Los consejeros del PP prefieren esperar a 2013 y convocar una oferta más amplia

Mejor aplazar las oposiciones a 2013 y convocar entonces una oferta de plazas mucho más amplia. Fue una de las principales conclusiones a las que se llegó en la reunión celebrada el pasado miércoles entre el ministro, José Ignacio Wert, y los consejeros de Educación de las comunidades gobernadas por el PP. Después de la reunión, en un encuentro con la prensa, el ministro se mostró muy cauto: “El 10% de la tasa de reposición es potestativo y las comunidades pueden convocar o no, en función de su situación, de la tasa de interinidad que tengan y del número absoluto que suponga esa reposición”. Aunque afirmó que “en lo que hay un consenso absoluto es en el compromiso de que aquellas limitaciones producidas por las circunstancias financieras se compensarán tan pronto las circunstancias lo permitan, y desde luego en el curso próximo”.

Sin embargo, los consejeros se mostraron mucho más claros a la salida de la reunión. El conseller balear, Rafael Bosch, constató que “la intención del Gobierno es hacer un esfuerzo en 2013 para avanzar en una convocatoria más amplia de oposición y que abarque a todas las comunidades, lo cual también mejoraría las situaciones de interinidad”. El propio Bosch trasladó al ministro la necesidad de estabilizar el personal de las plantillas en Baleares, debido a los problemas de interinidad que padecen algunas zonas, sobre todo en el caso de las pitiusas”.

También el consejero murciano, Constantino Sotoca, aseguró tras la reunión que “todos los consejeros expresaron al ministro esa posición unánime de no convocar oposiciones en la enseñanza durante el presente año”. En declaraciones a La Verdad, Sotoca manifestó que “el consenso ha sido generalizado, motivado por la inquietud generada por los nuevos temarios, las modalidades de acceso y la situación económica, aunque la decisión final se adoptará en la Conferencia Sectorial que se celebrará el próximo día 27”.

Al igual que Wert, el representante murciano indicó que “tanto los consejeros populares como el ministro hemos coincidido en la necesidad de ser generosos con los próximos procesos, atendiendo a las demandas de los opositores que se encuentran en situación de espera”.

En declaraciones a MAGISTERIO, también la consejera aragonesa, Dolores Serrat, se mostró consciente de la necesidad de seguir aumentando el profesorado, pero indicó que “eso hay que acompasarlo con las posibilidades de coste y de diagnóstico, y desde luego, si no se puede avanzar en este año habrá que compensarlo el año que viene”. Hasta el momento de la reunión, sólo dos comunidades del PP se habían pronunciado con respecto a una posible oferta de plazas. Concretamente Cantabria, que barajaba ofertar entre 22 y 25 plazas, y Extremadura, que anunció una posible oferta pública de 45 o 50 plazas tras aplicar la nueva tasa de reposición.

La crítica por parte de las organizaciones sindicales no se ha hecho esperar. En una nota de prensa, CCOO teme por que la decisión de no convocar oposiciones se repita más años y provoque que miles de jóvenes recién titulados, después de muchos años de estudios y esfuerzos por parte de ellos y de sus familias, sean condenados irremisiblemente al paro, a la reconversión o al subempleo”.

Bachillerato de tres años
La reunión también sirvió para concretar la propuesta del Bachillerato de tres años. La mayoría de los consejeros se mostró de acuerdo en que esta nueva etapa comience en el actual 4º de ESO, lo que significa que a los 15 años los estudiantes tendrán ya que decantarse por estudiar FP o Bachillerato. De esta forma, una de las primeras iniciativas que pondrá en marcha el Gobierno será derogar los itinerarios que contemplaba la última reforma del 4º de ESO acometida por el anterior Gobierno socialista.

El consejero de Castilla y León, Juan José Mateos, mostró también su satisfacción por el encuentro e hizo hincapié en el acuerdo de que se ponga en marcha a nivel estatal la Ley de Autoridad del Profesorado.

POSIBLE CIERRE DE CENTROS CONCERTADOS

• Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña, tres autonomías en las que la enseñanza concertada vive una situación muy difícil. Como denuncia el sindicato FSIE, “acumulan varios meses de retraso en el pago del dinero correspondiente al gasto de funcionamiento”.
• Según FSIE, “este impago está ocasionando un grave perjuicio al personal de administración y servicios cuyo salario depende de esta partida económica”. Además, “los centros empiezan a no tener capacidad para seguir funcionando, por lo que su cierre podría producirse de forma inminente dejando a los alumnos sin clase y a los profesores sin empleo”.
• Ante este panorama, tras la reunión del pasado miércoles, el ministro aseguró que “existe una voluntad máxima entre los responsables de Educación de las comunidades gobernadas por el PP de conseguir los recursos financieros necesarios para solucionar cuanto antes los retrasos en el pago a los centros”.
• Pero para FSIE “la voluntad de conseguir recursos financieros para solucionar los pagos no es suficiente”. Según el sindicato, “lo que deben hacer las administraciones es cumplir con la obligación marcada en la ley de garantizar la gratuidad de la enseñanza a coste real en los centros concertados”.
• FSIE advierte de que “los recortes en sustituciones del profesorado se extienden por todas las comunidades. Prácticamente no se cubren más que las bajas por maternidad y las de especialistas y no se prevé el incremento de las plantillas, lo que obliga al profesorado a seguir teniendo una carga lectiva de 25 horas semanales”. El sindicato, además, alerta sobre la situación en varias regiones.
• Navarra ha recortado un 3,6% el presupuesto en la Concertada, que no afecta directamente al profesorado pero sí al funcionamiento de los centros.
• Extremadura prevé un recorte de más de 17 millones en sus Presupuestos.
• También en Galicia, según FSIE, la Xunta está incumpliendo los acuerdos suscritos con los sindicatos en materia de equiparación retributiva con los funcionarios docentes. Al igual que en Asturias y la Comunidad Valenciana, hay graves problemas para que la Administración abone a los docentes la paga extraordinaria por antigüedad reconocida en su convenio colectivo. También en Galicia se deben atrasos a los docentes desde 2008.
• Por último, FSIE denuncia la discriminación hacia la enseñanza concertada en el acceso a los programas como el bilingüismo o nuevas tecnologías, o en becas de comedor o transporte.