El Congreso apoya la reforma con dudas sobre el coste de aplicarla
La mayoría del Congreso respaldó el pasado 21 de febrero la propuesta de ampliar a tres años el Bachillerato y la FP de Grado Medio y de hacerlo a costa de reducir la ESO un año, según informa Magisnet. El pleno de la cámara debatió una proposición no de ley del PP en ese sentido, que fue respaldada además por UPyD, el Foro Asturias y UPN. La proposición no de ley defendida por el PP insta al Gobierno a implantar un modelo de Educación Secundaria “más flexible” y un Bachillerato de tres años, y a ofrecer vías formativas “de acuerdo con los intereses, motivaciones y progresos de los alumnos”.
La diputada popular Sandra Moneo aseguró que la reforma que el Gobierno ha puesto sobre la mesa está “muy meditada” y pretende “combatir las terribles cifras de fracaso escolar (del 30%) y de paro juvenil (de casi el 50%)”.
Moneo defendió la necesidad de acometer reformas educativas “desde la unidad, no desde la confrontación”, y argumentó que el actual Bachillerato es “uno de los más cortos de Europa y sin embargo uno de los que tiene una mayor carga lectiva, lo que impide a los alumnos asimilar los conocimientos necesarios para afrontar estudios superiores”.
No prosperaron las enmiendas del PSOE y de IU a favor de mantener la estructura actual del sistema educativo. El socialista Mario Bedera, exsecretario de Estado de Educación y FP, defendió la equidad del sistema educativo español, y denunció la “incongruencia” que supone empezar con 15 años un ciclo de Bachillerato del que sólo el primer curso será obligatorio.
Bedera se mostró seguro de que la “contrarreforma” que propone el Gobierno pretende concertar con colegios privados los tres años del Bachillerato, y de que esta “involución” conlleva un plan para desmontar el sistema educativo público. De “sorprendente y redundante” calificó María Caridad García (IU) la iniciativa del PP, por instar al Gobierno a hacer lo que ya ha dicho que va a hacer, y ha criticado la “manipulación ideológica” que el PP hace de los informes educativos y su intención de crear “itinerarios basura” para segregar a los alumnos.
Martí Barberá (CiU) opinó que las reformas planteadas por el Gobierno y el PP tienen “más inconvenientes que ventajas” y que llevarán “más inestabilidad y dudas” a la Educación, y Arantza Tapia (PNV) coincidió en que trasladará “incertidumbre” a las familias y en cuestionar la operatividad de los cambios, por prever poner fin a los 15 años a un ciclo –el de ESO– y estar obligando, sin embargo, a los alumnos a cursar uno más “que no les va a aportar nada”.
Nueva estructura
La nueva estructura de la Educación Secundaria que se plantea opta por organizar las enseñanzas en dos etapas de igual duración (3+3). Este modelo ya fue considerado como una opción idónea por una corriente del PSOE durante la preparación de la Logse, pero fue desechado por el entonces secretario de Estado de Universidades y Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba, adoptándose la configuración 4+2 que “ha resultado disfuncional para la Educación española”, según fuentes del Ministerio consultadas por MAGISTERIO.
El principal motivo para cambiar esta estructura es que provoca “unas cifras de abandono educativo temprano intolerables para una sociedad desarrollada como la española”, según el Ministerio. Además, el Bachillerato es demasiado corto e “incapaz de responder a las expectativas que las sociedades europeas tienen con respecto a esta etapa educativa”. Por otro lado, la Formación Profesional de Grado Medio no tiene el suficiente atractivo para los estudiantes ni para las familias.
La configuración 3+3 permitiría abordar, de un modo simultáneo, la solución de esos tres problemas. “Adelantar un año la bifurcación hacia el Bachillerato o la FP de Grado Medio aumenta la flexibilidad del conjunto, se adapta mejor a las capacidades e intereses de los alumnos y, junto con una Formación Profesional más atractiva, facilita su permanencia en el sistema reglado”. En segundo lugar, dotar al Bachillerato de una duración de tres años “permite recuperar el tiempo mínimo imprescindible para atender la naturaleza propia de esta etapa”. Y, tercero, se adopta “un modelo compuesto o integrado escuela-empresa conforme con las necesidades de cualificación que demanda el sistema productivo y nos homologa con los países europeos más avanzados”, señala el Ministerio.
