Dinero para la familia, pero con más información sobre el centro elegido
Buscar la eficiencia educativa en situaciones en las que puede fallar la inversión, como la que vivimos actualmente. Fue el objetivo de la mesa redonda titulada En busca de un nuevo modelo de financiación, que organizó el periódico MAGISTERIO el pasado 31 de enero en la Universidad Camilo José Cela (UCJC). Finalmente, los invitados, entre los que se encontraban responsables de patronales educativas de la Privada y la Concertada, defendieron sus propios modelos de financiación, entre los que destacaron el cheque escolar, la desgravación fiscal y la reforma del sistema de conciertos. La mesa fue moderada por el director de MAGISTERIO, José Mª de Moya.
El director general de la patronal de centros privados Acade, Javier Hernández, propuso el bono escolar como “el sistema que ofrece mayor libertad al ciudadano, el que asegura mayor igualdad de oportunidades –ya que cualquier familia, sin depender de la renta, puede llevar a sus hijos a un colegio al que antes no podía acceder– y el que más favorece la calidad –ya que es el que genera mayor competencia–”. Hernández consideró que “en la actualidad tenemos un sistema cautivo, ya que los padres llevan a sus hijos al centro educativo que les corresponde, no al que quieren”, por lo que apostó por el cheque escolar como el instrumento que “otorga más poder de elección al ciudadano”.
Sin embargo, Luis Centeno, responsable del Departamento Jurídico-económico de Escuelas Católicas y representante de la red concertada, advirtió de que “en la práctica, el cheque supondría menor capacidad de elección para las familias, ya que algunos colegios aprovecharían para cobrar cuotas más altas ofreciendo mayor calidad”. Por eso él se mostró partidario de “reformular el sistema de conciertos” y de “calcular definitivamente el coste exacto de la unidad escolar y así aplicar unos criterios económicos reales sobre el coste de esa enseñanza, ya que, de esta forma, la eficiencia del sistema público y el concertado brilla por su ausencia”.
Las objeciones al cheque continuaron de parte de Rosario Romera, profesora de la Universidad Carlos III, y de Fernando Fernández, presidente de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de Trabajo Asociado de Madrid (Ucetam).
Para Romera, “la aplicación del bono escolar está limitada por una serie de condicionantes reales, ya que las familias no acceden a información auténtica para elegir el centro que se ajusta a sus intereses; y también por los condicionantes de contorno, como los problemas de transporte y otras dificultades anejas al hecho escolar”.
El representante de Ucetam, por su parte, recordó que “el cheque es la fórmula financiera que cuenta con menos experiencia en la sociedad española, frente a los conciertos, que tienen un recorrido muy evaluable y mejorable, aunque tienen que ser revisados y actualizados”. Javier Hernández se defendió poniendo como ejemplo a Suecia, donde “todas las familias reciben la misma cantidad, con independencia de la renta, y por tanto pueden elegir con libertad, lo que obliga a centros públicos y privados a competir y mejorar el servicio”. De hecho, apuntó que “la Pública en Suecia mejoró gracias al sistema de competencia que se generó tras la introducción del cheque”.
Miguel Villarejo, director adjunto de la revista Actualidad Económica, recordó a Hernández que “el cheque funciona muy bien en Suecia porque hay mucha transparencia en la información y centros con una alta autonomía, lo que crea un círculo virtuoso que refuerza la elección de los padres”.
La desgravación fiscal
Por su parte, Gabriel Castellanos, director general del Colegio “San Patricio” y presidente de la patronal de colegios privados Cicae (Círculo de Calidad Educativa) defendió a los padres que quieren llevar a sus hijos a un centro privado, ya que “tienen de alguna manera que resarcirse, por lo que no vale la situación del concierto”. En este sentido, la fórmula de financiación deseada sería “reponer ese dinero de manera directa a las familias a través de la desgravación fiscal”, ya que, a su juicio, “es un procedimiento más sencillo y obligaría a todo el mundo a declarar”. Castellanos exigió a la vez que “los concertados sean entidades sin ánimo de lucro” y pidió “establecer por ley que todo lo que vayan consiguiendo lo reinviertan en la sociedad para continuar ofreciendo proyectos educativos magníficos”.
Luis Centeno consideró que la “desgravación es menos negativa que el cheque escolar, más rápida y más fácil de aplicar, aunque el inconveniente es que hay un sector de la población que no llega a los mínimos para realizar la declaración de la renta”. El representante de Escuelas Católicas apuntó que “los centros que acceden a financiación pública por medio de un régimen de conciertos tienen que cumplir unos mínimos y uno de ellos es que carezcan de carácter lucrativo”.
Para Centeno “la base está en la eficiencia, en cómo se gasta el dinero, y más gasto necesariamente no supone mayor calidad, porque, en este caso, los resultados de la Pública tendrían que ser mejores que los de otro tipo de enseñanza, y no es así”.