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El CES pide que el decreto de los centros de FP incluya la memoria económica

El Consejo Económico y Social Vasco (CES) ha pedido que el decreto que regulará los centros de Formación Profesional lleve una memoria económica que incluya una cifra con la dotación económica para llevarlo a la práctica.
MagisnetMartes, 29 de mayo de 2012
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El CES ha emitido un dictamen sobre el proyecto de decreto que regula los centros integrados de Formación Profesional en el País Vasco, redactado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. El CES Vasco ha estimado que el proyecto de decreto presenta ciertos elementos que han de ser revisados. Por ejemplo, la regulación indica que los futuros centros "deberán disponer de los medios humanos y materiales suficientes" para hacer frente al conjunto de funciones que les corresponderá realizar.

Ante esta cuestión, el CES ha echado en falta una memoria económica en la que se recoja, "al menos de forma estimativa, la dotación económica para saber si estamos ante un decreto con un presupuesto suficiente". El texto también detalla el número de centros integrales existentes en la actualidad, aunque no se refiere a su futuro y a un posible aumento o reducción de los mismos. Por ello, el CES cree que debe delimitarse claramente el criterio a seguir a la hora de autorizar centros integrados. Además, en el punto relativo al Consejo Vasco de Formación Profesional su papel queda "desdibujado", a juicio del órgano consultivo.

En relación a la composición de los Consejos Sociales, el CES ha opinado que se debería mantener el criterio de paridad entre representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la CAPV y recuerda que en la CAPV existen cuatro sindicatos representativos (UGT, CCOO, ELA y LAB) y que los cuatro están legitimados para participar en los consejos sociales. En este sentido, ha estimado que deberían incorporarse al decreto mecanismos que permitan la participación efectiva de todas las organizaciones sindicales más representativas en los consejos sociales y garantizar de ese modo los derechos que la Ley de Libertad Sindical reconoce a estas organizaciones sindicales.

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