pasivas, es decir, a todos los funcionarios docentes y a la mayoría de funcionarios del Estado.

En esencia, el documento propone el alargamiento de la edad de jubilación de 65 a 67 años, cobrando el 100% de pensión con 37 años de servicio. De esta forma, la jubilación voluntaria actual, con 60 años y 30 de servicios, desaparece en el 2021 tras un periodo transitorio en el que se van adaptando los periodos de cotización de forma paulatina y se sustituye por dos modalidades.

Como explica STES, la primera de esas modalidades consiste en “poder jubilarse con 65 años, pero contando con 38 años y seis meses de cotización. La segunda supone que con 63 años, y acreditando 33 años de servicios, se podría acceder con una penalización de un coeficiente reductor del 1,875% por cada trimestre o fracción que el funcionario adelante de la edad de jubilación que le corresponda”. Esta penalización puede llegar al 30% aproximadamente.

De esta forma, a partir de 2021 todo el funcionariado se deberá jubilar a los 67 años si quiere mantener el 100% de la prestación por jubilación, momento en el que se aplicarán los coeficientes reductores mencionados anteriormente.

Para CSI-F “se pierde definitivamente la jubilación voluntaria a los 60 años y 30 de servicios, desaparece la jubilación LOE y la voluntaria pierde todo su sentido a partir del 2021 dado que la que ahora se establece podría llevar una penalización de hasta el 30%”. En definitiva, un documento que, según el sindicato, “no es más que una nueva vuelta de tuerca a los funcionarios sobre los que el Gobierno quiere cargar el peso de la crisis económica como si fuéramos los culpables de ella”.

STES advierte también de que “esta armonización que pretende el gobierno español es relativa, puesto que en ningún momento se habla de la jubilación parcial a la cual tienen derecho los trabajadores acogidos al Régimen General de la Seguridad Social. Tampoco se menciona la gratuidad de los medicamentos para el funcionariado jubilado, a la cual también tiene derecho el del RGSS”.

FETE-UGT también ha manifestado que “no admitirá ningún documento si no contempla el desarrollo de la jubilación anticipada que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) o el mantenimiento del sistema especial de Clases Pasivas, aspectos necesarios para poder negociar otras cuestiones de interés para el sector”. El sindicato no acepta que “se cambie de forma inmediata el sistema de Clases Pasivas, pretendiendo integrar el colectivo en el Régimen General sin existir ninguna negociación y sin que ello suponga un cambio progresivo comparable en el periodo que contempla el acuerdo social y económico”.

ANPE ha manifestado también que “se debe mantener para la función docente la edad de jubilación en los 65 años, pues no es una buena noticia que un profesor que ingrese hoy en la docencia tenga que permanecer durante más de 38 años desempeñando una tarea que requiere unas características determinadas de plenitud física y psíquica”. El sindicato recuerda que “en la actualidad, los profesores ya tenían establecida una prolongación voluntaria de la edad de jubilación hasta los 70 años, que podría mantenerse”.

FETE-UGT también reclama el mantenimiento de la jubilación anticipada voluntaria atendiendo a “las especiales circunstancias de la tarea docente, que junto con las responsabilidades de su función y los conflictos generados por la heterogeneidad del alumnado, exigen unas buenas condiciones psicofísicas”. Según un estudio realizado por esta organización sindical, “el 40% del profesorado sufre altos porcentajes de estrés, depresión, fatiga psíquica o el síndrome del quemado, muy superiores en cualquier caso a los otros sectores profesionales”.

LAS CLAVES DEL DOCUMENTO

• De los 65 a los 67 años

Se ampliaría la edad de jubilación de los 65 a los 67 años a través de un periodo transitorio amplio (14 años desde la entrada en vigor de la norma, al igual que en el RGSS).

• 38 años de servicio

Se regularía la posibilidad de acceder a la jubilación a partir de los 65 años de edad, si se acredita un periodo de servicios efectivos al Estado igual o superior a 38 años y 6 meses, sin coeficiente reductor.

• 33 años de servicio

Cabría anticipar la jubilación a partir de los 63 años de edad, si se acreditan 33 años de servicios efectivos al Estado, en este caso vinculada a la aplicación de un coeficiente reductor del 1,875% de la pensión por cada trimestre o fracción de trimestre que el funcionario adelante la edad de jubilación que corresponda. El importe de la pensión ha de resultar superior al 125% de la cuantía de la pensión mínima que correspondería percibir en función de su edad y situación familiar.

• Periodo transitorio

Se incluiría un período transitorio desde 2013 hasta 2021, en el que los funcionarios podrían acceder a la jubilación voluntaria sin coeficiente reductor.