La zona única enfrenta las concepciones de libertad e igualdad

Después de muchos años con un sistema de escolarización basado en una zonificación y unos baremos estrictos, la Comunidad de Madrid ha roto el consenso y ha establecido una zona única cuyo objetivo es que cualquier padre pueda llevar a sus hijos al colegio que quiere sin importar el lugar en el que reside. Para el Gobierno de la Comunidad y los sectores más cercanos a la Concertada, este cambio supone una mayor libertad de elección para las familias, pero para la escuela pública, y para la izquierda en general, conlleva un menosprecio de la igualdad de oportunidades que garantiza la cohesión social. Esta diferencia de conceptos se puso de manifiesto el pasado día 24 en la mesa redonda sobre Libertad de elección de centro y modelos de escolarización organizada por MAGISTERIO en la Universidad Camilo José Cela (UCJC).

Alicia Delibes, viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, no cree que “hayamos roto ningún consenso, sino que sencillamente hemos revisado un baremo que estaba bastante desajustado a la demanda de las familias”. A ella le parece “injustificable dividir el mapa de la Comunidad en más de 100 zonas de escolarización diferentes, además de que se crean situaciones absurdas como que un señor, simplemente por estar a un lado de una línea, ya no puede elegir un colegio que quizá esté más cerca de su casa que el que le corresponde por zona”.

De esta forma, se eliminan las líneas de demarcación en todos los municipios –salvo en los 15 con mayor población donde se ha reducido el número de zonas–, se concede mayor puntuación a tener hermanos en el centro o a la condición de ser hijo o hermano de antiguo alumno, y se elimina el criterio de celiaquía al estar obligados ya todos los centros a ofrecer menús adaptados. La intención, según Delibes, es “dar mayor facilidad a los padres para elegir el colegio al que quieren llevar a sus hijos”.

Joan Curcó, director general de Fomento de Centros de Enseñanza, cree que “los cambios introducidos en Madrid son una manera razonable de actualizar una normativa que a veces no tenía mucho sentido, y además conducen a la coherencia interna del sistema, ya que sería contradictorio dotar a los centros de autonomía para que gestionen el 35% del currículum si luego las familias no pueden elegir esa pluralidad”. Según Curcó, “el padre que elige es mucho más fácil que después se implique en el centro y, por consiguiente, en la Educación de sus hijos”.

Sin embargo, Manuel Méndez, miembro de la Comisión de Escolarización de la Dirección de Área Territorial Oeste de FETE-UGT Madrid, incidió en que “hay una base legal previa que es la que marca la LOE, y que dice que las admistraciones educativas regularán la admisión de alumnos de los centros públicos y concertados de tal forma que se garanticen en primer lugar el derecho a la Educación, en segundo lugar el acceso en condiciones de igualdad, y en tercer lugar la libertad de elección de los padres, por tanto, la igualdad de oportunidades y la cohesión social están por delante de la libertad de elección”. Además, recordó que, “en el anterior sistema, el salario mínimo interprofesional –que afecta a la mayor parte de las familias– era uno de los ejes de garantía a la hora de calibrar las puntuaciones, y ahora es la renta mínima –que afecta a poco más de 5.000 familias–”.

El presidente de la Conpapa, Luis Carbonel, se mostró en desacuerdo con las declaraciones del representante de UGT y rechazó que se gradúe el derecho de los padres a elegir la enseñanza que quieren para sus hijos, ya que entiende que “ese derecho constitucional es tan importante como cualquier otro”.

Carbonel se opuso a que “por vivir en una determinada zona estés determinado a llevar a tus hijos a unos centros concretos”, ya que, a su juicio, “los padres son los que tienen preferencia para educar a sus hijos según sus convicciones y la escuela tiene que continuar la labor educativa de los padres en casa”. Por tanto, para que estas premisas puedan producirse, “tiene que haber coherencia entre el proyecto educativo del colegio y la forma de pensar de la familia”.

Igualdad de oportunidades
Para la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora de Eleduca, Bianca Thoilliez, “lo que este baremo garantiza es precisamente una mayor igualdad de oportunidades, ya que, con independencia del lugar de residencia, dos familias que viven en zonas distintas de la Comunidad de Madrid tienen la misma igualdad de oportunidades para elegir el centro que quieren para sus hijos”. Para Thoilliez “se trata de un avance democrático, ya que en la antigua zonificación era el Estado quien determinaba dónde, cómo y con quién escolarizar a los hijos, lo que suponía una usurpación del derecho de las familias”.

La viceconsejera también coincidió con la investigadora de Eleduca en que “si hay algo que favorezca la eliminación de la zonificación es, precisamente, la igualdad de oportunidades”. Delibes puso como ejemplo la marginación que produciría la supuesta construcción de un instituto de especialización deportiva en Alcorcón al que sólo pudieran asistir aquellas personas que vivieran cerca. Y además advirtió de que “se forman más guetos si se construyen colegios de barrio, ya que generalmente en un mismo barrio viven personas que tienen un nivel de renta parecido, por lo que va a haber muchísima más mezcla si no se restringe el área de elección”.

Pero el representante de UGT insistió en su preocupación por aquellos padres con menos recursos y mayores dificultades para conciliar su vida familiar que se vean obligados a buscar un colegio alejado de su domicilio porque se queden sin plaza en el centro más cercano como consecuencia de eliminar el criterio de la proximidad”. Delibes, sin embargo, criticó la “obsesión de la izquierda por empeñarse en hacerlo todo homogéneo, uniforme y parecido para eliminar cualquier posibilidad de envidia entre ciudadanos, con lo cual al final la libertad no tiene sentido, es una quimera”.