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Rosa Díez: “La huelga refleja la falta de interés educativo de Madrid”

La diputada de UPyD también hace un llamamiento a los sindicatos para que replanteen su actuación, ya que considera que “la huelga no es la solución, pues los grandes perjudicados son los alumnos y los profesores”.
Adrián ArcosMiércoles, 28 de septiembre de 2011
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“Refleja soberbia y falta de interés por la Educación”. De esta forma calificó la candidata a la presidencia del Gobierno por UPyD, Rosa Díez, la actuación de la Comunidad de Madrid con respecto a la huelga y movilizaciones del profesorado. Lo hizo como invitada en los Desayunos Informativos que organizó ayer MAGISTERIO en el Centro de Innovación BBVA. Para Díez, “la forma en la que la Comunidad ha decidido cambiar el horario lectivo de los profesores, sorpresivamente, a la vuelta del verano, cuando ya se había realizado el pasado mes de marzo la planificación de los centros y no renovando el contrato a un gran número de interinos, pone de manifiesto el nulo interés de la Comunidad por la Educación de verdad”.

Sin embargo, la diputada de UPyD también hace un llamamiento a los sindicatos para que replanteen su actuación, ya que considera que “la huelga no es la solución, pues los grandes perjudicados son los alumnos y los profesores”. Díez cree que “Madrid tiene una gran capacidad de propaganda y de presencia mediática que se aseguran la transmisión de que la Educación madrileña está muy bien reconocida”, pero advierte a la vez de que “no hay ni un solo instituto público entre los diez mejores de la Comunidad”. Para ella, “esto significa que has fracasado, ya que supone que no cuidas lo tuyo, sobre lo que tienes competencias, lo que es de tu propiedad”, en clara referencia a la escuela pública.

La candidata de UPyD también señaló que “los problemas de la Educación no se resuelven con más dinero, por muy positivo que pueda resultar, sino que requieren un replanteamiento de dónde reside la competencia”. En ese sentido, UPyD defiende “la necesidad de un pacto educativo de Estado, que garantice la calidad y la permanencia de la norma, pero que también devuelva un papel protagonista a todos los actores de la Educación”. Sin embargo, para este partido político, “este objetivo se quiebra cuando descubrimos que ese pacto es imposible mientras que las competencias en materia educativa estén divididas en 17 comunidades autónomas, en 17 miniestados que tienen su propio proyecto y criterio en materia educativa”.

De hecho, Rosa Díez considera que “el Pacto Social por la Educación que intentó llevar a cabo el ministro Gabilondo estaba llamado al fracaso, ya que requiere un acuerdo de máximos y no de mínimos como estableció el ministro”. Díez se refería a la imposibilidad de conseguir un Pacto sin la representación de quienes ostentan la competencia educativa, es decir, de las 17 comunidades autónomas”.
“En Educación –a juicio de Díez– no estamos para poner tiritas, sino para convertirla en el instrumento más igualitario, cohesionador y justo que tiene un país para ofrecerlo al conjunto de ciudadanos, ya que es la herramienta de competitividad más fuerte”.

En cuanto a las propuestas educativas de UPyD de cara a las elecciones, el responsable de Educación del partido, Manuel Hernández, destacó, además de la devolución de las competencias, “el objetivo de conseguir un sistema público de enseñanza fuerte, que garantice la equidad, y una ley de financiación del sistema educativo”, de la cual dijo que “todos los partidos políticos votan cuando están en la oposición pero no cuando están en el gobierno”. Hernández volvió a manifestar que “el problema de la Educación no es la inversión, sino la defensa que se hace de la enseñanza pública y la necesidad de reformar el modelo comprensivo a ultranza que fue diseñado por la Logse y que nos ha llevado a los datos de abandono y fracaso actuales”. UPyD también propone “adelantar los PCPI a los 14 años, crear un Bachillerato más largo y empezado a edades más tempranas”.

Con respecto a la polémica sobre la inmersión lingüística en Cataluña, Díez lamentó que “por medio de un discurso identitario, sentimental y con apelaciones a la cultura, se vulnere el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir la lengua en la que quieren educar a sus hijos y relacionarse con la Administración”.

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