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Una Ley de Igualdad de Trato contra la separación

Martes, 31 de mayo de 2011
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El Consejo de Ministros de 27 de mayo ha aprobado la remisión al Parlamento del proyecto de Ley de Igualdad y no Discriminación, conocida como Ley de Igualdad de Trato. “Esta ley es un misil en la línea de flotación de la escuela concertada”, según Ignacio Arsuega, de la plataforma Hazte oír. La ley excluye de cualquier forma de financiación pública a aquellos centros que no escolaricen alumnos de ambos sexos.

Según Arsuaga, es una ley “liberticida”, ya que “busca el fin de la iniciativa social en materia educativa y machaca la posibilidad de mayores opciones de elección de los padres en el ámbito educativo”.

Por otra parte, Hazte oír la considera también como una ley “igualitarista”, en el sentido de que “no busca la igualdad de oportunidades sino la uniformización y la eliminación de la pluralidad”, además de estar “basada en la presunción de culpabilidad”.

Por su parte, la CECE dice que “se trata de una ley arbitraria, que vulnera la normativa existente y no se ajusta a las directivas comunitarias”. Además considera “totalmente falso” que cuente con “un gran consenso social”, como ha dicho la ministra Leire Pajín. “El sector educativo rechaza de plano la ley y, por si eso fuera poco, tanto el Consejo de Estado como el Consejo del Poder Judicial y el Consejo Económico y Social han hecho muy fuertes y muy profundas objeciones”, señala CECE. El CGPJ proponía una modificación que garantizara en materia de conciertos la seguridad jurídica y la máxima efectividad de los derechos fundamentales.

La ley no se hace eco, por ejemplo, de la Directiva de Aplicación del Principio de Igualdad de Trato que excluye de su aplicación los medios de comunicación y la enseñanza, tanto pública como privada y exige que respeten otros derechos y libertades fundamentales como la protección de la intimidad, la vida familiar y la libertad religiosa. A CECE le preocupa también que se pretenda tramitar como ley ordinaria por procedimiento de urgencia, cuando afecta al derecho fundamental a la Educación.

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