El coste de la medida y los problemas organizativos, especialmente para los centros concertados que solo ofertan la actual ESO –ya que el Ministerio ha descartado la concertación de todo el Bachillerato– sería la principal de las objeciones. Pero el Ministerio cree que aunque las dificultades propias de toda reforma son importantes, a medio y largo plazo se lograrían los objetivos propuestos. A pesar de ello, el ministro señaló recientemente en una entrevista a RNE que “el Ministerio está estudiando cómo implantar las reformas de manera que el coste sea el mínimo posible, e incluso que ese coste sea cero”, en referencia a que no lo tuvieran que asumir las comunidades autónomas.
Se volverá a los PIP de la LOCE para graduarse
Una de las principales objeciones al cambio de estructura de la Secundaria y el mantenimiento de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años es que a los 15 años los alumnos tienen que decidir su itinerario. Además, no está claro qué tipo de certificación obtendrían quienes iniciasen el primer curso del nuevo Bachillerato o de la FP de Grado Medio y no continuasen adelante. Una de las soluciones es la recuperación de los Programas de Inserción Profesional (PIP) que el PP contemplaba en la LOCE. Los PCPI preveían la realización de módulos voluntarios una vez superados los obligatorios para quienes deseasen obtener el título de Graduado en ESO. Pues bien, el fracaso de los PCPI radica precisamente en la voluntariedad de estos módulos. En el caso de la Comunidad de Madrid, sólo un 19% de todos los alumnos de PCPI aprobaron en el último año estos módulos obligatorios. La LOCE preveía, en su artículo 27.5 que “la superación de un PIP dará derecho a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria”.
Continuidad de Primaria en el 1º curso de la ESO
Otra de las críticas a la reforma de la Secundaria es que no incide en el origen de los problemas de fracaso, que se producen en Infantil y Primaria. El Ministerio es consciente de ello y, aunque no ha concretado todavía cómo se va a plasmar la reforma, ya ha pensado en que los profesores de 1º de la ESO deberían “mantener el ambiente de la Primaria” para evitar una transición brusca de los alumnos en el cambio de etapa. Sobre los costes de implantación de la nueva estructura para los centros –especialmente los concertados– fuentes del Ministerio señalan que “hay que hacer una estimación no sólo de los costes directos sino también de los indirectos” y se descarta la posibilidad de concertar el Bachillerato, al menos mientras continúe la situación de crisis y de déficit de las comunidades autónomas. “Hay una disposición de hacer el menor daño posible a los centros concertados”, señalan desde el Ministerio, sin especificar todavía cómo se va a evitar este daño a los colegios.
La “alternativa” catalana
La consellera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, lanzó la semana pasada una alternativa a la propuesta de ampliar un año el Bachillerato, un curso que Rigau quiere situar al final de la ESO y que sirva de puente antes de que el alumno decida entre el Bachillerato o la Formación Profesional, informa Magisnet. “Creemos que es mejor que coincida con el final de una etapa con un título, con el carácter obligatorio y el carácter gratuito, porque romper eso es muy complicado". Además de las soluciones que esta propuesta puede ofrecer a la hora de encajar la medida en los centros concertados que no ofrecen el Bachillerato, Rigau aseguró que así se preserva la etapa obligatoria gratuita con una titulación, "y no volvemos a hacer cambios de sistema que a la larga conllevan unos procesos de acomodación tan largos que el objetivo que se busca tarda mucho en notarse".
En todo caso, la consellera pidió al ministro que explique "bien qué pretende con esto" y, una vez sepamos qué pretende, buscar una solución que no comporte modificación de edificios", una de las cuestiones que más preocupan a la consellera, sobre todo en un mapa educativo como el catalán con un gran papel de la escuela concertada.
Así las cosas, Rigau ha propuesto que "miremos si el último curso de la ESO lo podemos convertir en un curso orientador, en donde haya un itinerario más académico y otro más profesionalizador; nosotros estamos trabajando en esta iniciativa y la trasladaremos por escrito a Madrid".