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Andalucía cree que sobre la reforma del Bachillerato penden "muchas dudas"

El consejero andaluz de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, considera que sobre la reforma para ampliar un año el Bachillerato "penden muchas dudas", y ha advertido de que los objetivos deben ser "medibles" porque "no basta con decir que hay que mejorar la calidad" educativa.
MagisnetLunes, 30 de enero de 2012
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De la Chica considera que hay que establecer los indicadores a corregir, como la tasa de fracaso escolar o el abandono prematuro, para que la reforma educativa sea "verdaderamente eficiente". En su opinión, la reforma para que el último curso de la ESO se convierta en el primero de un nuevo Bachillerato de tres años, con la idea de mantener la obligatoriedad hasta los 16 años, plantea "dudas significativas".

Se ha referido a aspectos como el siguiente: "Si vamos a mantener la Educación hasta los 16 años y la enseñanza Secundaria termina a los 15, cuando les demos un título a los 15 años y les obliguemos a hacer primero de Bachillerato, ¿qué título le vamos a dar? ¿uno que diga primero de Bachillerato?, ¿para el que no continúe en segundo y tercero qué valor tiene hacer primero de Bachillerato?", se ha preguntado. El consejero, que también ha advertido del impacto económico que puede tener la reforma, ha precisado que en Andalucía hay 350 centros cuya Educación concluye con la Secundaria Obligatoria.

Ha citado en concreto el incremento de profesores y la modificación de las infraestructuras que habría que hacer si hubiera que reformar 4º de ESO en esos centros andaluces para impartir primero de Bachillerato. "¿Y qué haríamos con los centros que no tienen 1º y 2º de Bachillerato en estos momentos?", se ha preguntado De la Chica, quien ha instado al Gobierno a que aclare esas cuestiones porque "no vale solo con legislar", sino que hay que ser "condescendientes con las obligaciones de las comunidades autónomas", que son las de disponer de los recursos necesarios. Por tanto ha pedido también al Gobierno que si la reforma va a suponer un aumento del coste económico, que aclare qué cantidad va a aportar al conjunto de las comunidades autónomas para afrontarlo.

Por otra parte, De la Chica ha reiterado que la Junta mantendrá la convocatoria pública de empleo docente para este año, tal y como estaba previsto, pese a las recomendaciones del Ministerio de congelarlas. El consejero ha confiado en que a finales de junio, una vez concluido el curso escolar, se celebren las oposiciones de profesores, y ha hecho un llamamiento al resto de comunidades autónomas para que también saquen plazas, aunque sean pocas.

La reforma que platea el PP se plantea sin que haya pasado un año de la última reforma de la Secundaria ni apenas se haya aplicado. El ministro José Ignacio Wert informará mañana al Congreso de los pasos de una nueva reforma, que supondrá que la ESO se reduzca un curso y el Bachillerato gane otro. Como la edad de escolarización obligatoria se mantendrá en los 16 años (edad mínima laboral), los alumnos no repetidores tendrían que optar a los 15 por cursar primero de Bachillerato o, implícitamente, de FP de Grado Medio, es decir, cuando terminen la nueva ESO, que pasaría de tener cuatro cursos a tres. Al menos es lo que podría deducirse del planteamiento que Wert hizo al término de la conferencia sectorial de Educación de la semana pasada.

De esta forma, en principio, el primer curso de Bachillerato y de la FP, según elija cada alumno, sería obligatorio y el resto de estos estudios se cursaría voluntariamente como Secundaria postobligatoria. Esta nueva estructura ha suscitado algunas incertidumbre en la comunidad educativa sobre la reorganización de los estudios desde los puntos de vista académico, docente y de instalaciones y servicios escolares, además de costes y financiación.

Está por ver cómo quedarían los programas de cualificación profesional inicial, para alumnos con dificultades, cuya edad de comienzo rebajó de 16 a 15 años la Ley Orgánica Complementaria de la de Economía Sostenible, aprobada el 8 de marzo de 2011 por las Cortes, cuando gobernaban los socialistas. Esta ley y los desarrollos normativos ministeriales posteriores, del 29 de julio, dotaron al último curso de la ESO de un carácter "orientador" hacia los estudios postobligatorios, con una serie de asignaturas optativas agrupadas en varias opciones. Las comunidades tendrían que implantar este modelo obligatoriamente el curso próximo, aunque podrían derogarse antes con vistas a la nueva reforma legislativa, que el Ejecutivo enviaría al Parlamento en el segundo semestre de este mismo año.

Aparte, las normas aprobadas en 2011 establecen una serie de "pasarelas" en la Secundaria postobligatoria que permiten transitar recíprocamente entre el Bachillerato (que ahora de dos cursos) y la FP Media y la Superior. Aparte, Wert se referirá, previsiblemente, a otros asuntos apuntados en el programa electoral del PP, como la "nueva modalidad" de FP para que los jóvenes tengan una primera experiencia laboral dentro del proceso formativo, la profesionalización de la dirección y gestión de los centros o la movilidad del profesorado en toda España como cuerpo nacional. Y también al reconocimiento por ley de la autoridad pública docente o la sustitución de la materia Educación para la Ciudadanía por una asignatura de valores constitucionales. La asociación de Profesionales por la Ética asegura que la semana pasada se enviaron a Wert 5.000 comunicaciones por correo electrónico para pedirle la "derogación urgente" de EpC y la "normalización académica retroactiva" de los "miles" de alumnos objetores, que han sido "injustamente suspendidos" por negarse a asistir a clase.

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