En España faltan evaluaciones censales y de la actividad docente, según los expertos
El periódico Magisterio organizó el 14 de diciembre en la Universidad Camilo José Cela (UCJC) una mesa redonda titulada “En busca de una nueva cultura de la evaluación”, dentro del ciclo de coloquios que está desarrollando bajo el lema “En busca de un nuevo paradigma educativo”. Los tres invitados pusieron de manifiesto la importancia de impulsar la evaluación en nuestro país para lograr la mejora de los resultados de los alumnos y de los centros y, en definitiva, el progreso del sistema educativo. La mesa fue moderada por el redactor jefe de Magisterio, Diego Francesch.
Ana Isabel Echevarría, presidenta de la Asociación Nacional de Inspectores de Educación (ANIE), criticó que “la evaluación en España se ha retrasado mucho, ya que hasta la LOCE no se hizo mención a las pruebas de diagnóstico”. Además, lamentó que “cuando finalmente se han iniciado estas pruebas con la LOE, se han abandonado otras evaluaciones imprescindibles para mejorar el sistema educativo, como las que se realizan al profesorado y las que se hacen directamente a los centros”. De hecho, mostró su disconformidad porque todos los resultados se midan exclusivamente a partir de las pruebas de diagnóstico.
Por su lado, Ismael Sanz, subdirector de Evaluación y Análisis de la Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza de la Consejería de Educación de Madrid, interpretó la importancia de la evaluación en que “los centros se van a tener que esforzar, ya que las familias van a poder ver los resultados comparados, y van a pedir cuentas al centro si hay una mala cualificación”. Él no cree que los malos resultados impliquen que la familia vaya a cambiar de colegio, pero sí se va a involucrar más en la vida del centro y va a pedir cuentas al director y al profesor”.
Por otra parte, Francisco López Rupérez, presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, se preguntó si las evaluaciones de diagnóstico son efectivas y sirven para corregir políticas y ayudar a los centros y a las familias. A su juicio, “hay un error de planteamiento en estas pruebas, ya que se basan en una evaluación muestral, es decir, hacen referencia a una parte de la población escolar, representativa en términos estadísticos, pero insuficiente”. Él considera que “puede ser válida, como sucede en el caso de PISA, cuando se trata de comparar países entre sí, pero no para desarrollar políticas educativas masivas”.
Además, Rupérez aseguró que “los resultados de PISA son indudablemente más valiosos que los de la Evaluación General de Diagnóstico, ya que esta última está contaminada con impedimentos de carácter político que plantea cada comunidad en la Conferencia Sectorial”. Para Rupérez, “una evaluación censal a nivel nacional ofrecería una base de datos completa con información sobre el rendimiento de alumno, del aula, del centro y de la comunidad autónoma”. Por eso apostó porque “todas las comunidades participen en PISA con muestra ampliada”.
Sobre la evaluación del profesorado, Rupérez apuntó que “el impacto de la calidad de los docentes sobre el rendimiento supone un 30% del total”. Aunque Echevarría recordó que “las dos únicas leyes que han hecho algo por la evaluación docente han sido la LOPEG (para acceder a cátedra y a la función directiva, así como para continuar en ella) y la LOCE (donde puede ser solicitada voluntariamente por el profesor), por lo que criticó que “en la LOE se hable de evaluación, pero de hecho no se evalúe”.
Para Ismael Sanz, “la evaluación bien utilizada no tiene por qué implicar castigo, sino que es un mecanismo que sirve para premiar a los buenos profesores”. Sin embargo, Rupérez advirtió de que “si solo introducimos políticas de evaluación docentes descontextualizadas tendremos resistencias, ya que los profesores y sus representantes sindicales la verán como una amenaza y no una oportunidad”. Por eso, él apuesta por “integrar este tipo de pruebas en las políticas globales de evaluación, como un elemento más, donde unas se apoyen a las otras”.