Catalá: los ajustes son necesarios y no afectan a la calidad
La consellera de Educación, María José Catalá, ha afirmado que las nuevas medidas de ajustes anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy son "necesarias" y "no van a afectar a la calidad" de la Educación. Tras asegurador que existen unas iniciativas del Ministerio de Educación que "deben consensuarse con el resto de autonomías", ha recalcado que estas medidas "buscan la optimización y racionalización de los recursos existentes", por lo que "no van a afectar de ninguna manera a la calidad del servicio y de la Educación, ni a las familias ni a la atención sobre los alumnos". Por ello ha pedido tranquilidad, ya que las medidas "serán consensuadas, son necesarias y pondrán en valor la optimización de los recursos públicos", por lo que ha indicado: "no hay por qué asustarse ni hacer juicios sin conocerlas".
Sobre los posibles efectos de estos ajustes, la consellera ha asegurado que afectarán a "muchísimas cosas que no redunden sobre la atención que tenemos sobre el alumnado" y ha asegurado que se seguirán cubriendo las bajas y atendiendo a alumnado "con la legalidad en la mano y con la mejor atención educativa". Sobre las afirmaciones de los sindicatos que aseguran que como consecuencia del real decreto de ajustes de la Generalitat Valenciana "podrían ir a la calle 400 profesores en la provincia de Castellón", Catalá ha asegurado que el real decreto "no va a implicar despidos".
Tras recalcar que "el decreto está aprobado, tiene un plazo de dos años, y las medidas contempladas están en los términos en los que fueron aprobadas", ha asegurado que los "interinos que están trabajando y que serán despedidos a 30 de junio, volverán a ser contratados el 1 de septiembre en la misma cifra, para hacer frente a las necesidades educativas". "Los docentes que se encuentran en el sistema educativo no van a ser despedidos", ha insistido la consellera.
Preguntada por el plan de eliminación de aulas prefabricadas en la Comunitat, María José Catalá ha dicho que el Gobierno valenciano está planificando la eliminación progresiva de este tipo de instalaciones, una actuación que se "se intensificará" en los próximos meses.