El primer año de Bachillerato o FP tendrá carácter orientativo

“Algo hay que hacer, porque los resultados que produce este sistema no son los adecuados para una sociedad que ha aumentado tanto su inversión educativa durante los últimos 15 años”. Son palabras del director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio, Xavier Gisbert, que intervino el pasado miércoles en la mesa redonda sobre La reforma de la Secundaria organizada por MAGISTERIO en la Universidad Camilo José Cela (UCJC).
“Tenemos el Bachillerato más corto de Europa –prosiguió Gisbert–, sólo en Lituania, Malta y Escocia dura dos años, y aquí en España resulta que por culpa de la Selectividad se reduce a año y medio; además, los elaboradores de la PAU condicionan los contenidos del segundo curso, por lo que al final se queda en un año y medio cojo”. “¿Queremos seguir con un Bachillerato ridículamente más corto que los demás?”, se preguntó.

Por este motivo, Gisbert justificó un cambio de la estructura estableciendo dos bloques: “una Educación Secundaria general de tres años y un Bachillerato o un primer ciclo de Formación Profesional de otros tres años”. “El primer año del segundo bloque sería de orientación hacia el Bachillerato o la FP de Grado Medio, con una fuerte troncalidad común”. Además de estas dos posibilidades, a los 15 años los alumnos podrán seguir accediendo a los PCPI. “Está previsto que sigan empezando a los 15”, aseguró Gisbert.

Para el director general de Política Educativa Escolar de la Junta de Castilla y León, Fernando Sánchez-Pascuala, “se demuestra que la Secundaria actual no es útil, ya que debería servir para insertar a los alumnos en la vida académica y laboral, pero la realidad es que deja a más del 30% en la calle, segregándoles”.

Según Sánchez-Pascuala “si no se buscan medidas alternativas, esos jóvenes se convertirán en marginales, ya que de cara al futuro la UE nos dice que sólo el 10% va a tener empleo que no requiera cualificación”. También recordó que “el 40% de los alumnos de Bachillerato repite algún curso de este etapa”. “Es imposible que un porcentaje tan alto de alumnos no sea capaz de superar el Bachillerato; si esto se produce es porque está mal diseñado y excesivamente comprimido”, manifestó.

Aunque Sánchez-Pascuala añadió: “es normal que el Ministerio plantee esta reforma, aunque luego podemos hablar de si es necesario el título de la ESO”. De hecho, Xavier Gisbert sugirió su eliminación. “Es un tema en discusión, porque si nos comparamos con otros países de nuestro entorno, España es el único país en el que hay que obtener el Graduado en ESO”. Éste sería un punto de encuentro con la oposición, ya que el portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Mario Bedera, apostó también por su eliminación en la entrevista publicada en MAGISTERIO la pasada semana.

El secretario estatal de ANPE, Javier Carrascal, se mostró de acuerdo con el director general del Ministerio: “es conveniente un año más porque la organización actual de la PAU exige que en 2º de Bachillerato ya no exista práctica lectiva desde la segunda semana del mes de mayo y los profesores somos incapaces de impartir toda la programación establecida con un periodo de tiempo tan escaso”. Sin embargo, Carrascal llamó la atención sobre “el enorme coste que va a suponer esa ampliación de un año, porque habrá que modificar la estructura de todos los centros que actualmente están impartiendo Bachillerato”.

“El 3+3 es caro”
En referencia al posible coste, desde la Concertada, José Antonio Poveda, asesor jurídico de Escuelas Católicas, aprovechó para mostrar su descontento con el proyecto del Ministerio: “el cambio de estructura es caro y va a afectar a la enseñanza pública, ya que se va a producir un movimiento de alumnos desde la Privada a la Pública”. Concretamente estima que “van a ser 43.000 alumnos, ya que hay 1.600 centros privados de Primaria y Secundaria obligatoria”. Además, en su opinión, “aunque a esos centros se les permitiera impartir 1º de Bachillerato, este curso terminará desapareciendo porque los padres van a llevar a sus hijos donde puedan cursar el Bachillerato desde el principio”. Además, las unidades que se pierden en la enseñanza privada suponen, según asegura Poveda, “prescindir de 3.490 profesores con unas indemnizaciones de 278 millones de euros”.

Por eso, el asesor de Escuelas Católicas incidió en que “se pueden conseguir los objetivos de la reforma sin incidir en la estructura”. Y puso como ejemplo “la LOCE del PP, que intervenía en 3º de ESO con dos itinerarios marcados y en 4º con tres itinerarios, o la Ley de Economía Sostenible (LES) que implantaba las opciones en 4º de la ESO, y de esta forma se evitaría el trasiego de alumnos de un lado para otro y la necesidad de construir instalaciones nuevas en unos centros mientras que se vacían otros”.

Mariano del Castillo, director del Instituto de Técnicas Educativas de la CECE, consideró que “la enseñanza pública no tiene problemas, ya que no va a encontrar dificultades, pero no es el caso de la enseñanza privada, sobre todo los centros de una línea que no tienen Bachillerato”. Del Castillo apostó por hablar de la reforma educativa a nivel global que necesita este país, más que fijar la mirada en el 3 + 3”.

Por su parte, Bárbara Méndez, directora del IES “Profesor Máximo Trueba” de Boadilla del Monte (Madrid), afirmó que “3º de ESO es el peor curso y donde realmente fracasan, derivando a diversificación y a PCPI”. Méndez pidió “reconocer socialmente la FP, ya que todas las familias van a querer que sus hijos estudien Bachillerato”. En su opinión “si sólo hablamos de Bachillerato en el 3+3 es que queremos enfocar a todos nuestros alumnos a hacer esta etapa para que lleguen a la universidad”. “Es el error más grave cuando hablamos de la reforma que pretende el Ministerio”, concluyó.